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Publicado el 05 de junio, 2015

¿Un pie en La Moneda, un pie en la calle?

¿Por qué resurgen las movilizaciones, si el gobierno de Bachelet ha tenido especiales consideraciones con la CONFECH, el Colegio de Profesores y la CUT?
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El clima social en Chile vuelve a calentarse. Se están moviendo desde hace ya varias semanas la CONFECH, el Colegio de Profesores, los pescadores, los gremios de la Salud y de varias reparticiones públicas.

Durante los cuatro años del mandato del ex Presidente Sebastián Piñera, la izquierda aplaudió prácticamente todas las movilizaciones (cuando no las impulsó), bautizó a los activistas como “movimiento social”, hizo suyas las demandas estudiantiles, obstaculizó desalojos de colegios e impidió una y otra vez que el Congreso aprobara reformas para sancionar a los violentistas (intocables hasta hoy, ni con el pétalo de una rosa).

Tenemos derecho a dudar si el respaldo de esa naciente Nueva Mayoría al “movimiento social” respondía entonces a la convicción de que sus demandas eran justas, porque mejoraban las oportunidades de progreso y la vida de los chilenos, o al propósito de rentabilizar políticamente un factor que complicaba al gobierno que sacó de La Moneda a la Concertación, tras 20 años de ininterrumpidos triunfos presidenciales (me juego por la segunda opción).

A partir de marzo de 2013, una vez que Michelle Bachelet aterrizó en Chile, los nexos se estrecharon aún más. La candidata dio, una tras otra, todas las señales para que el PC, líder indiscutido del “movimiento social”, se sintiera a sus anchas en la nueva coalición; sumó a ex integrantes de las cúpulas de la CONFECH a su campaña y se aseguró que los partidos les cedieran todos los cupos parlamentarios que fueran necesarios (cómo olvidar que al hoy ministro Marcelo Díaz lo bajaron de una incipiente candidatura en Santiago para instalar a Giorgio Jackson, quien compitió sin compañero de lista).

Un año después, la Presidenta Bachelet los incorporó masivamente a su gobierno. Ahí están, entre muchos otros, Marco Barraza, flamante ministro de Desarrollo Social; Camilo Ballestero, director de la División de Organizaciones Sociales (DOS); y un grupo importante de Revolución Democrática en el Ministerio de Educación. Y ahí están, en el mismísimo Congreso, Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

Una vez instalado el gobierno, la empatía con el “movimiento social” se hizo carne: la primera reforma emblemática que mandó la Presidenta al Congreso fue la tributaria, “para hacer realidad las transformaciones que estamos iniciando, especialmente la reforma educacional” (ni ella pensó que antes de un año de promulgada, la plata se acabaría y hoy no alcanza para pagar la promesa más bombeada, la gratuidad universitaria). Luego vino el proyecto que restringe a los colegios subvencionados (fin al lucro, etc.), una aspiración muy sentida por el “movimiento social”, para terminar “de una vez por todas con la educación como bien de consumo”. Y, después, una serie de reformas y políticas para congraciarse con la CONFECH (gobiernos universitarios), el Colegio de Profesores (bonos para el retiro, restricciones al SIMCE) y la CUT (multirut, reforma sindical).

En el intertanto, el Ministerio de Educación se tomó casi un año para negociar con el Colegio de Profesores una nueva carrera docente, el primer proyecto de la reforma educacional que aborda seriamente un factor clave para la calidad de la educación. El gremio rechazó todas las propuestas, pues ninguna era del agrado de “las bases”, una misión casi imposible cuando se exige la multiplicación de derechos y la minimización de los deberes (en una decisión que muchos celebramos, el gobierno optó por enviar el proyecto al Congreso, en donde se discute desde hace dos meses).

¿Por qué resurgen las movilizaciones, si el gobierno de Michelle Bachelet ha tenido especiales consideraciones con la CONFECH, el Colegio de Profesores y la CUT?

Porque lo que la Nueva Mayoría bautizó en 2011 como “movimiento social”, no es una expresión amplia y diversa de la sociedad civil y de las demandas mayoritarias de los chilenos, sino una combinación explosiva de intereses corporativos con activismo político de extrema izquierda. El ejercicio de poder de la CONFECH exige la insatisfacción ante todas las reformas, la negación al diálogo y, particularmente, la satanización de los “acuerdos”, concebidos por sus dirigentes como una transacción y no como expresión de una sociedad democrática, que balancea mayorías políticas con consensos sociales.

No es la solución a los obstáculos para que la educación sea un vehículo de movilidad social lo que persigue la CONFECH; ni el acceso a la universidad para los jóvenes más pobres (de hecho, las tomas impiden físicamente que miles de jóvenes asistan hoy a clases, mientras escribo esta columna). Para que la “lucha” sea una plataforma de existencia política -que en los hechos les ha resultado muy efectiva- es imprescindible escalar las demandas, extremar las exigencias y correr siempre el cerco un poco más allá, un día con el discurso, al otro en la calle y al siguiente trancando las puertas de colegios y facultades universitarias. Tampoco es calidad en la enseñanza y dignificación de su rol como educadores, con mejores estándares de desempeño, lo que espera de la reforma este Colegio de Profesores.

El gobierno enfrenta hoy tres pruebas de fuego. Primero: demostrar que su compromiso es con la educación y no con las cúpulas de sus gremios. Luego, confirmar que la Presidenta Bachelet lidera su coalición y exigirá al Partido Comunista que decida si sus activistas mantendrán el resto del mandato sus pies en la calle (léase en marchas, tomas y paros) o en La Moneda (decenas de sus militantes son funcionarios, con interesantes remuneraciones, desde el 11 de marzo de 2014). Y, finalmente, si ha recapacitado en estos 15 meses y dejó de confundir la violencia, las tomas de colegios y la destrucción de patrimonio público y privado, con “el derecho a la protesta social”; y la “represión” con el trabajo que realiza Carabineros para asegurar paz a la mayoría de chilenos.

Y como nos lo ha demostrado tantas veces, ya sabemos quién tiene la última palabra.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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