El Gobierno se ha comprometido a extender el subsidio por el aumento del salario mínimo a las empresas de menor tamaño hasta abril de 2025. Esto en el marco del acuerdo para incrementar gradualmente el ingreso mínimo mensual hasta $500.000 en julio de 2024.
En términos simples, dicho subsidio consiste en un monto por trabajador que percibe exactamente el salario mínimo (o el salario mínimo más gratificaciones, es decir 1,25 salarios mínimos) multiplicado por un factor que recoge la variación del empleo total de la empresa. En esta oportunidad el Gobierno señaló que se introducirán dos cambios: i) se diferenciará el monto según tamaño de empresa y ii) se elevarán los montos en caso de que ocurran determinadas situaciones macroeconómicas adversas.
Este subsidio presenta un grave problema de diseño: incentiva a que las empresas contraten a sus trabajadores por el salario mínimo y ni un peso más. Lo anterior debido a que la empresa recibirá el subsidio sólo por aquellos trabajadores que ganan exactamente el mínimo: el rango de ingreso de los trabajadores sujetos del subsidio es de sólo $3.000, por lo que si un trabajador gana $5.000 sobre el salario mínimo, deja de ser objeto del subsidio. Esto implica que aumentarle el sueldo a un trabajador que gana el ingreso mínimo le cuesta a la empresa el incremento de sueldo más el monto del subsidio por trabajador que dejaría de percibir, que puede llegar a $165.000 dependiendo de ciertas condiciones. Por lo tanto, el incentivo para las empresas de menor tamaño es claro: contratar trabajadores por el salario mínimo y no subirles el sueldo (al menos no formalmente). Este mal diseño debe ser corregido.
Si bien existe consenso en la necesidad de incrementar los ingresos a los trabajadores que ganan el salario mínimo, no lo hay respecto de la mejor forma de alcanzar este objetivo. Un método para lograrlo es incrementar el salario mínimo como lo ha propuesto el Ejecutivo, y otro camino es subsidiar a los trabajadores formales con bajos ingresos, como lo hizo el Gobierno anterior con el Ingreso Mínimo Garantizado.
Subir el salario mínimo por sobre los aumentos de la productividad tiene impactos en el empleo formal, ya que los trabajadores cuya productividad está bajo el salario mínimo no serán contratados formalmente. El diseño del subsidio del Gobierno reconoce implícitamente que el salario mínimo alcanzará niveles por sobre lo que las empresas de menor tamaño pueden pagar. Esto hace necesario entregar una compensación en dinero a dichas empresas para que puedan hacer frente al mayor costo laboral y no se vean obligadas a salir del mercado o a transitar a la informalidad.
Por otro lado, una política que subsidie directamente a los trabajadores formales de bajos ingresos cumple el mismo objetivo, pero introduce menos distorsiones al no alterar los precios en el mercado laboral formal, siendo preferible a la alternativa elegida por el Gobierno.
Este subsidio a las empresas se ha planteado como transitorio, extinguiéndose nueve meses después de que el salario mínimo llegue a $500.000. Surge la duda de si en ese período las empresas de menor tamaño y los trabajadores habrán logrado incrementar su productividad de manera de poder solventar sin el subsidio el mayor ingreso mínimo.
Recientemente en Horizontal encontramos que el salario mínimo viene aumentando por sobre la productividad laboral hace más de dos décadas. Si bien no es posible concluir inequívocamente a partir de dicho dato, es sin duda una señal que debe ser estudiada en mayor profundidad. Es muy importante evaluar qué tan desalineado está actualmente el salario mínimo de la productividad en el segmento de trabajadores afectos al mismo.
En definitiva, frente al diagnóstico de un bajo salario mínimo, se puede subsidiar a la oferta o a la demanda de trabajadores, la primera alternativa es preferible en la medida que introduce menos distorsiones al mercado laboral. Sin embargo, estos subsidios son medidas parches para el problema de fondo: la baja productividad laboral de los trabajadores de menores ingresos.
Así, la respuesta de largo plazo pasa por políticas públicas que mejoren la educación, el sistema de capacitación y la reconversión laboral. El problema es que son medidas más difíciles, costosas y que rinden frutos en plazos más largos, sin embargo, son indispensables para poder incrementar de manera sostenible los ingresos de los trabajadores.