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Publicado el 15 de octubre, 2019

Tomás Flores: El ocaso del sistema previsional antiguo

Economista Senior de Libertad y Desarrollo Tomás Flores

Mediante dos Decretos de Ley, en 1980 se reformó el sistema previsional, transformándolo en uno de capitalización individual. A 38 años de ello, comienzan a cerrarse algunos de los elementos de esa transición, los cuales tuvieron un significativo costo fiscal que fue bien administrado a lo largo del tiempo, coronando probablemente una de las reformas más importantes de las últimas décadas.

Tomás Flores Economista Senior de Libertad y Desarrollo
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Chile fue el primer país de América Latina que creó un sistema de seguridad social a comienzos del siglo XX, tomando como modelo el sistema alemán creado en 1890, diseñado por Otto von Bismarck. Paulatinamente, se fueron creando diversos regímenes de pensiones, diferenciados por el tipo de actividad o grupos ocupacionales, con reglas y beneficios distintos, y es así como llegaron a coexistir en nuestro país 52 “cajas” o instituciones de previsión, las que operaban bajo el esquema de reparto. Esto significa que los aportes de los afiliados activos financiaban las pensiones de los pasivos y, por tanto, la subsistencia del sistema estaba supeditada a la relación “trabajador/pensionado” existente en la población en cada momento del tiempo.

Si bien en los primeros años, las cajas lograron operar sin financiamiento público, los cambios demográficos -disminución de la natalidad y un aumento en las expectativas de vida- alteraron la relación cotizante/pensionados, provocando un fuerte desfinanciamiento del sistema. En el año 1955 por cada 12,2 trabajadores cotizantes había 1 pensionado, mientras que en 1980 por cada 2,5 trabajadores cotizantes había 1 pensionado.

La publicación del Decreto Ley 3.500 (el 13 de noviembre de 1980) y el Decreto Ley 3.501 (el 18 de noviembre de 1980) reformó el sistema previsional, transformándolo en un sistema de capitalización individual. Esta sustancial reforma le permitió a los cotizantes del sistema de las cajas previsionales tomar una de dos opciones: mantenerse en el antiguo sistema (Instituto de Normalización Previsional, actual Instituto de Previsión Social) o trasladarse al nuevo sistema, emitiéndose un bono de reconocimiento por los montos anteriormente aportados para el afiliado.

Si bien la discusión se ha concentrado actualmente en la regulación de las AFP, resulta conveniente mirar lo que ha ocurrido con lo que queda del sistema antiguo. En enero de 2017 había 670 mil pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que en septiembre recién pasado esa cifra había bajado a 620 mil personas. Esta es la razón por la cual el presupuesto 2020 considera una reducción de 1,5% del gasto en pensiones, lo que equivale a cerca de US$ 52 millones. Aunque parece increíble, aún hay 30 mil personas que siguen cotizando en el sistema antiguo, todos mayores de 51 años actualmente y que se jubilarán en algunos años más bajo las reglas de la caja de previsión donde estaban afiliados. Esto lleva a que este gasto nos seguirá acompañando, en tendencia decreciente, por varias décadas más.

En cambio, el gasto en los Bonos de Reconocimiento está cerca de terminar. En el presupuesto 2019 hay US$ 749 millones para este propósito, lo que se reducen hasta US$ 596 millones para el próximo año, es decir, una caída de US$ 153 millones equivalente a un 20%. Esta tendencia decreciente comenzó hace unos años atrás y ya para 2025 dicho desembolso será cercano a cero, ya que en enero de 1981 abrió la primera AFP, Santa María -hoy Capital-, en donde se pudo haber afiliado un joven de 18 años, que se está jubilando en estos días. Este trabajador nunca estuvo en el sistema antiguo y por tanto no necesita un Bono de Reconocimiento.

De esta manera, después de 38 años de iniciada la reforma a nuestra seguridad social, comienzan a cerrarse algunos de los elementos de la transición, los cuales tuvieron un significativo costo fiscal ya que el dinero para pagar los Bonos de Reconocimiento no estaba ahorrado en ninguna parte, al mismo tiempo que el Estado debe seguir pagando las pensiones de los jubilados del sistema antiguos mientras los cotizantes emigraron masivamente al sistema de capitalización individual. Este costo fiscal fue bien administrado a lo largo del tiempo, coronando probablemente una de las reformas más importantes de las últimas décadas.

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