La segunda administración de la Presidenta Bachelet se ganó, casi desde el principio, el título de mal gobierno, no solo porque defiende malas ideas (las mismas que casi arruinan a España y están arruinando a Grecia, parientes cercanas de las que se aplican en la América chavista), ni por improvisar reformas que cambian pilares claves para Chile, ni por dejarse pautear por la CUT, los estudiantes y los sindicatos del sector público.
Es un mal gobierno, fundamentalmente, porque no cumple con la tarea esencial para la cual fue elegido: administrar los recursos fiscales, garantizar la seguridad y entregar a la ciudadanía servicios públicos oportuna y eficazmente.
Partamos por la Salud. La Nueva Mayoría cerraba el miércoles la sesión de interpelación a la ministra en la Cámara entre vítores y saltos de alegría, mientras dos congresistas abrazaban una bandera chilena y posaban para las cámaras junto a la interpelada y al ministro Eyzaguirre. La foto fue la portada de la web del Ministerio de Salud durante todo el jueves, probablemente porque el gobierno estima que es digno de celebrarse que la ministra Castillo confirmara prácticamente todos los déficits de la gestión.
La promesa presidencial de entregar 20 hospitales durante su período no se cumplirá y, sin más argumento que la ideología anti privados, se desahució la construcción concesionada. La deuda hospitalaria ha crecido en 150 mil millones en los últimos seis meses y alcanza hoy los 250 mil millones. Se ha usado hasta ahora apenas un 20% del presupuesto para la inversión en salud del 2015 (que se nos dijo hace un año era la prioridad). Como si todo lo anterior fuera poco, durante la interpelación, la ministra de Salud resolvió el problema de las listas de espera -terminadas a fines de 2013 y de vuelta a partir de marzo de 2014– con un simple ajuste semántico: “no se llaman listas de espera, sino tiempos de espera”; y confirmó que se mantienen como funcionarios un centenar de asesores que instaló la ex ministra Molina, con funciones y domicilio hoy desconocidos.
Como podemos ver, la Nueva Mayoría debió más bien ponerse colorada al terminar la sesión de interpelación y no exponerse a hacer el ridículo, usando el pabellón patrio para celebrar el fracaso en un área vital para 13 millones de chilenos que se atienden en la Salud Pública.
Pasemos ahora a Educación, la perla del Programa de Gobierno. En esta, materia las demostraciones de ineptitud y de inconsistencia técnica lamentablemente se suceden unas tras otra. El proyecto de Nueva Carrera Docente (todavía en el Congreso) fue literalmente intervenido por el gremio de los profesores, tras un paro de 60 días. La Presidenta de la República, muy mal informada, se jactó de que ningún colegio va a cerrar sus puertas en el 2016 por la reforma educacional, olvidando que recién estará en total régimen y aplicándose las condiciones más complejas a fines de 2017. Y, en cuatro meses, el Mineduc cambió cinco veces la fórmula para concretar la gratuidad en la educación superior, la promesa presidencial más importante, pese a que faltan apenas 60 días para que 200 mil jóvenes rindan la PSU; mientras la Nueva Mayoría, los líderes estudiantiles y algunos rectores del CRUCH desechan las becas (sistema probadamente exitoso) y repiten incansablemente el slogan de la “gratuidad como un derecho social”.
Si decepciona que la calidad no haya estado en el centro de la reforma educacional, la ineptitud para usar los recursos destinados a ese objetivo es irritante: el programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación cuenta con casi 40 mil millones de pesos para este año, de los cuales se habían usado al mes de julio 11 mil millones, menos de un tercio; el de Desarrollo Curricular y Evaluación tiene 31 mil millones de pesos y se habían ejecutado 7 mil millones, un 23%; y el de Evaluación de Logros de Aprendizaje, responsabilidad de la Agencia de Calidad, cuenta con 19 mil millones de pesos, de los cuales solo se habían usado poco más de 3 mil millones. En síntesis: no solo no innovan para empujar la calidad; tampoco tienen la capacidad de usar los recursos que ya existen para ese fin.
Donde el primer gobierno de la Nueva Mayoría se saca los zapatos en ineficacia es en delincuencia, que no es cualquier área sino la peor evaluada de la actual administración y la principal preocupación de los chilenos en todas las encuestas. La Subsecretaría de Prevención del Delito había ejecutado al mes de julio mucho menos de un tercio de los fondos destinados a programas de Seguridad Ciudadana en el 2015: el programa estrella, el Plan Comunal de Seguridad Pública tiene 24 mil millones de pesos, de los cuales se habían usado 4 mil 700; el de Gestión en Seguridad Ciudadana, creado durante la administración de Sebastián Piñera para que los municipios y las organizaciones de la sociedad civil inviertan en prevención, cuenta con casi 5 mil millones de pesos, de los cuales se han gastado 164 millones ….¡el 3,5%!
Todos esos datos están disponibles en la web de la Dirección de Presupuesto, no son la creación de una brigada de sediciosos, ni tampoco forman parte de la Campaña del Terror. Son, desgraciadamente, la pura y dura verdad y una demostración de la incapacidad de la actual administración, ya no para conducir reformas que resuelvan los problemas que enfrenta Chile, impulsen el progreso y una mejor calidad de vida, sino para hacer la pega esencial de todo gobierno: administrar los recursos públicos para entregar servicios, cumplir con los compromisos de inversión y materializar las políticas ya financiadas.
No sé si será demasiado pedir, pero esperaría de quienes nos gobiernan al menos un gesto de pudor.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: MINISTERIO DE SALUD.