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Publicado el 10 de agosto, 2020

Vanessa Kaiser: Mafiosos en el poder

Acádemica Universidad Autónoma Vanessa Kaiser

Si usted salió encapuchado en octubre a quemar, destruir, humillar y agredir era una víctima del sistema opresor y tenía derecho a la desobediencia civil. Pero si usted, a rostro descubierto, saca de las municipalidades a grupos violentos que ponen en riesgo su vida, entonces el peso de la ley le caerá como un rayo celeste, quebrando la médula espinal de su existencia.

Vanessa Kaiser Acádemica Universidad Autónoma
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Definía el viejo Weber al Estado como aquella asociación de dominación con carácter institucional que detenta el monopolio de la violencia. Ésta sería legítima, puesto que su concentración en manos de una élite política permitiría el resguardo de los derechos individuales de ciudadanos que, previamente, han renunciado a la autodefensa, reflejo del instinto de autoconservación. Los autores contractualistas coinciden en que se trata de un proceso voluntario: usted entrega su derecho a defenderse y a cambio obtiene el derecho a ser defendido. O sea, es el Estado el que adquiere el deber de protegernos.

En este intercambio de derechos y nacimiento de obligaciones se origina el monopolio del poder coercitivo que se supone está a la base del contrato social. Para John Locke, padre del liberalismo, dicho contrato es necesario debido a que, cuando alguien desoye la voz de la razón que manda proteger el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad ajena, los perjudicados, en lugar de hacer justicia, suelen tomarse venganza. De ahí que sea necesario un magistrado para que aplique las mismas leyes a todos los ciudadanos con el fin de preservar la paz en cuyo marco se encuentran las condiciones de realización de los demás derechos.

Corrientes de pensamiento libertarias suelen ver con escepticismo las teorías que justifican la necesidad del Estado. Sus defensores piensan que el Leviatán no es un ente abstracto, cuya virtud consistiría en que despoja a los hombres de su naturaleza de lobos y- agreguemos para estar a la altura de los tiempos- a las mujeres de su condición de hienas. Los libertarios dirán sobre el Estado que se trata de un grupo de personas organizadas dentro de un territorio donde todos los demás actores se vinculan de forma colaborativa y anárquica. En el marco de esta teoría los políticos de turno se coluden, cual mafiosos, para extraer recursos y mantenerse en posiciones de poder que les otorgan privilegios sobre los demás. Otro tipo de acciones características de la mafia es la violación permanente del estado de derecho. Si quiere un ejemplo, remítase a hechos recientes y analice, desde esta óptica, el fuero parlamentario transformado en un privilegio que exime al sujeto del cumplimiento de las leyes de la República, habilitando la extorsión y presión indebidas sobre las autoridades encargadas de su ejecución. Además, los libertarios niegan la existencia de la relación contractual entre los ciudadanos y el Estado. Ello, en vistas a que ningún contrato es legítimo si una de sus partes lo ha firmado forzosamente. Incluso para contraer matrimonio se interroga a los novios si han concurrido libres a la celebración del pacto nupcial. En contraste, a ninguno de nosotros se nos preguntó si estábamos dispuestos a despojarnos de nuestro legítimo derecho a la defensa.

De modo que, desde una mirada liberal/libertaria, el Estado puede cobrar dos formas: una, mafiosa, la otra, republicana. Lamentablemente, ante la pregunta sobre qué forma ha ido tomando el Estado chileno, o sea, qué tipo de dinámicas están primando en las posiciones de poder, la respuesta es demoledora. Sin duda, hay parlamentarios y burócratas excepcionales, pero, en el marco de la corrupción y violencia presente, son pocos. Un diagnóstico liberal concluiría que estamos ante un proceso de extinción de profesionales preparados para proteger los derechos ciudadanos de los embates del mundo salvaje.

Profundizar sobre las dinámicas mafiosas que los libertarios ven en los oriundos del aparato estatal nos aclara la película. El rasgo más evidente es que se trata de personas ubicadas en la cúspide de los ingresos gracias a la extracción forzada de los recursos de bolsillos ajenos. Nuestros parlamentarios comparten esta condición al ubicarse entre el 3% de mayores ingresos ganando doce veces más que el promedio de los chilenos. Por su parte, los burócratas estatales tienen un sueldo muchísimo mayor que los privados para cargos similares. La brecha es escandalosa. Según el INE de 2017, fue de 44% y dudo que haya habido mayores correcciones al día de hoy (Encuesta Suplementaria de Ingresos). A ello se suma que el Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real en 10 años (Diario Financiero, 24 enero 2020). Parte de nuestra tragedia es que jamás se reconoce el despilfarro del dinero y esfuerzos con que cada chileno contribuye, bajo la ilusión de estar ayudando a los peor situados, a programas ineficientes que benefician principalmente a sus ejecutores. Lo irónico es que ese factor no aparece en ninguno de los diagnósticos de opinólogos, políticos y comunicadores cuando analizan el malestar; ellos sólo lo atribuyen a un supuesto espíritu egoísta y neoliberal fomentado por un modelo maligno que, aunque les pese, ha puesto a Chile a la cabeza de los países del barrio en el índice de desarrollo humano.

La extorsión, tan típica de Vito Corleone, ha permeado el discurso no sólo en la burda manipulación de datos, sentimientos y falsa solidaridad bajo la satanización del mercado libre y el endiosamiento del Estado que, evidentemente, redunda en un beneficio directo para sus agentes. La extorsión, propia de la psicología del mafioso, ha llegado al punto en que, si los ciudadanos defienden sus derechos fundamentales, se les acusa de racistas y xenófobos. Como si no fuera suficiente, los ricos del 3% que debe su fortuna al uso de la coerción, no sólo dejaron a su suerte a un país oprimido por minorías violentas, sino que, además, amenazan con desplegar el poder del Leviatán querellándose contra quienes se defiendan de lobos y hienas. Así, el descaro, la hipocresía y desfachatez de las dinámicas mafiosas integra un nuevo elemento, cual es que, junto con incumplir su parte del contrato, se exige a los ciudadanos transformarse en víctimas del victimario de turno. En otras palabras, quienes están en contra de la autodefensa producto del abandono de deberes de la clase política, niegan la condición inalienable de los derechos humanos, anteriores a la existencia del Estado.

El paroxismo de este tipo de actitudes mafiosas se manifiesta en la <<falacia del género sumo>> que, como explicaba Jorge Millas, es una técnica retórica según la cual quienes hablan de violencia sistémica o del estado de derecho como una forma de violencia, sólo buscan excusas para justificar la violencia real. El éxito de esta falacia en nuestro discurso público es evidente: si usted salió encapuchado en octubre a quemar, destruir, humillar y agredir era una víctima del sistema opresor y tenía derecho a la desobediencia civil. Pero si usted, a rostro descubierto, saca de las municipalidades a grupos violentos que ponen en riesgo su vida, entonces el peso de la ley le caerá como un rayo celeste, quebrando la médula espinal de su existencia. Mientras tanto, las dinámicas mafiosas se intensifican a través de la perpetuación en el poder de sus agentes, hoy abocados a la eliminación de las inhabilidades para postular a otros cargos. Y los ciudadanos se lo permiten, pues creen en la promesa de una repartición justa e igualitaria de los panes. El escenario descrito revive a John Locke y nos recuerda a don Quijote. Para este último la promesa distributiva no es más que una ilusión, pues “los piratas sólo reparten las riquezas entre piratas”. Por su parte, el padre del liberalismo salva de su estúpida inocencia al cándido liberal que ha puesto la fe en el Estado, al afirmar que la desobediencia civil es legítima si “el que tiene el supremo poder ejecutivo descuida y abandona ese cargo, de tal modo que las leyes, que ya han sido hechas, dejan de ponerse en ejecución” (Segundo Tratado del Gobierno Civil).

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