La discusión política actual es un fiel reflejo de nuestros tiempos. Acelerada, irreflexiva, indecisa. No hay tiempo que perder. Los análisis abundan en adjetivos compitiendo con los artículos rechazados.

Derrota monumental, multifactorial, transversal y patriota del texto, de la Convención, del Gobierno, de Boric, de la izquierda, de Apruebo Dignidad, de los comunistas, de las identidades ideológicas, etc. Los llamados a la reflexión y a la autocrítica chocan con el frenesí constituyente y la arrogancia intelectual.

Quienes aprobaron consideraron que existía al menos una razón que superaba los temores del Rechazo, y del mismo modo, quienes rechazaron, tuvieron al menos una razón que inclinó la balanza frente a los cantos de sirena del Apruebo. Colectivos identitarios y causas sociales ciudadanas intentaron arrastrar votos hacia cada opción considerando que su postura era decisiva para la urna.

Sin embargo, “no prendió”. Una Constitución “regionalista”, rechazada en todas las regiones; una Constitución “plurinacional”, rechazada en las comunas con mayor población mapuche; una Constitución “ecologista”, rechazada en Quinteros, Puchuncaví y Petorca; una Constitución “feminista”, que no convenció a las mujeres, el 51% del padrón electoral; una Constitución “garantista”, rechazada en 13 de 14 recintos penales; una Constitución “justa”, pero solo para las minorías beneficiadas, no para los chilenos.

Una Constitución que le dio la espalda a la tradición jurídico constitucional de Chile; que renegó de su historia e identidad cristiana; que eligió el autoritarismo y no la autoridad; que privilegió la ideología y las pasiones y no la razón.

Sin duda, hubo elementos que por su aparición en los medios públicos quizás fueron más decisivos, como la consagración del aborto como un derecho fundamental y sin límites constitucionales; la hipersexualización de los niños a través de una educación sexual integral controlada por el Estado y la ausencia total del derecho de los padres a decidir; un Estado Laico que aparentemente protegía la libertad religiosa, pero obligaba en la práctica a las confesiones religiosas a subordinarse a la nueva religión estatal, un híbrido entre un autonomismo pseudodivino y un colectivismo soviético.

Chile eligió proteger a los más desprotegidos de los indefensos, esos que no han nacido; a que no se instale en la familia la sospecha de la desconfianza y el conflicto entre padres e hijos; a una institucionalidad que busque el bien común y no una con funciones distorsionadas.

No se trata simplemente de rechazar la “forma” del desarrollo del trabajo, sino de rechazar un modelo de sociedad ajeno a la realidad chilena. Sin embargo, hubo muchos elementos que no salieron a la discusión pública (cuestión evidente atendido el maximalismo constitucional), y respecto a los cuáles no existió una discusión sobre su idoneidad. Así ocurrió con la eutanasia y el derecho a la autonomía.

Solo una adecuada comprensión de los conceptos de norma y derecho, y no su exposición pública o la ausencia de ella, permitirá dar cuenta del incumplimiento del mandato de la Convención, pues, ante tan abrumador resultado, difícilmente puede sostenerse que se plebiscitó una propuesta de Constitución. En ese error reside la intención refundacional de los convencionales.

La manipulación del derecho, es decir, la búsqueda de adecuar la realidad a la norma jurídica -y no la regulación racional del orden de las cosas- mediante una Constitución partisana no debe considerarse una novedad, sino el reflejo y alarma del deterioro que progresivamente se ha instalado en las leyes chilenas. Mucho de lo que se propuso, discutió y aprobó en la Convención no fue creatio ex nihilo, sino que surgió y maduró fruto del constante activismo judicial, del trabajo universitario de profesores constitucionalistas y de la degradación de la discusión legislativa.

La pérdida de la dimensión trascendente del ser humano, origen de la crisis que vivimos, provoca que este sea la medida y principio de la realidad, y la crisis de la autoridad, originada en el debilitamiento de la familia y del deber y rol conductor que solo los padres tienen respecto de sus hijos (como encargados de criarlos y educarlos en la virtud, principal garantía de tener ciudadanos responsables y solidarios), son de una magnitud y alcance tan profundo que ninguna norma contraria a la naturaleza humana, sea cual sea su rango, podrá remediarla. Si no se construye sobre piedra, la casa se derrumba.

*Roberto Astaburuaga – Abogado Comunidad y Justicia

Roberto Astaburuaga

Abogado de Comunidad y Justicia

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