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Publicado el 10 de marzo, 2020

Vanessa Kaiser: Perdidos

Acádemica Universidad Autónoma Vanessa Kaiser

Ningún país sobrevive si sus leyes no responden al principio de proporcionalidad; sólo nos queda esperar el desquiciamiento que sigue al caos.

Vanessa Kaiser Acádemica Universidad Autónoma

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“Señora, estamos perdidos”, me dice mi compañero de fila. Desde entonces he estado reflexionando al respecto… ¿es cierto que estamos perdidos?

No hay mejor manera de aproximarse a una respuesta que revisando algunos hitos de los últimos días y cualquiera que lo haga llegará al mismo lugar: el Ministerio Público. Nuestra Fiscalía tiene por fin ser “una institución confiable, integrada por personas con vocación de servicio público, reconocida por la sociedad por su eficacia en la persecución penal, que involucra a víctimas y testigos en todo el proceso penal y se consolida como un actor relevante dentro del sistema de justicia” (tomado de la página de la Fiscalía). Entonces, ¿por qué no pidió prisión preventiva para los 43 encapuchados detenidos por carabineros?

También debemos preguntarnos por las razones que llevan al Ministerio Público a no investigar las organizaciones que hoy reconocemos bajo la denominación de «primera línea». Y no sirve como respuesta el argumento de la presunción de inocencia, ni aquél que afirma que esta gente sólo habría estado ocasionando desórdenes en la vía pública. Si nos tomamos en serio esa explicación, entonces en Chile quemar edificios, transporte e Iglesias, destruir propiedad pública y privada y atacar a carabineros no son más que simples e inocentes desórdenes y por eso la sociedad no los castiga. Peor aún, los ciudadanos tendremos que aceptar que “quebrantar el orden” tiene para el sujeto un costo menor que transitar en auto por las vías exclusivas del Transantiago. En el primer caso firma dos veces al mes, mientras, en el segundo, paga casi cincuenta mil pesos de multa. Una legislación ordenada de este modo le da la razón al señor de la fila: estamos perdidos. Y es que ningún país sobrevive si sus leyes no responden al principio de proporcionalidad; sólo nos queda esperar el desquiciamiento que sigue al caos.

Analicemos ahora la decisión del órgano persecutor de ver únicamente las responsabilidades individuales de la «primera línea». La consecuencia es obvia: las penas terminan siendo muy inferiores o, para desesperación de sus víctimas, inexistentes. Aquí el Ministerio Público está incumpliendo uno de sus objetivos centrales, cual es, según lo afirma en su página web, “desarticular las bandas dedicadas a diversos planes criminales”. Vea usted cómo define la misma Fiscalía el delito que todos los ciudadanos, con excepción de los fiscales, vemos se sucede ya por más de cuatro meses:

“El Crimen organizado no es un delito en sí mismo, se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada. En nuestro país el delito que sanciona este tipo de conductas es la asociación ilícita, la que consiste en un grupo de sujetos (dos o más personas) que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, las buenas costumbres, la propiedad o las personas. Se exige que tengan cierta organización y permanencia en el tiempo. […] El delito de asociación ilícita tiene penas que van desde los 61 días a los 20 años. Además de las asociadas a los otros delitos que se hayan llevado a cabo dentro del plan criminal”.

A pesar de la evidencia, la Fiscalía ha decidido que los capturados por Carabineros son individuos sin ningún propósito común; ellos no andan juntos, tampoco hacen los destrozos de forma coordinada. Y qué decir del delito de incendio para el que nuestro Código Penal contempla diversas penas: “Presidio perpetuo, en el caso de incendios en edificios con personas en su interior, oficinas públicas y lugares habitados, entre otros. Para los casos de edificios no habitados, bosques o áreas silvestres protegidas, las penas también son elevadas y van desde cinco años y un día hasta los veinte años. La ley también sanciona a quienes sean aprehendidos con artefactos, implementos o preparativos dispuestos para incendiar”.

Quemaron casi todas las ciudades de Chile, hay muertos por los incendios y uno se pregunta: ¿cuántos sujetos están presos por este delito?

Finalmente, decir que estamos perdidos si los organizados bajo el paraguas de la «primera línea» han leído a Fernando Atria y se han apropiado de sus palabras: “usar contra las instituciones diseñadas para neutralizar al pueblo [léase aquellas que surgen con la Constitución del 80] la dimensión trivializadora del derecho. En virtud de esta dimensión trivializadora es posible que un movimiento político surja y adquiera cualquier magnitud manteniendo, dado su carácter informe, su invisibilidad jurídica. Para esto basta que adopte formas jurídicamente irrelevantes. […] Este debe ser el norte: buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho.” (La constitución tramposa).

 

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