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Publicado el 30 de junio, 2020

Vanessa Kaiser: Desmantelamiento institucional

Acádemica Universidad Autónoma Vanessa Kaiser

El origen de tanta desazón está en que sabemos que el consenso en torno al respeto de los derechos individuales y las leyes se ha perdido junto con su legitimidad entre los actores de la esfera pública.

Vanessa Kaiser Acádemica Universidad Autónoma

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Voces diversas se alzan advirtiendo sobre las consecuencias de acciones que debilitan el tejido institucional ordenador de nuestra vida común. Bien calificados por Marcela Cubillos como un “abuso de poder”, los proyectos inconstitucionales de los parlamentarios constituyen una pieza clave en el desmantelamiento institucional. Esta pieza calza perfecto con el discurso de opinólogos que, sobre la base de encuestas de percepción hechas a una ciudadanía con escasa comprensión lectora, propagan la idea de que las reglas actuales benefician a una minoría de privilegiados. En sus opiniones tipo propaganda encontramos siempre el mismo pueril asesinato del dato por parte del relato en cuyo marco no importan los logros en calidad de vida y superación de la pobreza, lo único relevante es que a algunos les ha ido mejor. Y digo que este discurso es una pieza que calza perfecto con el abuso de poder de los políticos, porque allí encuentran su justificación para violar la institucionalidad vigente: es injusta.

Entre quienes horadan las instituciones nos encontramos con aquellos medios de comunicación que sirven de caja de resonancia al relato descrito, engañando a una ciudadanía previamente concientizada por educadores que sueñan con el Estado omnipresente. Nietzsche los llama “niveladores”, pues en el espectro de su ideología, todo lo que no sea una igualación tabula rasa deja resultados “injustos”. Ellos saben cómo enseñar a los estudiantes a destruir sus establecimientos educacionales cuando sirven al desarrollo de talentos que atentan contra la igualdad. Lo vimos con la triste historia de los institutos emblemáticos. En este contexto tiene sentido el que, cuando se enseña la revolución rusa, cubana o la Larga Marcha, nada se diga de sus consecuencias. Así, las nuevas generaciones carecen de todo atisbo de un juicio crítico que cuestione a los niveladores.

Es increíble que la izquierda jamás se haya hecho cargo de sus crímenes; nunca ha dado una sola explicación sobre los más de cien millones de muertos que causaron sus ideas el siglo pasado ni de su protagonismo en la destrucción de la democracia bajo el régimen de Allende. Sin embargo, se atreve a apuntar su dedo acusatorio contra el único sistema en el que, gracias a la acumulación del capital y el consecuente desarrollo tecnológico, hemos logrado emancipar del esfuerzo a la labor y, con ello, mejorar sustancialmente la calidad de vida. Al punto que, como ya no hay clases de obreros “explotados” a quienes manipular, se vieron en la necesidad de buscar nuevas categorías de víctimas y anidar su discurso de odio en aspectos identitarios.

Así, en la espiral de un silencio expiatorio, la izquierda sigue adelante sin sentir el peso de sus víctimas, ni la responsabilidad por la destrucción de la democracia que sigue al desmantelamiento institucional. Ellos, que abrazan una ideología asesina, lideran gremios, están en el Congreso, ocupan espacios relevantes en los medios de comunicación y rematan su éxito capturando las aulas, se dan el lujo de torcer la realidad al punto de presentarse como los adalides de las víctimas que históricamente han demostrado matar por millones a fuego y hambre cuando les conviene.

En la vanguardia que liquida nuestras instituciones democráticas destacan los activistas que se pasean por los tribunales y el Ministerio Público aliados con políticos cuyo quehacer consiste en legislar a favor de una intromisión desmedida del estado en las vidas de los ciudadanos. Observamos esta alianza en el proyecto de Ley de Garantías de la Niñez que garantiza tanto el reemplazo de la autoridad familiar por la de un juez que no conoce al menor, como el derecho del infante a asistir a marchas políticas “pacíficas” (bajo el supuesto absurdo de que el nivel de violencia que se desata en esos contextos se puede adivinar). Sólo un ciego no ve que con la autonomía progresiva se avanza la dinámica fascista de amigo-enemigo, ya instalada por el feminismo entre mujeres y hombres, hacia el núcleo de la familia. Además, este proyecto niega la distinción entre infante y adulto, dejando al arbitrio del niño decisiones que lo despojan de toda protección contra terceros que lo pudieran manipular. Los únicos de quienes estará amparado será de los legítimos límites que sus padres le exijan. Definitivamente, quienes promueven la autonomía progresiva sin correlato en una responsabilidad progresiva están sembrando la semilla del poder total: los niños a los partidos políticos (de la protesta al partido el trecho es breve) y los jueces activistas en los hogares, reemplazando con el poderoso tentáculo del estado, la autoridad de quienes aman y conocen a sus hijos.

Hasta ahora la única solución propuesta al problema del desarme institucional se encuentra en el plano de la fe: apelar a la moral que subyace a la virtud republicana, propia de aquellos ciudadanos responsables en quienes descansa la conservación de la República. Así, al menos, lo consideraba Publius, pseudónimo bajo el cual escribieran los padres fundadores de EE.UU. sus famosos artículos reunidos en El Federalista. La República extensa, pensaban, da al pueblo una cantidad mayor de personas adecuadas entre las cuales escoger representantes, hombres virtuosos que no sacrificarán el bien de la República. Y es ese el origen de tanta desazón, pues sabemos que el consenso en torno al respeto de los derechos individuales y las leyes se ha perdido junto con su legitimidad entre los actores de la esfera pública. Ellos, desde un activismo aparentemente fundado en emociones personales y buenas intenciones, avanzan juntos en una misma dirección: imponernos, de modo silencioso y antidemocrático, otro proyecto de sociedad donde la democracia tiene sus tribunales del pueblo juzgando en las calles, los hijos pierden todo vínculo de confianza y amor con sus padres y los políticos abrazan el populismo expropiatorio.

¿Qué hacer para recuperar nuestras instituciones? Unos pocos hablan de retomar la democracia por sorteo de modo que, ante la eventualidad de tener a cualquiera gobernando, los ciudadanos abracen y protejan las instituciones que preservan sus derechos. Aunque la idea parezca absurda, comparada con la fe en una reactivación del espíritu republicano en medio de la pandemia, la crisis económica, una política del espectáculo y el derroche y la resurrección del activismo fascista, la democracia por sorteo nos devuelve algo de «teórica esperanza».

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