La situación de violencia que arrecia en la Macrozona Sur ha escalado a niveles insostenibles y el Gobierno sigue vacilando en su decisión de permitir que las FFAA vuelvan a intervenir. Dicha vacilación se debe a que el proyecto de estado intermedio no tiene asegurados los votos, por la resistencia del PC y el FA a aprobarlo, pues según éstos, “los militares podrían violar los DDHH”, lo que ha obligado al Presidente a dilatar su envío al Congreso.  

Mientras todos los días ocurren graves atentados terroristas contra víctimas inocentes, el PC y el FA se dan el lujo de impedir que vuelvan a patrullar las FFAA, ¡porque podrían violar los DDHH de los violentistas! O sea, a los comunistas y frenteamplistas no les importa que siga escalando y extendiéndose la violencia, en lugar de proteger a las víctimas e imponer orden y seguridad, porque existiría una posibilidad que alguno de esos terroristas sufriera una supuesta violación a sus DDHH por parte de los militares.  

Frente a ese descomunal acto de radicalismo ideológico, que tiene al Presidente atado de manos para intentar reponer la vigilancia compartida de Carabineros y FFAA, el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, desafía al Gobierno y al propio Presidente ante la posibilidad de que se apruebe el proyecto de estado intermedio, con un llamado hecho el pasado miércoles 11 de mayo “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía por el territorio y autonomía para la nación mapuche”. 

Ante ese violenta proclama a la insurrección armada, que no es la primera que hace Llaitul, la reacción del Gobierno fue débil. La vocera Camila Vallejo dijo solamente que “condenamos el llamado”, asegurando que se insistirá por la vía del diálogo y agregó: “las amenazas no nos parecen, y cuando tengamos que poner mano dura, ocuparemos las herramientas de la ley”. 

¿Qué más están esperando para aplicarle esa mano dura a la CAM y a su líder Llaitul, considerando que el llamado a  organizar la resistencia armada constituye, a mi parecer, un acto de sublevación que se podría calificar como rebelión? Ello, junto a la sedición, son delitos contra la Seguridad Interior del Estado y sus responsables deben ser encarcelados, tal como lo establece el Código Penal. 

Lo anterior implica que el gobierno dispone de las herramientas legales para imponer la mano dura que anunció la vocera, pero al quedare solo en declaraciones carentes de acción, terminan siendo solo palabras que se las lleva el viento, con lo cual, el terrorismo podrá seguir vigente con total impunidad. 

Si el Presidente lograra aprobar el Estado Intermedio, y las FFAA regresan a la Macrozona, se les deberá establecer claramente cuáles son las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y asegurarles la debida protección legal y apoyo político, en caso de que tuvieran que recurrir efectivamente a usar su armamento ante una provocación armada. Dado el nivel de penetración que tiene el PC en Defensa, ¿será posible aquello, cuando frenan al Presidente de presentar el proyecto de Estado Intermedio porque desconfían de las FFAA?

Lo único que está claro es que cada día hay nuevos atentados, robos, usurpaciones, etc., y ante esa violencia, no hay responsables, no hay detenidos ni juzgados y lo que sigue es una total impunidad ante la impotencia de las víctimas, que reclaman con justa razón que el Estado las ha abandonado porque sienten que no existe la voluntad política para detener el terrorismo que asola en la Macrozona sur.

El proyecto de Estado Intermedio debería ser aprobado en el Congreso. Veremos, a la hora de la verdad, qué apoyo recibe el Presidente de su propia coalición y si están dispuestos a intervenir con todo el rigor de la ley para combatir el terrorismo que tantas víctimas y dolor ha causado y sigue causando en la Macrozona Sur.

*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta