Así como fue súbita y repentina la llegada de una nueva generación a La Moneda, la gestión del Gobierno de Boric tiene viento en contra. Se multiplican los desafíos que debe enfrentar. Dada la situación que vivió el país en los dos últimos años de Sebastián Piñera, era previsible que el ambiente sería enrarecido. Pero no ha tenido respiro.

La guerra de Rusia y Ucrania ha venido a tensionar el cuadro internacional, debilitar las cadenas de suministro y provocar un alza inflacionaria de precios de bienes imprescindibles, lo que repercute fuertemente en una economía abierta como la nuestra. Según la Cepal el impacto social en América Latina será fuerte, lo que contribuirá a la polarización, las migraciones y la inestabilidad.

Volviendo a Chile veamos los principales problemas que el Gobierno tiene hoy por delante.

En primer lugar, reactivar la economía, crear empleo y controlar la inflación en un cuadro internacional adverso. La subida de tasas del Banco Central conspira contra el crecimiento, que se prevé débil, mientras la inflación persiste. Difícil para el ministro Marcel llevar a cabo la reforma tributaria y la de pensiones, que pueden desincentivar más la inversión privada y presionar por mayor gasto fiscal, pero que resultan indispensables para cumplir el plan de Gobierno y responder a las demandas sociales que se expresaron el estallido social.

El proceso constituyente, si bien a juicio de los principales bancos extranjeros y agencias calificadoras de riesgo, no trae consigo ningún elemento disruptivo, esos mismos actores reconocen que introduce factores de incertidumbre en la minería, en las concesiones y en la gestión del agua. La inversión se puede seguir contrayendo y dólar escalando.

La sequía sigue su curso inexorable. El agua se ha vuelto un bien cada vez más escaso y apreciado. El Ministerio de OO.PP. ha anunciado drásticas medidas de control del uso ilegal e, incluso, no ético del agua. Los expertos indican que la solución de fondo debiera ir por fuertes inversiones en plantas desalinizadoras. Pero ello supone decisiones de inversión que en el cuadro actual pueden retrasarse.

El Gobierno tiene un fuerte compromiso con el cuidado de la naturaleza y la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, es probable que el encarecimiento del precio del petróleo afecte el calendario de cierre de las centrales a carbón. Además, el manejo de las zonas de sacrificio trae fuertes conflictos, como se ha visto con el cierre de la Fundición de Codelco en Ventanas.

La crisis en La Araucanía es creciente. El desgajamiento de grupos armados de la CAM ha multiplicado las acciones violentas sin un propósito político claro. Contra su deseo el Gobierno ha tenido que renovar el estado de emergencia, que si bien trae consigo una disminución de los atentados, no se encamina hacia una solución de fondo.

El Plan Buen Vivir -con sus 400 mil millones de inversión pública- está bien diseñado, pero su anuncio y puesta en marcha no han tenido la importancia política que ameritaban. A ello se suma que entre los dirigentes sociales y políticos del país no existe todavía un consenso suficiente sobre la mejor forma para enfrentar las demandas mapuches, especialmente en lo referente a hacer efectivos sus títulos de dominio sobre las tierras que les fueron arrebatadas. El aparato institucional del Estado para realizar el plan sigue siendo el mismo, aunque se sume el Ministerio de Bienes Nacionales, mientras todavía no se pone urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y reestructura la Conadi.

Por otra parte, es evidente que la delincuencia y el crimen organizado, incluso transnacional, siguen por sus fueros en las grandes ciudades y en la macrozona sur. La situación que vive Carabineros y su necesaria reforma no contribuye a contar con un cuerpo policial profesional y plenamente entregado a una tarea difícil donde sus miembros muchas veces arriesgan su vida. No se advierte que la Unidad de Análisis Financiero tenga un papel decisivo en cortar los flujos de recursos que alimentan el narcotráfico. La decisión de retirar las armas en poder de civiles es acertada, pero de difícil implementación cuando la población se siente amenazada y Carabineros es juez y parte.

El flujo migratorio ilegal sigue su curso. No es fácil de detener ni de controlar. Las oleadas migratorias presionan a los servicios del Estado que entregan prestaciones en educación, salud y vivienda, lo que provoca malestar en algunos sectores de la población. No tanto por racismo, sino porque ven un incremento de la demanda insatisfecha en materias importantes de la vida cotidiana personal y familiar.

En materia política, el Gobierno se inicio sin contar con mayoría en ambas ramas del Congreso. El problema persistió pese al apoyo de los partidos del socialismo democrático. La coalición Apruebo Dignidad ha mostrado sucesivas tensiones frente a decisiones gubernamentales, como el rechazo a un quinto retiro de fondos de las AFP o la declaración de estado de emergencia. Más allá de ciertos incidentes comunicacionales, el Gobierno aparece cohesionado, pero no cuenta con un respaldo político mayoritario igualmente coherente.

Esta situación se advierte también en el hecho que la campaña por el “Apruebo” en el plebiscito no tenga un comando único, si bien las dos coaliciones gobernantes se han comprometido a coordinar los mensajes. El desarrollo de la Convención Constitucional ha sido una vitrina de la dispersión de esas fuerzas, que en múltiples ocasiones han votado enfrentadas.

Cualquiera que sea el resultado del plebiscito -que se prevé estrecho- el Gobierno tendrá que definir una hoja de ruta para buscar un camino de cambio constitucional en caso de triunfo del Rechazo o bien para lograr una implementación de la Constitución en un Parlamento mitad adverso, que debe dictar las casi 70 leyes para que la parte institucional de la Constitución pueda entrar en vigor.

Si el Gobierno tiene éxito en el plebiscito, tendrá que terminar su período bajo la vigencia de dos constituciones: la nueva en la parte que se aplica de inmediato (principalmente el sector normativo y de principios) y la actual que seguirá rigiendo el funcionamiento institucional del Estado. Esta situación de transición puede incluso proyectarse al futuro Gobierno. 

Nos acercamos a una encrucijada en que la bifurcación del camino no augura, en ningún caso, un tránsito fácil cualquiera que sea el resultado del plebiscito. Dependerá principalmente de la capacidad de gestión política del Presidente Boric y su equipo.

Pero ojo, que en política los vientos pueden cambiar…

*José Antonio Viera-Gallo es abogado y ex ministro.

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