La industria sanitaria en Chile se desarrolló hasta la década de los ochenta bajo el alero del Estado, como un servicio provisto por este a la población. En dicho contexto, la inversión en el sector fue preferentemente pública y debía competir con otras prioridades de inversión del gasto público, incluyendo el destinado a áreas sociales.

En 1993, se realizó la primera privatización de servicios sanitarios del Estado, cuando se otorgó la concesión por 30 años de un área costera del litoral sur de Esval. En 1995, el gobierno del Presidente Frei comienza una estrategia para aumentar las inversiones incorporando al sector privado y así poder liberar recursos estatales de esta tarea.

De esta manera, los montos invertidos en la industria comienzan a crecer paulatinamente: de US$70 millones anuales en los ochenta, a US$277 millones en los 2000, bordeando los US$436 millones promedio anual en la década del 2010. Así, la participación del sector privado trajo consigo montos de inversión que difícilmente podría haber aportado el Estado, ya que, en el dilema de toda empresa pública, debe competir con el resto de los proyectos del gobierno, siendo habitualmente postergada.

Estas inversiones han generado varios impactos, en donde el tratamiento de aguas servidas es sustancial. Para quienes fuimos niños en los sesenta o setenta, era común haber padecido tifus en algún momento de la vida; siempre vimos cómo nuestras madres lavaban escrupulosamente todas las verduras antes de ponerlas en la mesa. Algo mayores, vimos cómo en las competencias universitarias de carreras en el Mapocho se generaban muchos enfermos por haber estado en contacto con el agua del río. Nada de eso existe hoy, y es así como Chile lidera el porcentaje de aguas tratadas (https://data.oecd.org/water/waste-water-treatment.htm), superando a países como España, donde es del 88% y México, donde se trata el 66% de las aguas.

De igual manera, Chile es de los pocos países donde se puede tomar agua de la llave sin tener temor a enfermarse. De hecho, de acuerdo al reporte para viajeros (https://www.globehunters.ca/blog/safe-tap-water.htm), los únicos países de América donde es seguro tomar agua de la llave son Chile, Estados Unidos y Canadá. 

Por último, al analizar la tarifa por metro cúbico podemos apreciar que de acuerdo al Global Water Intelligence del 2020, en una muestra de las principales 558 ciudades del mundo, la tarifa en Santiago se encuentra en el lugar 358, a pesar de las condiciones semi-desérticas de dicha cuenca. 

Pues bien, hay un grupo de constituyentes que plantea que el Estado debe volver a tomar el control del sector sanitario, ante lo cual cabe preguntarse ¿qué ganaríamos con eso? En  la actualidad tenemos un sector sano, con crecientes montos de inversión, buena calidad del agua potable, completo tratamiento de aguas servidas y una tarifa competitiva. ¿En cuál de estos atributos el Estado podría hacer mejor? Creo que en ninguno.

*Tomás Flores es economista.

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