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Publicado el 01 de marzo, 2020

Valentina Verbal: La derecha y la libertad económica: mito y realidad

La claudicación del gobierno —encabezada desde RN por Mario Desbordes— frente al diagnóstico de la izquierda en torno a las causas del estallido (la existencia de un supuesto malestar mayoritario de los chilenos frente al “modelo neoliberal”), ha terminado por ponerle la lápida al único relato político que históricamente ha caracterizado a la derecha en Chile: una defensa no sólo de la libertad económica, sino también de un Estado al servicio de los más necesitados (…). En este sentido, y aunque suene duro decirlo, no cabe duda de que la derecha chilena está hoy prácticamente muerta en términos ideológicos y culturales.

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La grave crisis política que ha vivido Chile desde el 18 de octubre pasado ha implicado, entre otras muchas cosas, un caldo de cultivo para la expresión de una gran cantidad de mitos y caricaturas. Uno de ellos guarda relación con el hecho (supuesto) de que la derecha en Chile —hoy representada en el gobierno de Piñera y en los partidos de Chile Vamos— habría hecho una defensa dogmática —y a fardo cerrado— de la libertad económica, del llamado (por la izquierda) “modelo neoliberal”. Un modelo que propiciaría la existencia de mercados desregulados y la casi absoluta abstención del Estado en materia económica y social. 

¿Es esto cierto? Para responder a esta pregunta, en primer lugar hay que decir que, en efecto, la causa que históricamente ha unido a la derecha en Chile —básicamente integrada por liberales y conservadores— ha sido la defensa de la libertad económica. Mientras en el siglo XIX, liberales y conservadores solieron ser adversarios furibundos, especialmente a partir del clivaje teológico, en el XX, y frente a la emergencia de las izquierdas en Chile, dichas vertientes —y al mismo tiempo partidos— se terminaron uniendo en un frente común en defensa del libre mercado. 

Sin embargo, y pese a ser verdad que la derecha en el siglo XX defendió la libertad económica —incluso mediante lo que Sofía Correa denomina un “proyecto de modernización capitalista”—, no es cierto que esta derecha le haya asignado poca importancia a la intervención del Estado en favor de los más necesitados. De hecho, y ya desde principios de esa centuria, fueron liberales y conservadores los principales impulsores de políticas públicas destinadas a resolver la así llamada “cuestión social”. Lo mismo puede decirse para la “nueva derecha”, representada por el Partido Nacional a partir de la fusión, en 1966, de los partidos Liberal y Conservador. Los documentos de este partido dan claramente cuenta de una mixtura entre libertad económica y Estado al servicio de los más necesitados.

Pero ¿es cierto, como se suele indicar, que se produjo un giro con la llegada al poder de la dictadura militar, a partir de la hegemonía de los llamados Chicago Boys? Pese a que este grupo de economistas, formados en la Universidad de Chicago, se le puede achacar con justicia el hecho de haber trabajado para una dictadura, no se puede hacer lo propio en términos de que ellos hayan propuesto una suerte de “capitalismo salvaje”, con un mercado desregulado, y con casi nula intervención del Estado, tanto en la limitación de ese mismo mercado como en políticas públicas en favor de las personas vulnerables.

En El ladrillo —documento considerado como el programa económico, tanto de los Chicago Boys como del mismo régimen militar— se destinan muchísimas páginas a diversas políticas económicas que suponen una fuerte intervención del Estado, por ejemplo, políticas de descentralización, de comercio exterior, de mercado de capitales, de previsión, de educación, de salud, e incluso de redistribución del ingreso. En ninguna parte de ese documento se propone, por ejemplo, la retirada del Estado en materia de educación. Además se establecen subsidios directos en dinero y auxilios para la cesantía. No es verdad que ese programa, así como las políticas efectivamente llevadas adelante a partir de su inspiración, haya supuesto una abstención total (o casi) del Estado, como el mito en boga suele así indicarlo. De hecho, no fue sino un Chicago Boy, Miguel Kast, el que inició una serie de políticas públicas específicas destinadas a combatir la pobreza en Chile, comenzando por la existencia de una suerte de catastro orientado a determinar quiénes son pobres, y bajo qué condiciones viven.

Tampoco es verdad que la derecha chilena haya hecho una defensa dogmática de la libertad económica, propiciando una ausencia casi total del Estado en materia económica y social durante los años de la Concertación. En general, tendió siempre a apoyar —con matices, por cierto— el esquema de aquella coalición de gobierno, que buscó un crecimiento económico “con igualdad” (lema de Ricardo Lagos). Pero no entendiendo esta igualdad como una igualdad en los resultados materiales en la salida, sino más bien de oportunidades en la entrada. Lo cierto es que es poco riguroso sostener que, tanto a través de la derecha chilena como de la misma Concertación, los años 1990-2010 se hayan caracterizado por un Estado casi ausente en materia económica y social.

No por nada, durante el ciclo político de la Concertación, el aparato del Estado se comenzó a agrandar, como no lo había hecho desde el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931). Esto tuvo lugar a través de la creación de una gran cantidad de nuevos organismos públicos y ministerios, asociados a grupos y a problemas específicos: indígenas, mujeres, regiones, deportes, juventud, derechos humanos, entre un largo etcétera. En términos generales, la derecha tendió siempre a apoyar este proceso de crecimiento estatal y burocrático. Y aunque —por ejemplo, a través de centros de estudios como Libertad y Desarrollo— propició “soluciones privadas para problemas públicos”, ello nunca supuso una ausencia total del Estado, ni en la economía ni en la vida social.

Pero hay más. Durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera, la derecha no sólo ha aumentado ostensiblemente el tamaño del Estado —por ejemplo, mediante la creación de los ministerios de Deportes y de Ciencia y Tecnología, entre varios otros nuevos organismos—, sino que ha impulsado una gran cantidad de políticas sociales que la alejan de la idea de un Estado meramente subsidiario. No por nada, durante la campaña presidencial de 2017, Mauricio Rojas llegó a señalar que el programa de Piñera II se parecía bastante al Estado de Bienestar existente en Suecia. Y creo no se equivocaba. Dicho programa contiene un capítulo denominado “un Chile justo y solidario para caminar juntos”, un esquema muy similar al de los veinte años de la Concertación. En este capítulo, se refieren políticas públicas en favor no sólo de los más necesitados, sino incluso de la clase media y de los pequeños y medianos empresarios. Podrá, por cierto, discutirse la calidad y profundidad de estas políticas; y podrá esto hacerse de manera práctica, en virtud de sus resultados concretos, o de manera ideológica o normativa. Y en este segundo caso, podrá discutirse la intensidad y profundidad de la acción del Estado, por ejemplo, criticarlo por ser meramente suficientarista o focalizado (cuestión, como aquí se ha visto, muy discutible).

Pero, en todo caso, nuevamente resulta muy poco riguroso sostener que, bajo los dos gobiernos de Piñera, la derecha haya impulsado una defensa dogmática de la libertad económica en favor de un Estado ausente o de subsidiariedad puramente negativa. Las políticas públicas impulsadas y los datos históricos demuestran que esto no es cierto, y tampoco lo es en el contexto de la larga tradición de la derecha en Chile, considerada especialmente desde la década del 30 del siglo pasado.

Sí hay dos cosas que son ciertas. La primera es que la derecha ha sido débil y torpe para defender el libre mercado como el eje del desarrollo económico y de la vida social de los chilenos. Curiosamente, quien de manera más destacada, en el seno del espacio público, ha hecho esta defensa ha sido un socialdemócrata moderado: Carlos Peña. En cambio, la mayoría de los intelectuales de derecha —los más visibles, al menos— han visto en el mercado, representado en el consumo, un espacio de enajenación y de egoísmo, más bien que de desarrollo personal y de búsqueda del propio proyecto de vida.

Y la segunda verdad guarda relación con la circunstancia de que, para la izquierda hoy hegemónica en Chile —caracterizada por impulsar el reemplazo del “orden neoliberal” por un supuesto “régimen de lo público”—, toda acción del Estado termina siempre siendo insuficiente. No se trata únicamente de sacar del mercado de los llamados “derechos sociales” (educación y salud, de manera emblemática), sino de someter a los chilenos a una política y cultura de un Estado maximalista, que sería —se afirma— capaz de establecer una “comunidad de origen y destino” (El otro modelo).

Y vinculando esas dos verdades, lo cierto es que la claudicación del gobierno —encabezada desde RN por Mario Desbordes— frente al diagnóstico de la izquierda en torno a las causas del estallido (la existencia de un supuesto malestar mayoritario de los chilenos frente al “modelo neoliberal”), ha terminado por ponerle la lápida al único relato político que históricamente ha caracterizado a la derecha en Chile: una defensa no sólo de la libertad económica, sino también de un Estado al servicio de los más necesitados. Sin este relato, que en lo sustantivo no es tan distinto del que caracterizó a la Concertación durante veinte fructíferos años, resulta muy difícil no sólo ganar la próxima elección, sino sobre todo la próxima generación. En este sentido, y aunque suene duro decirlo, no cabe duda de que la derecha chilena está hoy prácticamente muerta en términos ideológicos y culturales.

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