En 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, lo hizo en su más histriónico estilo. Con una mano sobre el texto, juró el cargo “por esta moribunda Constitución”.

Tuvo un gran éxito antidemocrático, pues no sólo hizo una Constitución a su pinta. Las nuevas normas le permitieron acumular todo el poder y lo legitimaron como el más notable de los dictadores elegidos y reelegidos de la región. Incluso pudo designar a dedo a su sucesor.

Fidel Castro debió mirarlo con alguna envidia. Ni en su más gloriosa época de guerrillero triunfante osó someterse a una elección popular.

 Nación chilena residual

En lo que fuera Santiago de Nueva Extremadura, a pocas cuadras del cerro Huelén, un centenar de convencionales de pueblos originarios, de la izquierda radical y de independientes afines, está liderando la propuesta de una nueva Constitución Política para Chile. 

Desde la Comisión sobre Principios Constitucionales, ya aprobaron su artículo primero que -entre otras características- define al Estado como “plurinacional”. De manera tácita, pero coherente, desaparece el calificativo “unitario” del artículo tercero de la Constitución vigente.  

En lo literal, esto implica convertir en naciones estatales a una decena de comunidades y pueblos originarios, precolombinos o poscolombinos, que configuran un 12,8% de la población. En lo motivacional, es un marco general para el postergado reconocimiento al combativo pueblo mapuche, cuya densidad demográfica es de un 10%. 

Debido a esa implicancia vernacular, la importancia estratégica de la plurinacionalidad pasó inadvertida. Pocos pensaron que convierte a la chilena en una nación residual ni que, en términos geopolíticos, debilita al Estado histórico. Por default, muchos la identificaron con la interculturalidad o con un mixto de descentralización con autodeterminación territorial. Los más prolijos detectaron otras normas aprobadas  que garantizan la integridad territorial de Chile. Sólo unos ancianos lectores de Lenin sabían que éste llamaba “Estados abigarrados” a los que contenían varias naciones y definía la autodeterminación como su derecho a la separación, para formar Estados nacionales independientes.

En ese vacío cultural-conceptual-informativo, la crítica ciudadana se concentró en las otras innovaciones polémicas del borrador o en sus notorios déficit de técnica jurídica. 

Vuelta a la Colonia

Pero, como no hay distracción que dure cien años y algunas advertencias razonables permearon la opinión pública, hoy el interrogante estratégico apunta, precisamente, a la plurinacionalidad. Y sucede que no hay quien responda. 

Para algunos su presencia es inocua, dado que el proyecto constitucional contiene normas que garantizan la indivisibilidad del territorio. Otros, asumiendo que hay distintas formas de entenderla, se remiten a las injusticias cometidas contra “las naciones originarias existentes en su hábitat natural”. Ni siquiera los convencionales más ilustrados pueden explicarla. En subsidio, aluden a la necesidad de “refundar” Chile. Uno optó por sincerarse: “es un concepto en construcción”, dijo. 

Por lo señalado, hasta podría pensarse en una distopía contrafactual: si el Estado republicano unitario maltrató al pueblo mapuche, habría que refundar Chile, redescolonizarlo con equidad y reconocer a ese pueblo como nación privilegiada de un Estado nuevo.   

El viejo excepcionalismo

Es posible que esa vuelta de la Historia a fojas cero esté en la mente de algunos convencionales. Pero, asumirla en serio sería algo más que una irracionalidad. De partida, porque está claro que el borrador constitucional no se agota en una retardada justicia para poco más de un 12% de la población. 

Creo (es mi opinión) que el sesgo indigenista del Estado plurinacional apunta a un fin más ambicioso y casi diría escatológico, si esta palabra fuera más comprensible. Dicho en síntesis, para que una izquierda novedosa y juvenil asigne a una fuerza social significativa y con tradición de combate, la misión de vanguardizar una alianza política que construya un Estado nuevo para  todos. Incluso para los chilenos  del 78%. 

La pregunta de rigor, entonces, es qué tipo de Estado será ese. Y la respuesta aproximada -derivada de otras normas ya aprobadas- muestra un Estado socialcomunitario o socialista a secas, con gran porosidad fronteriza, comprometido a proveer a sus nacionales variopintos todos los bienes y servicios necesarios para “el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”. 

En otras palabras, en Chile estaría perfilándose una segunda nueva manera de hacer la revolución social, que deja atrás la inédita vía transicional liderada por Salvador Allende, critica duramente lo obrado por los gobiernos centroizquierdistas de la Concertación y soslaya los fracasos socioeconómicos de castristas y bolivarianos.

El detalle prosaico es que, a contrapelo de nuestra alta vocación excepcionalista, esto que nos está sucediendo tiene precedentes que es necesario considerar.

América Latina plurinacional

Tras el fin de la guerra fría y con el desprestigio ecuménico de los políticos, la fórmula chavista se normalizó en las izquierdas duras de la longitudinal andina. Hoy induce a surfear sobre las calamidades nacionales, negar el libre debate democrático, imponer un cambio de Constitución y concebirla como el equivalente a un programa político de alta densidad ideológica.

Quien llegó más lejos por esa vía fue el expresidente boliviano Evo Morales, devoto admirador de Castro y Chávez. Su Constitución de 2009 se llenó de alegorías andinas y derechos sin deberes, muy funcionales para su reelección indefinida. Además, desconoció unilateralmente tratados internacionales y, con base en el 60% o más de pueblos originarios, cambió la definición del Estado de Bolivia. Aunque conservó el calificativo “unitario”, éste hoy es un Estado plurinacional. 

Alvaro García Linera, ideólogo y exvicepresidente de Morales, ha explicado que ese nuevo Estado es el instrumento necesario para romper con el “neoliberalismo” y reivindicar el socialismo, con los indígenas como “fuerza motriz”. También reconoce que el parto fue difícil y que “ninguna Constitución fue de consenso”. 

Los porfiados hechos dicen que la nueva Constitución no trajo la felicidad de todos los bolivianos y que Morales debió abandonar la Presidencia en modo traumático. Sin embargo, él no ha abandonado su ambición de líder permanente, sólo que hoy la está ejecutando a escala región. Con el proyecto Runasur en ristre, busca convocar a una América Latina plurinacional, con plataforma en los distintos pueblos originarios del continente y eventual alianza con gobiernos ideológicamente afines. 

En marzo quiso proclamar esa nueva América en el Cusco, con la anuencia de su homólogo Pedro Castillo, pero debió retroceder ante la denuncia de diplomáticos peruanos de gran prestigio. Estos dejaron en claro que Runasur violaba la soberanía nacional e implicaba la ruptura de la contigüidad geográfica chileno-peruana, jurídicamente consolidada en el tratado de 1929. 

Para los más suspicaces, Morales trataba de obtener una salida soberana al Océano Pacífico, por interpósita integración de comunidades aymaras de Bolivia, Perú, Chile y Argentina, para así volver al sillón presidencial, en loor de multitudes. 

Nueva puerta de escape

Con ese mar de fondo, el domingo antepasado leí la siguiente y destacada noticia procedente del Perú: “el presidente Pedro Castillo presentó ayer ante el Congreso un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así como un referéndum para consultar a los ciudadanos si desean una nueva Carta Magna”. 

Según la bajada, dicha Asamblea tendría carácter plurinacional, con una minoría de candidatos de partidos políticos y una mayoría de independientes, miembros de pueblos indígenas y de comunidades afroperuanas, porcentualmente calificados. Se calcula que los  originarios peruanos, con quechuas y aymaras a la vanguardia, alcanzan un 25% de la población.

Al margen de la mayor o menor viabilidad del proyecto presidencial y de su inspiración evo-chavista, lo que importa, para este análisis express, es que muestra un momento de coincidencia estratégica entre los viaconstitucionalistas chilenos, bolivianos y peruanos.  

En paralelo, refleja una estrategia supranacional compartida, diseñada por los que Gramsci llamaba “intelectuales orgánicos” y ejecutada por políticos de nuevo cuño, que buscan una puerta de escape para salir de nuestra aporreada realidad. 

Pepe y el socialpatriotismo

A fines de febrero, acompañando a Iris Boeninger, entonces embajadora de Chile en Uruguay, fui a visitar al expresidente Pepe Mujica, en su chacra mítica. Fue una buena oportunidad para recibir, en vivo y en directo, una de sus lecciones de socialismo  democrático, que tanto han beneficiado a su país. 

Nos contó que, días antes, había conversado con nuestro presidente Gabriel Boric. Le llamó la atención su juventud y lo encontró simpático, pero pronto llevó la conversación a su experiencia política. Que a recogerla iba yo. 

Según mi memoria y apuntes, contó cuánto leyó en la cárcel y cómo lo aprendido catalizó el abandono de sus dogmas ideológicos. En especial, aludió a su comprensión de que el liberalismo no era idéntico al “neoliberalismo” ni tampoco era el taparrabos de la explotación capitalista. Reconoció la importancia de la formación militar de Liber Seregni, el fundador del Frente Amplio: “hablaba poco, escuchaba mucho, organizaba nuestras ideas dispersas y luego trazaba la línea estratégica”. Habló de su relación civilizada con quienes fueron sus carceleros. Explicó la corrupción en las izquierdas como una falla ideológica y justificó su austeridad citando a Séneca: “pobre es el que precisa mucho”.

Esta semana, rebuscando entre sus entrevistas publicadas, rescaté esta cita que refleja bien lo conversado y viene a punto para nuestra coyuntura: “cincuenta alucinados no hacen una revolución, pero pueden hacer un relajo de la puta madre”. 

Glosándola, pienso que estaríamos mucho menos nerviosos si sólo cincuenta líderes paritarios y con liderazgo real, políticos, diplomáticos, académicos, artistas, intelectuales y deportistas, asumieran públicamente: 

  • Primero, que un Estado de naciones es menos potente que un Estado unitario. 
  • Segundo, que una Constitución no debe ser un manifiesto ideológico, sino una hoja de ruta para todos. 
  • Tercero, que sigue vigente el decreto del 3 de junio de 1818, de don Bernardo O’Higgins, según el cual, respecto a los mapuches “no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos”.

Hoy por hoy parece una utopía. Pero, ¿quién sabe si de repente se puede?

*José Rodríguez Elizondo es periodista, escritor y Premio Nacional de Humanidades 2021.

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