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Publicado el 10 de enero, 2019

Vanessa Kaiser: La maldición de las leyes

Acádemica Universidad Autónoma Vanessa Kaiser
Compartimos una fe ciega en que todos los problemas se resuelven con una ley, pese a que muchas de ellas carecen de espíritu; es decir no son más que la expresión de la voluntad de unas personas sobre otras.
Vanessa Kaiser Acádemica Universidad Autónoma
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Es probable que usted sea una de esas personas bien informadas y sepa que, en Chile, como en toda democracia constitucional, se espera que los ciudadanos nos hayamos enterado por algún medio oficial (en el caso chileno, el Diario Oficial) sobre el contenido de las leyes que aprueba el Congreso. En otros términos, usted y yo debemos informarnos de todas las leyes que podamos transgredir con nuestras acciones y tomar decisiones conforme a derecho o atenernos a las consecuencias. Así lo establecen los artículos 6°, 7° y 8° del Código Civil. Esta es, por tanto, una responsabilidad exclusivamente individual y “nadie podrá alegar ignorancia de la ley una vez que haya entrado en vigencia”.

¿Se ha preguntado cuántas leyes se aprueban al año en promedio? Aproximadamente 100. ¿Y sabía usted que, de aprobarse todos los proyectos que se presentan, estaríamos hablando de unas 335 leyes al año?

A pesar de la gravedad e importancia que implica para una persona pagar la pena que establece la ley cuando la viola involuntariamente, es muy probable que sólo quienes están directamente vinculados al mundo jurídico -ya sea por el oficio, profesión o circunstancias- revisen el Diario Oficial y cumplan cabalmente con su responsabilidad civil. Es más, podría incluso apostar a que, si hiciéramos una encuesta preguntando quién ha leído siquiera una vez durante el 2018 dicho diario, nos encontraríamos con que la gran mayoría no sólo no lo ha leído, sino que ni siquiera sabe que existe. Pero esto no es lo peor. ¿Se ha preguntado cuántas leyes se aprueban al año en promedio? Aproximadamente 100. ¿Y sabía usted que, de aprobarse todos los proyectos que se presentan, estaríamos hablando de unas 335 leyes al año? La situación es homologable a esas descripciones que hacen los economistas cuando explican la maldición en que pueden convertirse las materias primas para las economías. En el caso de las leyes, éstas pueden jugar el mismo nefasto rol en la democracia. Expliquemos por qué.

Lo primero que podemos decir es que seguramente son muy pocos los ciudadanos chilenos que saben de su responsabilidad civil. Pero, además, aunque estuvieran enterados, es difícil figurarse a una gran mayoría leyendo el Diario Oficial después de una larga jornada de trabajo. También requiere de un esfuerzo mental mayor imaginar que, con los problemas de comprensión lectora que hay en Chile y afectan al 84%, sean muchos quienes entiendan lo que la ley está mandando, prohibiendo o permitiendo. Además, para ser francos, casi nadie estaría dispuesto a invertir el poco tiempo libre del que dispone para leer las 100 leyes aprobadas durante el período legislativo. Y si lo hiciéramos, difícilmente conservaríamos en la memoria su contenido. Piense que, a este ritmo, en diez años se habrán promulgado 1.000 leyes. Además, debe sumar las que ya existen… ¡ni un genio podría cumplir con la responsabilidad que se nos exige como ciudadanos! La pregunta que cualquier extraterrestre nos haría es: ¿entonces, por qué diantres siguen promulgando leyes?

La respuesta no sería fácil. Habría que explicarle que estamos ante una de esas contradicciones que ninguna psicología política ha sido capaz de resolver. Y es que, a pesar de que casi nadie cumple con su responsabilidad cívica, compartimos una fe ciega en que todos los problemas se resuelven con una ley.

Al parecer la ley tiene los mismos efectos psíquicos que los de un placebo. El problema es que la magia de la ley tipo placebo no es otra que la de reducir la libertad de las personas desde el ejercicio de la coacción estatal.

El cuadro de contradicciones psíquicas se complica aún más si entendemos que muchas de las leyes carecen de espíritu; es decir no son más que la expresión de la voluntad de unas personas sobre otras. Basta con dar una rápida mirada al principio de representación que supone la voluntad ciudadana manifestada en el legislador para corroborarlo. Acampan la desconfianza en las instituciones públicas y la escasa identificación de la ciudadanía con alguno de los partidos existentes. Según un informe del PNUD, el 83% de los chilenos no se identifica con ningún sector, mientras un estudio difundido recientemente por el Consejo para la Transparencia afirma que el 91% cree que los políticos tienen poca o ninguna capacidad para resolver los problemas.

Pero seguimos en la misma ruta de inflación legislativa. La explicación parecer ser que la ley tiene los mismos efectos psíquicos que los de un placebo. Para quienes no están enterados, un placebo es una sustancia que no cura de la enfermedad; está hecho de productos sin ningún principio activo, pero, por la fe que se tiene en sus mágicos poderes, su ingestión genera un alivio terapéutico.

El problema es que la magia de la ley tipo placebo no es otra que la de reducir la libertad de las personas desde el ejercicio de la coacción estatal. De modo que los mismos ciudadanos nos ponemos la soga al cuello. Como si fuera poco, les pagamos suculentos sueldos a los fabricadores de leyes placebo. El círculo tortuoso se cierra cuando nuestros legisladores terminan por creer que hacen bien la pega en la medida que mejor satisfacen la demanda de este tipo de leyes. Ello explica la aprobación de una cantidad desmedida de leyes cuya calidad carece de todo principio activo en la medida que no se hace ningún estudio posterior sobre los beneficios o perjuicios que comportan.

El escenario descrito no es auspicioso en vistas a que nadie habla de la protección de las libertades individuales o de otras formas para resolver nuestros problemas. La fe y la discusión públicas sólo creen y promueven la violencia estatal como antídoto a cualquier problema. Sin embargo, como dijo un miembro de nuestra clase política, cada día puede ser peor. Y, a pesar de todas sus equivocaciones, es menester reconocerle una indudable veracidad a su reflexión.

¿Qué hacer? Parece que sería sensato plantear un límite a la producción de leyes y exigir una serie de medidas que comprueben la eficacia y beneficios de su aplicación.

En la lógica de tamaña verdad estamos construyendo un círculo tortuoso que fácilmente puede devenir en una maldición tipo kafkiana si al incumplimiento de la responsabilidad cívica se suma el castigo por ignorancia. El empeoramiento se produce cuando algunos hacen mal uso de leyes olvidadas y, en la práctica, obsoletas. Un buen ejemplo fue el de los bingos el año 2015, cuando se desempolvó una ley de 1952 para eliminar de la sociedad civil una de las vías de solución que prescinde del Estado y su violencia. Y es que, al parecer, en política todo vale. En este caso los estatistas intentaron atacar a sus competidores y destruir aquellas iniciativas que funcionan independientemente de las dádivas estatales, confirmando la existencia de una fraternidad que los colectivistas niegan desde su visión “neoliberalizada” de nuestra sociedad.

¿Qué hacer? Parece que sería sensato plantear un límite a la producción de leyes y exigir una serie de medidas que comprueben la eficacia y beneficios de su aplicación. También se hace manifiesta la necesidad de reponer la educación cívica a los currículums escolares (fijando contenidos que sirvan a la formación de un ciudadano y no de un partidario ideologizado por el profesor de turno). Además, podemos agregar la promoción de una cultura ciudadana participativa que fortalezca los lazos de la sociedad civil frente a un poder político que cada año reduce nuestras libertades. Por último, parece recomendable que nuestros legisladores también tengan la oportunidad de suprimir leyes obsoletas. Y es que nunca se sabe cuándo una vanguardia orwelliana vaya a llegar al poder y, por tocar campanas, meta presos a sus enemigos políticos (Artículo 123 Código Penal).

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./ AGENCIAUNO

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