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Publicado el 02 de julio, 2019

Víctor Manuel Avilés: ¿Niños versus padres?

El proyecto sobre la autonomía progresiva de los niños tiene un gran problema, pues en vez de señalar que es deber del Estado el apoyar a las familias en el reconocimiento progresivo de los derechos del niño, señala que es deber del Estado resguardarla.

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Por estos días han generado alguna discusión, quizá mucho menos de lo que debería, dos proyectos de reforma constitucional fusionados que serán votados en la Cámara de Diputados. La Comisión respectiva recomendó en su informe que se aprobaran. Ellos señalan que es deber del Estado resguardar la autonomía progresiva de los niños. La pregunta es: ¿resguardar frente a quién?

Reconocer expresamente los derechos del niño en la Constitución es una buena idea; indicar que el Estado debe promover dichos derechos, también, sólo en la medida que se reconozca que quienes tienen el derecho y deber principal de reconocer la autonomía progresiva de los menores son sus padres.

El proyecto en discusión tiene un gran problema, pues en vez de señalar que es deber del Estado el apoyar a las familias en el reconocimiento progresivo de los derechos del niño, señala que es deber del Estado resguardarla. Como naturalmente son las familias las que van “soltando la mano” a los menores, conforme su mayor desarrollo moral, psíquico y físico, la contraparte natural de este deber del Estado son los padres. Este enfoque es un despropósito pues son las familias las que tienen mayor y mejor conocimiento de la realidad de los niños y las que deben hacerse responsables. Por cierto, el Estado tiene un rol correctivo en casos que puedan constituir delitos o atentados contra los derechos del niño y un rol de promotor de estos derechos, pero jamás puede establecerse la regla como contraparte de las familias.

Por eso, lo más razonable sería reconocer los derechos del niño en la Constitución y señalar que será deber del Estado el promover el respeto de los mismos, reconociendo siempre la legítima capacidad de decidir de las familias sobre cómo cumplir este mandato, conforme el principio de la autonomía progresiva. Aún más, se debería consagrar el deber del Estado de apoyar a las familias en esta labor. La familia no resiste más ataques ni a un Estado mediador en el supuesto conflicto de padres e hijos que, por el camino propuesto, se intentar potenciar. Así las cosas, el proyecto podría ser contrario a la Convención de los Derechos del Niño, pues esta última sí reconoce este derecho y deber de los padres.

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