¡Quién podría dudar que el escenario político cambió! La preocupación por la corrupción ha pasado a ocupar el primer lugar, y muchos se preguntan cuál es la salida de la situación presente. Se puede discrepar sobre la gravedad, extensión y profundidad de la crisis, pero hay coincidencia en que el país atraviesa un momento difícil que pone en tensión la madurez cívica y la solidez de las instituciones.
Incluso la Presidenta ha salido a desmentir el rumor de una eventual renuncia.
Lo importante es sacar las consecuencias del cambio de etapa. A todos los gobiernos les sucede: sus planes originales se ven afectados o alterados por los acontecimientos de la contingencia. En el gobierno anterior de Michelle Bachelet hubo dos hitos de cambio: el impacto negativo que produjo la implementación apresurada del Transantiago y el impacto de la crisis internacional del 2008. En ambas ocasiones la Presidenta supo leer bien lo que la sociedad demandaba y ajustar la acción del gobierno a los nuevos desafíos.
Esta vez ocurre algo semejante. Se ha cerrado un primer ciclo del gobierno con un balance positivo desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos de la campaña. La reforma tributaria es un logro y, sobre todo, lo es el cambio del sistema electoral, cambio que puede ser vital para encontrar un camino de superación de los problemas actuales. Son logros que vieron comprometer su trabajo a los ministros Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo.
En la nueva etapa que estamos viviendo quedan todavía reformas por llevar a cabo, como la educacional y la laboral, y otras que esperan su oportunidad, como la constitucional. Pero esas reformas deben ordenarse de un modo diferente, en torno a un eje nuevo. Ese parámetro ordenador es el saneamiento de la democracia, la revitalización de las instituciones representativas y de la conducta empresarial y la modernización del Estado. No se trata de postergar los cambios, sino de hacerlos posibles en una nueva fase siendo sensibles a las preocupaciones de la gente.
Algunos argumentan equivocadamente que entrar en un nuevo esquema político podría ser interpretado como una derrota para el gobierno. No se dan cuenta de que, por el contrario, el fracaso puede ser causado por cerrar los ojos ante la realidad, ser insensible a la evolución de los acontecimientos y continuar como si nada ocurriera bajo el peso de la inercia. El gobierno anterior de Bachelet terminó con grandes niveles de aprobación porque bajo su conducción supo ser flexible frente a oleajes internos y externos.
Parte importante del actuar del gobierno en la nueva etapa debiera ser la tolerancia cero frente a la corrupción. Sin desconocer el principio de inocencia, que sólo concluye cuando hay una sentencia judicial definitiva, no debieran continuar en cargos de alta responsabilidad personas que están siendo indagadas por la justicia. Su salida sería un signo inequívoco de la voluntad presidencial por dar un salto significativo en materia de probidad y transparencia.
Por su parte, si los partidos políticos quieren salir del desconcierto en el que están sumidos, más que hablar de un acuerdo sobre transparencia en general, que la ciudadanía sospecha pueda traer un regalo envenenado, debieran comprometerse con su propia reforma. Los partidos podrían voluntariamente someterse a estándares exigentes de transparencia si se ajustaran a la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, y poner en marcha un proceso de re fichaje de sus adherentes. Así la ciudadanía podría conocer, por ejemplo, cuánto ganan los dirigentes que trabajan en su organización, las transferencias de dinero que hacen a terceros, quiénes contribuyen con sus aportes.
El país está a la expectativa de los próximos pasos políticos.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
Foto: Marcelo Segura Millar / AGENCIAUNO