Verónica Munita: Obsesión constitucional

Hoy existe acuerdo transversal de que es necesario discutir una nueva Constitución. La diferencia entre los que están por el Apruebo y los que estamos por el Rechazo es el escenario y la forma en que debe darse esta discusión.

Los primeros, con gran espíritu triunfalista y amparados en las encuestas, no están dispuestas a modificar nuevamente el Acuerdo del 15 de noviembre y esperan que el plebiscito se realice sí o sí el próximo 25 de octubre, aunque las condiciones sanitarias no sean las más adecuadas. No importa que haya riesgos de salud para la población y que en otros aspectos el país siga paralizado por la pandemia; para ellos, discutir una nueva Constitución desde una hoja en blanco se ha convertido en algo de vida o muerte.

Probablemente, en ese escenario, los adultos mayores no puedan o no quieran ir a votar, lo cual quitará legitimidad a un proceso que requiere de la mayor participación ciudadana, pero esta “obsesión constitucional” hace olvidar a este grupo, como si a la clase política no le importara.

Quienes estamos por el Rechazo sí queremos discutir cambios en la Constitución, pero ni siquiera conocemos a fondo las propuestas de los que están por el Apruebo, lo que hace que el debate se haya transformado tristemente en una pelea de consignas políticas que no aportan nada a la discusión. También nos gustaría que este debate se realizara en un escenario que produjera los menores gastos posibles a nuestro país, dado que estamos en medio de la peor crisis económica en los últimos 40 años. Es por ello que hemos mirado con atención la propuesta que se ha levantado de que sea el próximo Congreso, el que será elegido el 2021, el que pueda redactar esta nueva Constitución. Esto, además de ser económicamente mucho más eficiente para el Estado, es del mayor sentido común. Porque con el actual acuerdo, si gana el Apruebo, tanto la opción de Convención Mixta como la Constituyente será un organismo que funcionará en paralelo al actual y nuevo Congreso. Esto significa que todas las leyes que discuta el Poder Legislativo podrían no tener ninguna validez frente a la nueva Constitución que se redacte y apruebe, ya que es éste el órgano legal que rige todas las demás leyes de un país. ¿Para qué estaremos pagándoles a nuestros legisladores todo ese tiempo, entonces?

Para que esta opción sea viable, habría que incorporarla como una tercera alternativa dentro de la papeleta del plebiscito. Es decir, en la pregunta sobre qué organismo quiere usted que redacte una nueva Constitución, habría que incorporar “Congreso Constituyente elegido el 2021”. Pero este cambio requeriría de un amplio acuerdo político, aprobado por los 2/3 del Congreso. Habrá que ver si los políticos están disponibles para entregar a la ciudadanía la opción de elegir cómo quieren discutir esta nueva Constitución y cómo quieren optimizar los recursos del Estado ¿Estarán dispuestos a ceder poder esta vez?