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Publicado el 26 de marzo, 2019

Tomás Flores: El peligroso camino de fijar los precios de los medicamentos

Economista Senior de Libertad y Desarrollo Tomás Flores

La literatura reitera el negativo efecto de establecer precios máximos, que probablemente serán inferiores al costo de producción, con lo cual desaparecerán medicamentos de las farmacias debido a que no existiría ningún incentivo a ofertarlos.

Tomás Flores Economista Senior de Libertad y Desarrollo
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Durante la tramitación del proyecto de ley Fármacos II en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se aprobó, con votos de la oposición, una indicación que le permitiría al Ministerio de Salud, mediante Decreto Supremo, fijar los precios de productos farmacéuticos, alimentos y elementos de uso médico para garantizar su acceso universal a toda la población. Ello prevendría, según la indicación, el abuso de posición dominante de cualquiera de las empresas involucradas en la cadena de valor.

Al abordar, en primer lugar, el tema del acceso de bienes y servicios, es prudente recordar que en una economía de mercado se permite que el precio de los bienes, en un contexto competitivo, refleje el costo de producción, de manera tal que los recursos escasos sean utilizados de la manera más eficiente posible. Sin embargo, es posible que dicho equilibrio deje a personas sin posibilidades de comprar dichos productos. En ese caso, y de acuerdo a la decisión de política pública, el Estado puede subsidiar parcial o totalmente el precio de estos productos, de manera tal que dicho beneficio focalizado le permita a las personas más modestas acceder a los medicamentos. De hecho, un porcentaje importante de quienes se atienden en la salud pública reciben sus medicamentos gratuitamente. Asimismo, hay gobiernos locales que los venden a precios subsidiados y organizaciones como la Liga contra la Epilepsia que ofrecen rebajas sustanciales.

El Ministerio de Salud a mi juicio no tiene las competencias para fijar un listado de precios de miles de productos, como lo hacía infructuosamente la Dirinco durante la administración Allende.

La indicación señalada parece ir en la dirección de una fijación generalizada de precios, los cuales evidentemente estarían por debajo de los actuales, fijando así precios máximos. La literatura reitera el negativo efecto de fijar precios máximos que probablemente serán inferiores al costo de producción, con lo cual desaparecerán medicamentos de las farmacias, debido a que no existiría ningún incentivo a ofertarlos. Esto generaría una discusión sustancial con el Ministerio de Salud, que a mi juicio no tiene las competencias para fijar un listado de precios de miles de productos, como lo hacía infructuosamente la Dirinco durante la administración Allende.

Actualmente, existen precios máximos que son definidos a partir de un proceso regulatorio, tales como la tarifa de distribución eléctrica, de agua potable o el cargo de acceso de telefonía, pero todos ellos dan cuenta de la existencia de monopolios naturales, que no están presentes en la industria farmacéutica.

En segundo lugar, el abuso de posición dominante está descrito detalladamente en nuestra regulación antimonopolio, por lo cual toda conducta abusiva que atenta contra la libre competencia debe ser denunciada ante el Honorable Tribunal de la Libre Competencia, exponiéndose los autores a elevadas sanciones en el caso de ser declarados culpables. Así, la fijación de precios es la manera más ineficiente para enfrentar estas conductas y así es como el informe de la Fiscalía Nacional Económica da soporte a la modificación legal que se tramita actualmente sobre el sistema registral. Es posible que el reporte que dicha fiscalía está preparando sobre la industria farmacéutica entregue nuevas luces que permitan hacerla más competitiva, permitiendo que los chilenos tengamos acceso a buenos medicamentos con precios que reflejan una intensidad competitiva similar a la que vemos en otros mercados, sin que tengamos al Ministerio de Salud fijando precios por decreto.

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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