Todo tipo de conclusiones se pueden extraer tras el rechazo de la acusación constitucional contra Giorgio Jackson:

Que a Republicanos le faltó estrategia política y oportunidad para presentarla, pues lo hizo sin conversar apoyos previos en el sector y en medio de la polémica por los indultos, cuando el tema del ministro pasaba a segundo plano.

Que Chile Vamos, salvo excepciones, se “cuadró” con el partido de José Antonio Kast, dejando de lado esas diferencias que tanto daño le hacen a la oposición, cuando a veces pareciera que en vez de actuar juntos para buscar salidas a la crisis en la que nos tiene el actual gobierno, se dedican a golpearse entre ellos y competir sobre quién hace realmente el papel de fiscalizar a la autoridad.

Que el ministro jamás ganará el premio al mejor compañero, algo que incluso llegó a reconocer él mismo en los días en que se le ha visto mostrar su mayor humildad y muestras de mea culpa por acciones realizadas en el pasado, las mismas que lo tuvieron a punto de perder su cargo y quedar inhabilitado por cinco años.

Que esas falencias en su personalidad le terminaron jugando a favor, pues la mayoría de quienes lo defendieron no sin antes criticarlo, argumentaron que no era condición suficiente apoyar una acusación constitucional, el ser una persona de trato difícil, por decirlo en forma elegante. Cuando nunca estuvo entre los argumentos del libelo el que Jackson no sea querido por sus adversarios, ni tampoco por sus propios correligionarios, por su perfil y forma de hacer política.  

Que la ex ministra Marcela Ríos podría ser una de las mayores perjudicada tras este episodio, pues aunque no habría méritos jurídicos para acusarla, sería inviable para la oposición rechazar su propio libelo y contar con un nuevo motivo para verse debilitada frente al gobierno.

Pero la más preocupante conclusión de todo lo que ha ocurrido es ver cómo se ha desprestigiado la herramienta de las acusaciones constitucionales tras lo que fue el mal uso que hizo de ellas la oposición al gobierno de Piñera. Hoy pareciera que el sólo pensar en utilizarlas es símbolo de irresponsabilidad política y obstruccionismo. Cuando lo cierto es que tan negativo como hacer de esta herramienta un show mediático que no hace más que debilitar las instituciones democráticas, es dejar de utilizarlas por miedo al qué dirán los medios y la opinión pública.

No han faltado quienes ya hablan del nuevo “festival de acusaciones”, como si la actual oposición tuviese vetada la posibilidad de presentar libelos sólo porque cuando eran gobierno perdieron tanto tiempo defendiéndose en vez de tratar de gobernar y levantar el país.

Este veto fue el que quizás impidió que se concretara una acusación contra el mismo presidente Boric cuando tantos juristas han señalado que sí ameritaba hacerlo cuando cuestionó abiertamente las prerrogativas del poder judicial al tratar de defender su decisión de indultar al ex frentista Jorge Mateluna.

No sólo quedarán para la historia los dichos del Mandatario donde señaló que habrían ocurrido “irregularidades” durante ese proceso y “una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”. También, la respuesta que le dio la Corte Suprema recordándole la Constitución y que “la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer, ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.

Además, el que los parlamentarios no hayan ejercido su facultad fiscalizadora en este caso, quizás uno de los más graves que se han visto de un presidente que no respeta la separación de poderes y diputados que en vez de decidirse a acusarlo como habría correspondido, hicieron lo mismo que el Mandatario: cortar el hilo por lo más débil, traspasando la responsabilidad a la Ministra de Justicia. Porque si bien es cierto que el país no está para botar presidentes y nunca será deseable hacerlo, tampoco lo es no asumir que el que tenemos merecía al menos una amonestación.

*Verónica Munita es periodista.

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