Durante los últimos meses me dediqué a explicar la propuesta de texto de la Convención a distintos grupos de personas. Todas mis exposiciones (sin excepción) las comencé preguntando a los asistentes qué les interesaba conocer, ya que la propuesta era tan extensa que la necesidad de priorizar los temas de interés era evidente. Todos los grupos (sin excepción) quisieron conocer los derechos sociales y su contenido. Si alcanzaba el tiempo, nos pedían continuar con seguridad y/o plurinacionalidad. Posterior a las respectivas explicaciones, la mayoría de las personas me manifestó su preocupación y desacuerdo con la bajada o letra chica de los derechos sociales. Oraciones como “me gusta el derecho a la vivienda, pero quiero que sea propia”, “soy mapuche, pero qué tiene que ver eso si mi problema y el de mis vecinos de Coronel es de inseguridad” y similares las escuché frecuentemente. 

Es cierto que la Constitución vigente requiere reformas en temáticas importantes como -por ejemplo- sistema político, sin embargo, sinceramente esas otras temáticas no son de interés ni anhelo para las personas comunes y corrientes. De hecho, en mi ruta de exposiciones confirmé que la gran pretensión sobre este proceso era avanzar en resolver las demandas sociales mejorando lo que teníamos sin partir de cero, así como también que si la respuesta de la Convención a esas demandas hubiese sido menos refundacional o si no hubiese pretendido transformar en sinónimos lo público con lo estatal, no habrían importado tanto los corpóreos, las funas o los votos desde la ducha.

El resultado del 4 de septiembre puede tener cientos de lecturas, pero tiene sólo una cuando se trata de demandas sociales, que es lo que originó este proceso y lo que realmente le importa a los ciudadanos. Esta es que los chilenos no están de acuerdo con cómo la propuesta de la Convención pretendía resolver los derechos sociales, enfrentar la inseguridad y mejorar nuestra relación con los pueblos indígenas, base suficiente para avanzar en lo urgente sin necesariamente contar con un nuevo texto constitucional. 

En consecuencia, la política debe dejar de hablar de la política para comenzar a hablar de Chile, es decir, debe poder caminar y mascar chicle al mismo tiempo, lo que exige avanzar en lo urgente a un ritmo acelerado que no necesariamente debe ser el ritmo de resolución de la discordia constitucional. Es más, si una eventual nueva propuesta de texto constitucional interpreta bien los elementos rechazados el 4 de septiembre relativos a la forma de resolver las demandas sociales, esta segunda propuesta deberá ser muy similar en materia de demandas sociales a la constitución vigente y, en efecto, la política habrá pasado años adicionales hablando de la política y no de mejoras sustantivas e inmediatas para los chilenos. Si esto sucede, podríamos llegar a tener una segunda propuesta constitucional contundentemente rechazada, pero en esta oportunidad fundamentalmente por el hastío que provoca el giro permanente sobre temas muy importantes, pero que en realidad no son los más relevantes día a día.

Para evitar un segundo fracaso es necesario avanzar a través de carriles separados. Uno para lo urgente y otro para la discordia constitucional. Para avanzar en lo urgente los incumbentes en política debemos tener presente primero, que el rechazo a la propuesta de la Convención fue un rechazo al programa de gobierno del presidente Boric, en tanto el texto de la Convención fue un fracasado intento por constitucionalizarlo. Segundo, que el oficialismo no sólo debe verbalizar haber dejado de lado la arrogancia, sino que debe realmente enfrentar con humildad el fracaso, lo que implica entender que la propuesta de la Convención no fue rechazada por ser avanzada a su tiempo -como lo esgrimió al pasar el presidente Boric en su cambio de gabinete- sino que fue rechazada porque no interpretó las verdaderas aspiraciones de la nación chilena ya que -les guste o no- el voto obligatorio permitió constatar que los códigos políticos de la ultraizquierda no son los hegemónicos en Chile y -en consecuencia- la batalla cultural para la oposición no estaba absolutamente perdida, como apresuradamente lo concluimos quienes sobre estimamos el octubrismo.

Por su parte, para avanzar en resolver la discordia constitucional la política debe ser honesta y aceptar que no es lo más importante porque no es urgente para los chilenos, pero sí es esencial que estos decidan sobre cómo se resuelve. En efecto, la única forma de que los chilenos toleren la continuidad del proceso es que los mismos chilenos decidamos si continúa y cómo. Para eso la política debe ofrecer distintas alternativas y/o mecanismos, pero siempre teniendo presente que su trabajo diario deben ser las urgencias y nunca más la política en sí misma, aunque teniendo presentes las actuales noticias, lamentablemente parece que éste último error está nuevamente a la vuelta de la esquina. 

*Paz Charpentier es directora ejecutiva de Juntos+Libres.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta