Todos sabemos que, a veces, al ser humano lo afectan enfermedades que, si no se tratan a tiempo, se trasforman en terminales y fuera del alcance de cualquier terapia. Los países, de igual modo, sufren en ocasiones situaciones que se comportan de esa manera y que, pasado cierto límite, ya no son solucionables de resolver para el sistema político que los gobierna. 

Chile está sufriendo una situación de ese tipo con el violentismo que está socavando diariamente la convivencia civilizada de su población. Hemos llegado a un punto en que la solución de ese problema solo es alcanzable con un nivel de represión en estado de excepción que necesariamente sería peligroso y muy penoso.  

El estado de violencia social a que aludo lo conforman varios factores concomitantes: una causa reivindicatoria mapuche, un aprovechamiento de ella por mafias delictuales, unas pobladas urbanas que han hecho del desorden y el vandalismo una profesión, una crisis estudiantil profunda y endémica que ya es completamente irracional, una conversión del narcotráfico en pandemia a nivel nacional, bandas de extranjeros ilegales, y, sobre todo, una agitación política planificada y pertinaz.  

Ahora bien, esperar del gobierno de Gabriel Boric una acción eficaz para siquiera contener toda esa violencia, es, simple y llanamente, pensar en lo excusado. Ese gobierno se gestó, en una buena medida, precisamente en el caldo de cultivo de esa violencia, responde a ella y es en parte responsable de ella. Boric no habría llegado jamás a la presidencia de Chile de no ser por circunstancias extraordinarias como precisamente es ese nivel de violencia. Todavía más, el principal partido de gobierno, como es el Comunista, contempla la violencia como parte de su programa, según hemos podido comprobarç con Lenin como testigo. Para hacer las cosas todavía peores en lo que respecta a este gobierno, sus relaciones con las fuerzas de orden que tendría que utilizar para contener la violencia son redondamente pésimas, de modo que es muy dudoso que esas fuerzas se convirtieran en su aliada para solucionar siquiera alguna parte del problema.

Comprendiendo que la impunidad ante la violencia continuará tanto cuanto permanezca Boric en La Moneda, nos surge una inquietud mucho más trascendente: ¿es posible frenar esta violencia para un sistema democrático? Dicho de otro modo, ¿es reprimible una violencia del grado de la que vivimos para una democracia como la nuestra, aún si existiera la voluntad política para ello? Para responder a eso, el auxilio de la historia es imprescindible. Y nos enseña que, pasado cierto nivel, solo un régimen autoritario puede hacerlo, como ocurrió en el caso del régimen bonapartista tras el terror de Robespierre, de la tiranía del PRI tras la revolución mexicana o, en el propio Chile, con la dictadura de Pinochet tras una  anarquía en que terminó el gobierno de Allende. Es indudable que la historia responde rotundamente que solo el autoritarismo riguroso resuelve problemas de violencia anárquica pasado un determinado límite. Pero ¿estamos más allá o más acá de ese límite? En verdad que no lo sé.

Todos nos damos cuenta de que el terrorismo en la Araucanía ha pasado de ser una esporádica manifestación reivindicativa a ser una actividad guerrillera planificada, armada y sumamente violentista. Y ese tipo de terrorismo solo es controlable con una militarización profesionalmente enfocada, como ocurrió en Colombia, en México y en Perú. Todos sabemos que la violencia estudiantil ya no tiene propósitos racionales sino que es la manifestación endémica de una juventud compuesta de miles de “rebeldes sin causa”, de modo que acabar con ella exigirá medidas muy extremas y muy desagradables. ¿Es posible eso en un país en que el tema de los derechos humanos es invocado y manoseado por los propios violentistas ideológicos que infectan al propio Estado?

Pero ocurre que son muy pocos los chilenos que desean un régimen autoritario. Están todavía muy frescas las heridas que nos dejó la solución de ese tipo, de modo que una abrumadora mayoría desea una solución que no implique la muerte de nuestra democracia.  Pero, si eso fuera todavía posible, sería por un cambio de orientación política de una envergadura todavía impensable.  

Tal vez la situación a que hemos llegado nos enseñe a asumir la colectiva culpa de no haber exigido, cuando todavía era posible, una acción eficaz frente al violentismo. Nos enseñe que una democracia es un lujo que hay que cuidar para que no perezca. Nos enseña que es de ingenuos aceptar que nuestro sistema no tenga forma de protegerse preventivamente de quienes crecen con el violentismo, como es el caso del Frente Amplio y del Partido Comunista, cuyo corolario es un “Don Nadie” en la Moneda.

Debemos tomar conciencia de que es imposible que Chile subsista con tres y medio años todavía sin reacción a la violencia. Por más que hoy el actual gobierno se sostiene solo en que a nadie le conviene que termine, pensando en Chile es imposible condenar al país a tan largo tiempo de impotencia. Es el problema del tiempo el que acucia como ningún otro a los estamentos políticos. En lugar de estar cocinando un acuerdo para redactar una constitución en “patota”, nuestros políticos debieran concentrarse en cómo tener una democracia constitucionalizable.

*Orlando Sáenz es empresario.

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