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Publicado el 05 de marzo, 2015

Un juicio justo

Abogado y político. José Antonio Viera-Gallo
En Chile, la audiencia de ayer del caso Penta muestra que todos iguales ante la ley; no así en Venezuela, donde Leopoldo López enfrenta un proceso injusto.
José Antonio Viera-Gallo Abogado y político.
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El caso Penta ha puesto en evidencia la importancia de un proceso judicial justo, público y contradictorio. La reforma procesal penal fue un avance sustancial al terminar con los procesos inquisitivos, cerrados y en que el acusador era a la vez el sentenciador.

Cuando ayer por la mañana vi a los canales de televisión y a las radios trasmitir en directo la audiencia ante el Juez de Garantía en que se decidía la suerte de los imputados, reflexioné con satisfacción sobre el largo trabajo parlamentario en que se discutió y aprobó el cambio del sistema procesal, y pensé que había dado sus frutos. Los interesados pudieron ver cómo se desarrolló el proceso en su primera fase: los fiscales y querellantes formulaban los cargos y los abogados defensores contradecían sus imputaciones.

Todo a la plena luz del día. Ninguna de las partes se opuso a la presencia de los medios de comunicación. Y no hubo excepciones para imputados que representaban al sector más poderoso del país. Todos iguales ante la ley.

Pensé en el fuerte contraste que existe con el juicio que desde hace siete meses se sigue a Leopoldo López en Venezuela, en que se le acusa de incitar tácitamente a la violencia en sus discursos, mientras el afectado permanece preso en la cárcel militar de Ramo Verde, donde no se admiten las visitas de veedores internacionales. Por algo la ONU ha calificado su detención como arbitraria, ha cuestionado la imparcialidad del juicio y ha exigido su inmediata liberación.

El proceso a López es irregular. En una ocasión el Tribunal estuvo sin funcionar por más de un mes. La asistencia a las audiencias es restringida. Efectivos de la Guardia Nacional y del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) impiden el acceso del público al Palacio de Justicia. Incluso están apostados en sus inmediaciones, fuertemente armados. Los medios de prensa no pueden cubrir el desarrollo de las audiencias y a los familiares de los imputados que tienen acceso al Tribunal, les está prohibido grabar y tomar notas.

La jueza Susana Barreiros impide también la presencia de observadores internacionales, incluso sin son abogados que asisten a la defensa de López.

En las últimas audiencias se ha discutido sobre el contenido de los discursos públicos de Leopoldo López para determinar si contienen -aunque tan solo sea subliminalmente- una incitación a la violencia. Para ello se escuchó a Rosa Amelia Asuaje, profesora de la Universidad de los Andes y doctora en lingüística. La catedrática, en su exposición que duró tres horas, concluyó señalando que López tiene un discurso claro y coherente que no tiene relación alguna, ni directa ni indirecta, con la violencia. Para lo cual analizó cinco intervenciones públicas suyas seleccionadas dentro de más de 25 videos presentados por la Fiscalía.

Parece surrealista que un proceso penal pueda centrarse en un análisis de discursos. No hay delitos materiales imputados. Simplemente se argumenta por parte de la Fiscalía, que la capacidad oratoria de López conduciría a que los protagonistas de las marchas populares y estudiantiles en contra del gobierno que tuvieron lugar en febrero del 2014 realizaran actos violentos contra la propiedad privada y pública. Si se siguiera ese singular criterio, muchos líderes sociales y políticos de nuestro país y de América Latina estarían tras las rejas.

Además -como hemos dicho- el juicio se lleva a cabo a puertas cerradas, sin que la ciudadanía se entere de su desarrollo ni los interesados, más allá de los familiares, puedan presenciar las audiencias. Nadie conoce las argumentaciones de los acusadores y de los defensores. ¡Qué contraste con lo vivido ayer en el caso Penta! Todos los que quisieron pudieron enterarse de lo ventilado en el proceso. Por algo la Comisión Internacional de Juristas, en un contundente informe, ha señalado las fallas de fondo que tiene el actual sistema judicial venezolano, que se doblega fácilmente frente a los propósitos del Gobierno. Conocimos en Chile ese tipo de sumisión de la magistratura durante la dictadura, y miles de ciudadanos se vieron desamparados.

La garantía de un debido proceso es una piedra angular del Estado de Derecho y una característica de la democracia. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo, libre de toda arbitrariedad o parcialidad por parte de la magistratura. Las leyes pueden ser imperfectas y las sentencias erradas, pero los dados no están echados desde la detención de los inculpados como ocurre en las dictaduras o en los regímenes que se encaminan hacia el autoritarismo. El juez fija los límites al poder político.

Por eso cuando el Presidente de la Corte Suprema afirma, al inaugurar el año judicial, que la misión esencial de los jueces es defender los derechos de las personas en forma igualitaria, no hace sino reafirmar un valor esencial de la democracia, que lamentablemente no se cumple hoy en Venezuela.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

 

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