Conmoción ha causado la gravísima denuncia presentada por la ministra de Salud, Dra. Begoña Yarza, a la Fiscalía Regional de Valparaíso, en la que acusa a funcionarios del Hospital Psiquiátrico El Salvador de actos que configurarían el delito de torturas. En breve, los médicos habrían realizado terapias electroconvulsivas (TEC) sin ajustarse a la norma técnica que señala que esta debe realizarse bajo anestesia general, sino que se realizaban bajo premedicación anestésica con Midazolam intravenoso, debido a que no contaban con anestesista.

Para la autoridad sanitaria, esto sería semejante a una tortura, puesto que “están actuando en forma contraria a la Lex Artis, infligiendo intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves…”. Como si esto fuese insuficiente, el equipo del Minsal que acudió al Hospital recomendó “una visita del Comité para la Prevención de la Tortura a dicho centro hospitalario”. Si bien la Ministra posteriormente intentó suavizar las implicancias de su denuncia (sería “una denuncia de hechos, no una acusación de torturas”), el daño a los trabajadores sanitarios, a los pacientes que se atienden en dicho hospital y a sus familias, estaba hecho. 

Esta compleja situación nos obliga a preguntarnos sobre el deber del profesional médico que se enfrenta a una situación de escasez de recursos, ya sea porque la infraestructura es defectuosa, hay ausencia de fármacos considerados de primera línea o, como sería este caso, no hay personal con el conocimiento técnico para realizar un determinado procedimiento. Una respuesta fácil sería que el profesional decida no seguir trabajando allí o que se niegue a realizar los procedimientos que recomienda la lex artis, lo que sólo agravaría la situación para los pacientes que no tienen otra alternativa de elección que seguir atendiéndose en ese lugar. Una segunda opción es intentar simplemente seguir trabajando en condiciones de precariedad, “porque siempre se ha hecho así”. Por último, están aquellos que estando conscientes de que están atendiendo en condiciones subóptimas, siguen brindando lo mejor de sí, pero advierten a la autoridad sanitaria de esta situación, intentando de esa manera lograr que lleguen los recursos necesarios para mejorar el estándar de atención. Esto es lo que hicieron los funcionarios de dicho Hospital, puesto que ellos mismos solicitaron la visita de la autoridad sanitaria para intentar obtener más recursos. Informes de prensa señalan que el anterior Director también había realizado gestiones -sin éxito- para solicitar un anestesista.

Tal como lo ha dicho el doctor Patricio Meza, Presidente del Colmed, “no se puede intentar culpar a los profesionales tratantes de la falta de recursos humanos y financieros asignados al hospital por el servicio de salud y el Ministerio de Salud”. 

A pesar de lo dolorosa de la situación, creemos que existe una enseñanza que debiera contemplarse no sólo en la atención de pacientes con problemas de salud mental, sino que frente a cualquier otro paciente que esté siendo atendido en condiciones que sean indignas (aunque no sea responsabilidad del tratante): existe el deber moral de oponerse a perpetuar una condición de atención de salud que se considere como riesgosa para la salud e integridad de los propios pacientes. Debemos recordar que el profesionalismo médico es la base del contrato de la Medicina con la Sociedad; uno de sus principios fundamentales es el de la primacía del bienestar del paciente, por sobre cualquier otro interés. Para lograr esto, el profesional sanitario debe cumplir con una serie de responsabilidades sanitarias; entre éstas, debe comprometerse en mejorar la calidad de la atención y en lograr una distribución justa de recursos limitados. Pero no podemos olvidar que el principal responsable de entregar estos recursos es precisamente la autoridad sanitaria.

*Dra. Sofía Salas Ibarra, Centro de Bioética, Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.

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