Las noticias que llegan desde Venezuela basculan entre lo dramático y lo tragicómico. Desde hace mucho tiempo que se habla de una solución a la situación de ese país; crisis que es política y humanitaria, institucional y económica, de convivencia y de pertenencia. Todo esto es muy lamentable y podría llevar, una vez más, a una realidad cada vez peor, y eventualmente a resolver la crisis por medio de la fuerza, como un golpe de Estado o una guerra civil.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, lo más probable es que todos los involucrados rechacen estar promoviendo una resolución violenta, pero las señales públicas y la gravedad del problema hacen que lo indeseable sea posible. En los últimos días la situación se ha agravado y la desesperación ha comenzado a dominar algunos espíritus, a enseñorearse en la política y a instalarse como parte de un paisaje nacional cada vez más desolador.
El Presidente Nicolás Maduro decretó un aumento del 50% en el sueldo mínimo, en una señal económica de un sistema que parece existir con exclusividad en Venezuela. Es la quinta vez en doce meses que el gobernante sorprende con medidas como esta, lo que en modo alguno ha provocado el mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Económicamente la situación venezolana es un desastre y no se ve por ninguna parte la posibilidad de mejorar: la escasez, el mercado negro, la falta de artículos de primera necesidad, y una economía prácticamente “de guerra” en pleno siglo XXI, ilustran de manera elocuente la cruda realidad de la revolución chavista.
A este escenario económico desolador se le suma la situación política, marcada por la división y el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Este lunes 9 de enero el Parlamento declaró el “abandono del cargo” del Presidente Maduro, solicitando un llamado inmediato a elecciones. Podría calificarse la medida como desesperada, considerando que comienzan los dos últimos años del período de Maduro. Esto significaría que en caso de dejar el cargo, el Presidente será sucedido por su Vicepresidente Ejecutivo: Tareck el-Aissami, que representa el sector más intransigente del círculo gobernante, quien extendería su mandato hasta enero de 2019.
Es muy probable que la situación se dé así, que no haya referéndum ni elecciones, considerando que es seguro que el Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el chavismo- rechazará la declaración, en la línea que estableció al declarar al Parlamento “en desacato” hace unos meses. Con esto lo más probable es que se produzca una situación de empate institucional, que significa seguir prácticamente igual, sin solución. Con seguridad se consolidará la posición pública del régimen bolivariano. Esto incrementará la división entre los poderes del Estado y también la anormalidad política venezolana, y sobre todo la incertidumbre sobre el futuro inmediato.
No está de más mencionar que la declaración de abandono es bastante discutible para ser aplicada en esta situación, que más se parece a la aplicación de una mayoría política en un régimen parlamentario que a una fórmula propia de un régimen como el venezolano. Esto muestra otro intento fallido.
Una posibilidad siempre vigente es (re)iniciar un proceso de diálogo, abierto e inteligente, que procure efectivamente avanzar hacia algunos acuerdos fundamentales que logren superar la polarización dominante en Venezuela. Sin embargo, el propio presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón, ha señalado que el diálogo promovido entre el Gobierno y la oposición fracasó, lo que no permite abrigar esperanzas sobre nuevas reuniones ni sus resultados.
Venezuela vive una situación económica y social desastrosa, con un final abierto y donde las esperanzas de ayer abren camino a la desesperación de hoy, y las fórmulas legales de resolución del largo conflicto político podrían derivar en alternativas extra constitucionales, lo que sería un drama para ese país. Todavía hay numerosos presos políticos en las cárceles chavistas, que han llevado a Oscar Arias, ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, a pedir a la comunidad internacional a que presione al régimen de Maduro para revertir esa situación.
Quizá la última alternativa sensata para la compleja situación actual sea volver al origen de la legitimidad política contemporánea: el pueblo. Si los venezolanos -en una elección libre, abierta y competitiva- deciden seguir con el gobierno de Maduro, este tendría una nueva posibilidad de desarrollar su revolución; si los venezolanos optan por una alternativa diferente, será el fin del proyecto chavista -al menos en su etapa actual- y habrá un gobierno y un programa que el pueblo decida. Esta alternativa, formulada así, resulta demasiado obvia, y no parecen existir buenas razones para evitarla. Sin embargo, en las actuales circunstancias, requiere patriotismo y sensatez, ceder el poder que se ostenta para devolverlo al depositario de la soberanía, y estar abierto a lo que el pueblo decida.
En tiempos en que el fanatismo ideológico se ha convertido en un factor relevante del gobierno bolivariano, no se oculta que es bastante difícil que se implemente una solución democrática al conflicto político. En todo caso, vale la pena recordar esta posibilidad, considerando que ahí podría estar la futura salida a la crisis de Venezuela: una fórmula democrática y pacífica, como seguramente lo esperan y claman la gran mayoría de los venezolanos.
Alejandro San Francisco, historiador, columna publicada en El Imparcial, de España
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN / AGENCIA UNO