El pasado 2 de septiembre entró en vigencia la Ley 21.420 que introduce un impuesto de 10% a la ganancia de capital que inversionistas no institucionales obtengan de invertir en acciones, fondos mutuos y fondos de inversión (excluyendo a AFPs, bancos, AGFs y compañías de seguros). El objetivo es que el fisco cuente con ingresos suficientes para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), algo que en principio cumple con la norma generalmente aceptada de que “gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes”. Sin embargo, la introducción de este impuesto podría tener efectos no deseados sobre la inversión, el ahorro privado, la eficiencia del mercado e, incluso, en los niveles de recaudación, afectando a las personas y a las empresas.

En 2001, el gobierno de Ricardo Lagos impulsó la Ley 19.768, que promulgaba la exención del impuesto a la ganancia de capital, con el fin de entregar una mayor profundidad y liquidez al mercado financiero. Ese año, los montos transados en la bolsa fueron de US$3.600 millones. Veinte años después, en 2021, las transacciones ascendieron a US$44.735 millones, lo que representa un alza de 1.143%. En este contexto, contar con un mercado de capitales más líquido y profundo ha facilitado que las personas puedan planificar mejor su consumo y que las empresas se financien con menores tasas de descuento, favoreciendo la inversión.

En esta línea, un nuevo esquema podría terminar configurando un escenario económico que presente una menor inversión. En la literatura especializada, existe consenso de que mayores impuestos a la ganancia de capital incrementan la tasa de descuento que enfrentan las firmas para financiar sus proyectos, debido al aumento del costo patrimonial. La situación es muy preocupante, ya que, según el reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, para 2022 y 2023 se espera un descenso anual de la inversión de 3,3% y 4,7%, respectivamente. Así, niveles de inversión aún más bajos podrían implicar un menor crecimiento de la actividad.

Hablamos de las empresas, pero ¿qué pasa con las personas y la eficiencia de mercado? Hoy cada vez son más quienes invierten en el mercado financiero, utilizándolo como un instrumento para asignar eficientemente decisiones de consumo de manera inter temporal. Un mayor impuesto podría desalentar la participación en este tipo de inversiones, impactando en menores precios de los activos, niveles de recaudación y, a la vez, distorsionar las decisiones de ahorro de los hogares. Por otro lado, algunos inversionistas podrían retrasar la venta de aquellos activos que tengan que pagar un alto impuesto (efecto conocido como lock-in), perjudicando tanto a la liquidez como a la formación eficiente de precios en el mercado.

En un contexto económico cada vez más complejo, estos efectos no deseados se sumarían a la elevada inflación e incertidumbre existente, por lo que es transcendental que en los próximos meses se vaya monitoreando la evolución de este nuevo impuesto, con el objetivo de que no se generen mayores desequilibrios en la economía. 

*Giovanni Huerta es economista y magíster en Finanzas de la Universidad de Chile

Giovanni Huerta

Economista y magíster en Finanzas de la Universidad de Chile

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