El proceso constituyente tiene por finalidad dotar al país de una nueva Constitución, es decir, de una Carta Magna que defina las bases del orden social y político. Ese documento, de no ser impuesto por la fuerza, debe basarse en amplios acuerdos donde confluyan las principales corrientes culturales y políticas del país. 

La Constitución asume un conjunto de valores y principios -por ejemplo, los derechos humanos- como criterios orientadores del orden jurídico y da forma a las instituciones del Estado, junto con establecer los vínculos del país con el mundo y determinar la forma en que ella puede ser reformada o sustituida. 

Es la norma básica o superior, como se prefiera, de donde derivan su legitimidad todas las leyes, reglamentos, decretos y sentencias judiciales. Por lo mismo debe ser elaborada con cuidado, sobre todo porque, desde la post guerra, ha dejado de ser sólo un conjunto de aspiraciones para transformarse en norma imperativa, y en algunos casos de aplicación directa. Su contenido incumbe a todas las personas: por lejana que parezca puede interfiere en sus vidas.

El mandato de la Convención Constitucional es que el nuevo texto consagre una república democrática que se enmarque en los tratados ratificados por Chile y que sea respetuosa de las sentencias judiciales firmes. Ese es el marco general dentro del cual deben adoptar sus decisiones los convencionales.

Como afirmaba Kelsen, ello presupone que la Constitución sea una unidad racional sistemática, coherente y legítima: debe reducirse al mínimo la ambigüedad de sus preceptos, no debe contener antinomias ni lagunas. Es verdad que todo texto constitucional está sujeto a interpretaciones, sobre todo sus principios generales, pero mientras más compacta sea su congruencia, menos incertidumbre genera al fijar con claridad el rumbo en que debiera evolucionar el sistema jurídico y los parámetros para que pueda desarrollarse una deliberación democrática auténtica.

La certeza es un valor primario del derecho, que luego se engarsa con la libertad, la igualdad y la justicia.

Para pasar la prueba de su permanencia en el tiempo una Constitución debe ser, ante todo, una norma clara. Debe estar dotada de una lógica interna, un cierto espíritu que le de vida. El otro punto esencial para su permanencia es que se avenga con la cultura plural de la sociedad en que está llamada a funcionar. No puede ser una construcción meramente idealista. Debe responder a la mentalidad de la gente y, al mismo tiempo, señalar un camino de perfeccionamiento estableciendo las instituciones públicas capaces de realizar los principios democráticos que la inspiran.

Ella es un espejo de la sociedad tal cual es y un reflejo de como debiera ser.

El desconcierto

Hay muchas explicaciones posibles del aumento de la desazón con el trabajo realizado hasta ahora por la CC, sin desconocer el esfuerzo desplegado por los convencionales. En esta oportunidad quiero llamar la atención sobre tres causas:

  • No se advierte en la CC un espíritu de diálogo sincero que apunte a recoger los aportes de todos los sectores. No se trata, obviamente, que desde el inicio florezca el acuerdo -algo impensable en una asamblea tan diversa-, sino que prevalezca una forma de debatir los asuntos sin que afloren en forma tan evidente los prejuicios y las descalificaciones, los que han abundado especialmente en los dos extremos de la asamblea. La CC no ha sido un lugar de encuentro, sino una amplificación de los conflictos.
  • Se ha ido produciendo un distanciamiento creciente entre el clima que predomina en la CC respecto de la situación del país. Una prueba al canto: sólo al final se ha comenzado a discutir la forma de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales, que vienen a ser el motivo desencadenante del proceso de movilización que desembocó en el proceso constituyente. Ese debió haber sido el foco fundante. Poco le interesan al ciudadano las pugnas por el bicameralismo del Congreso. Más bien se inclina por lo conocido.
  • La discusión de cada norma por separado a partir de informes preparados por siete comisiones que funcionan intensamente en paralelo ha permitido que se pierda la visión de conjunto y se diluyan las prioridades de cambio: todos los asuntos aparecen igualmente relevantes, cuando se trata de dejar atrás una democracia asociativa propia de la transición y pasar a una democracia deliberativa y abierta a la participación; superar un Estado centralista buscando una articulación regional y buscar una forma adecuada de relación con los pueblos originarios; asumir el desafío ecológico y las reivindicaciones feministas. 

Un modelo para armar

A fines de este mes o comienzos de mayo tendremos el conjunto de artículos definitivamente aprobadas por el pleno. Será, entonces, fácil de advertir que esa multiplicidad de normas no guarda entre sí ninguna coherencia y que tampoco han sido formuladas en un mismo nivel de generalidad. Unas contienen enunciados más o menos abstractos, otras entran en detalles propios de la ley o incluso del reglamento. 

A dos meses de terminar su trabajo, los convencionales deberían reflexionar seriamente cómo superar esa dispersión inorgánica. La Comisión de Armonización, tal como está concebida en el Reglamento, difícilmente podrá resolver el problema: tendrá 40 integrantes, sus propuestas de cambio serán votadas luego en el Pleno una por una y carece de atribuciones para entrar al fondo de los temas. Aunque bien sabido es que una palabra en derecho puede cambiar el significado de una norma, la Comisión de Armonización no parece ser la instancia más idónea para dar forma a una nueva Constitución a partir de los artículos ya despachados, salvo que se produjera un cambio importante del Reglamento.

El fruto del trabajo de las Comisiones es importante y contiene aportes significativos y novedosos que deben ser tomados en consideración. Los ladrillos están, falta construir el edificio. El problema es que se asemejan a piezas dispersas de un rompecabeza que alguien tiene que armar y cuya sanción final debe tener lugar a través de una sola votación para evitar que se vuelva a desarticular.

La creación de una nueva Constitución supone un acuerdo mayoritario. Algunos han hablado de un nuevo pacto social y político. En ese ejercicio deliberativo todos tienen que flexibilizar sus posiciones, sin perder de vista la racionalidad del texto constitucional y su sintonía con la ciudadanía. Nadie quedará plenamente satisfecho. Pero tampoco nadie se debe sentir excluido o descartado.

¿Sería fuera de lugar pensar que la CC creara de hecho o de derecho -visto que no dio vida a la Secretaría Técnica – una instancia formada por representantes de los diversos grupos o colectivos que revisara lo aprobado e intentara formular una nueva Constitución? Su trabajo podría alimentar la Comisión de Armonización, está vez sí con toda propiedad, para revisar materias de lenguaje y estilo. Así se perfeccionaría el texto y la norma.

Tomar el toro por las astas

Las últimas encuestas han sido un campanazo de alerta. No es seguro el resultado del plebiscito, máxime cuando el voto será obligatorio. El voto apruebo se ha ido desgajando. Múltiples sectores se sienten amenazados y desconfían del cambio.

De no mediar una instancia de debate político de fondo antes de entregar la propuesta al Presidente, puede suceder que, al no ser un texto de consenso sustantivo que asegure una nueva casa para todos, cualquiera que sea el resultado del plebiscito, el país en vez de ir superando la crisis que provocó el proceso constituyente se vea sumido en un nuevo torbellino político. Por eso el Presidente Boric ha advertido que es preciso ensanchar los consensos alcanzados

Si ganara el rechazo será difícil dar un nuevo impulso al proceso constituyente para evitar que con ello simplemente se ratifique la vigencia de la actual Constitución. Cabe despejar un malentendido: ella no es la original de 1980, que dicho sea de paso nunca entró en vigencia tal cual fue diseñada por sus autores como “democracia protegida, autoritaria y excluyente”. Pero luego de 30 años manifiesta sus serias limitaciones. Las fuerzas conservadoras no advirtieron a tiempo los cambios que tantas veces fueron planteados en el Parlamento, por ejemplo, sobre reconocimiento de los pueblos originarios, los quórums supra mayoritarios y la ausencia de mecanismo eficaces de participación directa de la ciudadanía, para no hablar de los enclaves autoritarios que subsistieron hasta el 2005.

¿Cómo retomar el impulso de cambio constitucional luego de un eventual rechazo, que una parte del país entenderá como punto final? Subsistiría la desconfianza hacia las instituciones, con la CC incluida. Además, es evidente que ese resultado significaría un duro revés para el actual Gobierno y las coaliciones que lo sustentan. El país podría entrar en una etapa de máxima incertidumbre y desconcierto social de consecuencias imprevisibles.

A su vez, si gana el apruebo surgirá con fuerza el problema de la implementación de la nueva Carta Fundamental, sobre todo si esa decisión no tiene un apoyo abrumadoramente mayoritario. Su entrada en vigor probablemente será por partes; la arquitectura institucional que requiere de leyes habilitantes dependerá de un parlamento empatado en que las fuerzas mas reacias al cambio difícilmente darán su apoyo a los cambios y adecuaciones necesarios para que puedan funcionar las nuevas instituciones. Es posible que durante todo el actual gobierno se viva una constante rencilla legislativa sobre cada una de esas normas, mientras se iría esfumando la idea misma de nueva Constitución.

Ese escenario de polarización legislativa no favorece a nadie. Es posible, incluso, que aumente el rechazo ciudadano a la política. No hay que olvidar que la Constitución de 1925 contemplaba las Asambleas Provinciales y los Tribunales Administrativos y que ninguna de esas instituciones fue creada porque no se dictaron durante 50 años las leyes que lo hicieran posible.

Los convencionales debieran evitar esos escenarios de incertidumbre. Aún están a tiempo. Llegó el momento de una atenta revisión de su trabajo para dar vida a una instancia de reencuentro político que disipe las dudas proponiendo una verdadera nueva Constitución.

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1 comentario

  1. El problema de la convención es el siguiente: es la fase institucional de una revolución, no otra cosa, lo de los derechos sociales es necesario para acceder al poder, es propaganda, lo importante para ellos es lo que ya se cocino en secreto al electorado: el sistema político, es decir, la repartición del poder.

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