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Publicado el 6 octubre, 2020

Vanessa Kaiser: De vuelta a la calle

Acádemica Universidad Autónoma Vanessa Kaiser

Se ha reactivado la violencia general y el proceso de desmantelamiento de nuestra institucionalidad, enfocado principalmente en quienes tienen por función resguardar el orden público. De este modo se preparan las condiciones para un nuevo estallido cuyas consecuencias difícilmente serán contenidas por un rebrote de la pandemia.

Vanessa Kaiser Acádemica Universidad Autónoma
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El lamentable caso de Anthony Araya, que cayó en medio de las manifestaciones desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, deja en evidencia que nuestro deterioro institucional no es más que el síntoma de una gravísima enfermedad: la incapacidad de juicio racional de las autoridades y parte importante de la sociedad. A Tribunales de Justicia corresponde pronunciarse sobre si, efectivamente, como afirma la fiscal Ximena Chong, Sebastián Zamora Soto, carabinero de 22 años, impulsó al joven con el fin de provocar su caída o se trata de un accidente altamente probable en este tipo de situaciones.

¿Por qué es tan alta la probabilidad? Simple: lo que nadie dice y, por tanto, considera en su propio juicio, es que las manifestaciones violentas son ilegítimas en democracia. ¿Por qué? Porque la violencia no forma parte del juego político, pues, naturalmente, su represión sólo es posible cuando se aplica una dosis más alta de violencia a la violencia desplegada. Ese tipo de escenarios se da en tiranías y dictaduras. En el extremo opuesto, cuando la violencia no es reprimida, nos encontramos con un Estado fallido y la existencia de condiciones anárquicas en que abusa y se impone el más fuerte.

Aún no hay sentencia, pero como en Chile la sed de venganza exige un culpable, el carabinero Zamora Soto ya ha sido condenado. Y es que la fiscal pudo adivinar en sus actos las perversas intenciones de un homicida, cuyos maléficos propósitos se vieron truncados. Y ahora la sociedad en su conjunto avala las dotes esotéricas de Chong. Este juicio del público manipulado por un discurso hegemónico no sólo viola el derecho a la presunción de inocencia, sino que avanza la tesis de que en Chile existiría “violencia institucional”. Y este es el punto clave, porque así se confirman los supuestos de los violentistas y sus socios ubicados en el Congreso, tribunales, establecimientos escolares y medios de comunicación, que legitiman la protesta violenta.

Para aclarar el punto analicemos su fundamento ideológico. Slavoj Žižek dice que en las democracias liberales “es la danza metafísica autopropulsada del capital lo que hace funcionar el espectáculo […] Es ahí donde reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más extraña que cualquier violencia socioideológica precapitalista: esta violencia ya no es atribuible a los individuos concretos y a sus <<malvadas>> intenciones, sino que es puramente <<objetiva>>, sistémica, anónima.” Y por supuesto que, si el Estado defiende la superestructura capitalista, se sigue la legitimidad y justificación de cualquier tipo de violencia en su contra.

Es en este contexto que debemos analizar, con juicio crítico, la exacerbación que los medios y politicos de izquierda han hecho de lo que, probablemente, haya sido un accidente, frente al casi nulo impacto de las víctimas en la Araucanía; entre ellas, la más reciente, Pedro Cabrera. El fin último es promover aquella ideología que persuade a la gente de la existencia de una violencia sistémica, abstracta, ante la cual es válida toda forma de lucha. De esta manera se manipula a las masas y legitima todo acto violento que horade la institucionalidad. Estamos ante el golpe de Estado con guante blanco que cambia a la élite gobernante a través de un proceso antidemocrático.

Retomando, la vuelta a la calle que terminó con el joven Araya mal herido pone en duda la subsistencia de Carabineros de Chile no sólo porque hay parlamentarios que decidieron no aprobar el presupuesto del próximo año, exigiendo la remoción del general Rozas, además de anunciar una acusación constitucional en contra del ministro Pérez. A ello se suma la drástica caída de un 71% en las postulaciones para este año. No cabe duda de que la institución podría sobreponerse a estos embates. A lo que no sobrevivirá será a su captura por parte de los encargados regionales de DD.HH. Esta semana se anunció la implementación de secciones regionales de DD.HH. a lo largo de todo el país. Ya hay dos de ellas funcionando. Una en Antofagasta, que se ubica entre las cinco localidades con mayor concentración de niveles de victimización y la otra en la Araucanía; sí, exactamente, en aquella región donde no existe Estado de derecho.

Concluyendo, la vuelta a la calle ha reactivado la violencia general y el proceso de desmantelamiento de nuestra institucionalidad enfocado principalmente en quienes tienen por función resguardar el orden público. De este modo se preparan las condiciones para un nuevo estallido cuyas consecuencias difícilmente serán contenidas por un rebrote de la pandemia. En este contexto, sólo pensar que entre personas inteligentes, pero de escaso juicio, hay quienes “aprueban” darle una estocada final a nuestra institucionalidad- pues creen que podrán gobernar un país sin un Estado que detente el monopolio de la coerción-, produce vértigo.

  1. Veronica Munita Bennett dice:

    A esta falta del debido proceso se suman los antecedentes de tongo tras tongo protagonizados por la izquierda y avalados por las instituciones de justicia, donde las víctimas fueron Carabineros y la PDI y no hubo ninguna sanción posterior.

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