Mañana los diputados comenzarán a votar el proyecto del fin al lucro, selección y copago, el primer proyecto educacional importante de la Nueva Mayoría. Son 120 diputados que votan, los 120 fueron al colegio y muchos de ellos son apoderados, lo serán o lo fueron. Algunos han sido profesores. Cada uno de ellos, si busca en su historia o en sus conocimientos con honestidad y responsabilidad, podría aportar con un argumento a una lista: la lista de tres millones de razones para decir que NO a esta reforma, el mismo número de alumnos que se verán perjudicados de una u otra forma.
Razón 1: El proyecto le da completamente la espalda al aula, peor aún, le hace el quite, centrándose en qué pasa en la oficina de contabilidad y de admisiones, por donde jamás pasa un niño.
Razón 2: Ignora a los profesores y directivos como agentes centrales de la educación. Para ellos, “ya vendrá” un proyecto de carrera docente, ahora, para el Gobierno lo más importante es partir por priorizar fierros, cheques y contratos.
Razón 3: Trata a los sostenedores (y eso proyéctelo a los emprendedores) como aprovechadores y delincuentes, ignorando que en la última década los colegios particulares subvencionados aumentaron su matrícula en casi 400 mil alumnos, mientras que los colegios municipales perdieron medio millón producto de la confianza que los primeros generan en las familias.
Razón 4: Trata a los padres como autómatas e incapaces de decidir cuáles son los mejores colegios para sus hijos. Para eso están las tómbolas y los funcionarios públicos, ya que crea un nuevo proceso de admisión obligatorio y centralizado para los establecimientos que reciben aportes del Estado. La postulación se realizará directamente en los establecimientos o bien de forma remota en el Ministerio de Educación, pero la última palabra no la tiene el director sino que un funcionario a kilómetros de distancia.
Razón 5: Tampoco les permite a los padres aportar de sus bolsillos para mejorar la educación de sus niños. Si le suma la razón 4, en definitiva los deja atados de manos, como espectadores del futuro de sus hijos.
Razón 6: Provocará el cierre de colegios valorados por las familias a quienes les esperan meses de angustia mientras se tramita el proyecto. Este domingo, 200 colegios dieron la alerta de que cerrarán después de estos cambios mediante un inserto en los diarios y muchos otros se sumarán, ya que las nuevas condiciones que trae el proyecto no les permiten seguir adelante. Se romperán comunidades, proyectos y emprendimientos y todavía nadie entiende bien por qué (más allá de la idea de instalar la lucha al lucro como eje político).
Razón 7: Es un primer paso a homogeneizar contenidos, lo que atenta contra la libertad de enseñanza y contra la diversidad en el país. Y lo hace con la amenaza de ¡cárcel! Según el texto que se vota mañana, un sostenedor que decida realizar un programa que su comunidad considera valioso, pero distinto a lo que el Estado quiere imponer, recibirá una multa; y si no puede responder, se va preso. Esto, en la práctica, supondrá que los gestores de educación dedicarán importante tiempo a cumplir con justificaciones administrativas en vez de enfocarse en innovar en educación y, finalmente, terminarán adecuando sus programas y actividades a lo que le dicen desde el Ministerio para ahorrarse problemas judiciales.
Razón 8: Lo que se juega esta semana es mucho más que el paso al Senado, ya que lo que se vota es el rumbo que tomará la educación en Chile. Una vez en el Senado, nacerán las presiones de acuerdo y, de concretarse estos, se pavimentará el camino a la educación superior gratuita, una carrera docente negociada con el colegio de Profesores, con acento en el sueldo y no en el desempeño, y toda una batería de iniciativas que no llevan ni a calidad ni a la equidad en la educación.
No llego en estas líneas a argumentos para 120 diputados, ni menos para los 3 millones de alumnos, pero vamos sumando, esta semana es clave.
Marily Lüders, Foro Líbero.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO