Uno de los asuntos más complejos para los expertos en derecho procesal es cómo establecer la verdad en un juicio y cuál es su relación con la percepción de la opinión pública.
La intervención de un tribunal parte por una controversia o la denuncia de un presunto delito. En su origen existen hechos objetivos, datos duros e incontrarrestables -un contrato incumplido, un fraude o cohecho, por ejemplo-, pero que admiten apreciaciones diferentes según el cristal con que se miren. Cada cual los aprecia y valora según su óptica particular, cargada de subjetividad, a veces influida por sus intereses en el asunto. La calificación jurídica de los hechos y la responsabilidad de lo ocurrido son siempre puntos controvertidos.
La pericia de abogados y fiscales es cómo hacer presente en el proceso esos hechos que a simple vista parecen evidentes. Para eso recurren a narraciones de lo ocurrido, resaltando cada cual aquellos aspectos que pueden avalar la tesis jurídica que defienden. No hay un solo relato. Hay varias explicaciones y, por lo general, son contrapuestas.
El proceso judicial es un rito dialéctico en que las partes tienen iguales derechos ante la ley. En materia penal, como se presume la inocencia, el peso de la prueba recae en el fiscal que debe acreditar la comisión del delito y la responsabilidad del imputado. La ley se encarga de indicar los medios de prueba y las reglas para apreciarla. Al final, la decisión la toma el Tribunal oral en la sentencia definitiva, que tiene pocos métodos para ser impugnada.
El problema radica que mientras dura la investigación y se desarrolla el proceso, los medios de comunicación cumplen con su obligación de informar de lo acontecido, y al hacerlo van configurando su propia versión de los hechos: es la verdad que circula por la radio, la TV y la prensa, y desde hace un tiempo por las redes sociales. Esa versión se anticipa a la investigación y al juicio y se nutre de lo que va surgiendo durante su desarrollo. Así se alimenta el comidillo de la ciudad. Y en eso llevamos casi nueve meses. A estas alturas todos tenemos un cuadro de lo sucedido y resultará muy difícil que el desenlace del procedimiento judicial pueda alterar nuestra convicción.
¡A quién le interesó la sentencia condenatoria del caso Riggs! Pasó sin pena ni gloria, siendo que en ese caso estuvo involucrado Augusto Pinochet y varios generales (y durante un tiempo sus familiares más directos). La opinión pública ya había emitido su veredicto condenatorio. Igual cosa sucede con las acusaciones del caso La Polar. La vida va muy rápido y no perdona ni siquiera los ritmos pausados de los estrados judiciales. ¿No ocurrirá otro tanto con las investigaciones de Penta, Caval y Soquimich y aristas allegadas?
Hay que aceptar que ya existe una verdad social establecida, independientemente del resultado de los procesos, y a partir de ella pensar la mejor manera de que el país transite hacia estadios más exigentes de probidad pública. Algunos se podrán quejar y considerar que en la actuación de los fiscales hay una injusticia inmanente, sobre todo por la filtración de sus diligencias. Pero es un dato de la realidad, que difícilmente podrá ser revertido durante lo que resta de la investigación y el juicio, salvo que ocurran vuelcos espectaculares como en las películas policiales en que los abogados logran, a último minuto, descubrir al verdadero culpable, sorprender al Tribunal y a la audiencia y salvar al inculpado.
La contienda más ardua se da sobre la verdad social. A poco andar, frente a hechos que revisten la connotación de escándalo público, la gente identifica a los responsables, aunque luego la decisión del juicio indique otra cosa.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
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