Iniciativas populares de norma, cabildos, audiencias públicas, reuniones a través de ley de lobby, semanas territoriales. Varios conceptos para un mismo objetivo: que la ciudadanía participe del proceso constitucional en curso.
Porque uno de los valores más defendidos por los mismos convencionales de todos los sectores ha sido la participación popular. Pero en el intento por conseguirla a cualquier precio -incluso a costa de atrasar el cronograma hasta llevarlo al límite- ha habido importantes fallas. Para algunos, extremismos ideológicos. Para otros, errores comunicacionales y malos procedimientos.
Esta semana, el tema escaló a lo más alto cuando se supo que cada uno de los derechos fundamentales tendría dos horas o incluso una, como máximo, para ser discutido. En este debate serán incluidas tanto las iniciativas de los convencionales como las populares de norma que han superado las 15 mil firmas y que tratan sobre estas materias. Estas son, hasta la fecha, 12 de las 17 que han alcanzado la meta.
Sin duda, ha faltado transparencia sobre la forma en que serán debatidos estos temas. No existe claridad sobre la real incidencia que tendrán las iniciativas populares de norma en lo que será la discusión final de los contenidos: si se tomarán en cuenta para la redacción original, o en las indicaciones, o en la votación final o si definitivamente no van a incidir, quedando sólo como un insumo más del proceso. Un temor que una creciente ciudadanía ha planteado al momento de apoyar propuestas que apoyan la libertad y los derechos fundamentales.
Esto se sumaría a las críticas que se levantaron durante el proceso de recolección de firmas, que ha hecho que haya sido difícil y engorroso. Desde la imposibilidad inicial para firmar en personas con RUT terminados en K y que el sistema permitía que menores de 16 años apoyaran iniciativas, hasta innecesarias dificultades en la plataforma para concretar los apoyos. Temas técnicos que han tardado en ser solucionados.
También ha sido demasiado lenta la admisibilidad de cientos de iniciativas que aún esperan poder iniciar la búsqueda de firmas, siendo que faltan tan pocos días para que puedan lograr la meta, lo que a esta altura se ve como imposible.
En cuanto a las audiencias públicas, la demanda de la ciudadanía, organizaciones y gremios sobrepasó la capacidad de respuesta de la Convención. Lamentablemente los criterios de selección no han sido claros y en vez de tratar a todos por igual con sorteos transparentes o dar prioridad para escuchar a los “expertos”, primaron criterios ideológicos e identitarios para definir a quiénes recibirían. Se privilegió la paridad, la condición de pueblo originario y a “actores históricamente excluidos”, lo que hizo que importantes gremios y organizaciones quedaran fuera de la posibilidad de ser recibidos y tuvieron que conformarse con pedir audiencia a través de ley de lobby.
Muy diferente ha sido el caso de los cabildos autoconvocados. Se han realizado muy pocos, por su falta de difusión e interés ciudadano.
En la mitad más importante que queda del proceso constitucional, es necesario empezar a comunicar de manera más transparente y buscar mecanismos para que la opinión de la ciudadanía sea realmente tomada en cuenta. Solo así la gente sentirá que valió la pena todo el esfuerzo desplegado para hacer sentir su voz en el pleno de la Convención. Esta se juega gran parte de su credibilidad en las semanas que vienen.