Si hay una función del Estado que no puede faltar nunca, es la de dar seguridad a la población. Esta tiene múltiples dimensiones, y abarca tanto el control territorial, como la persecución de los distintos tipos de delitos, pasando por asegurar el orden público en las calles. Hoy, esa tarea esencial parece estar en riesgo. Es cierto, han surgido nuevas formas de criminalidad para las cuales no estábamos bien preparados. Lo reconoció el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en una entrevista reciente: ya se sabe que en Chile operan el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Son carteles de crimen organizado de renombre mundial, que ponen en riesgo el éxito de esas funciones básicas, y crean órdenes paralelos que, una vez instalados, es casi imposible erradicar.

Todo esto acontece en un clima todavía más difícil para abordar el problema: el gobierno no parece tener claridad alguna en el tema. El Presidente anunció hace meses un acuerdo nacional por la seguridad que duerme el sueño de los justos en algún cajón perdido de La Moneda. No se logra comprender cómo una de las prioridades de la ciudadanía no se transforma en un eje central para el Ejecutivo. En cambio, hemos recibido comentarios amplios, del tipo “se deben controlar las causas profundas de la delincuencia”, lo cual es muy correcto, pero muy insuficiente. La crisis de seguridad existe hoy y ahora, y compromete la viabilidad del programa de Apruebo Dignidad, de sus eventuales reformas, pero, sobre todo, presiona las costuras de nuestra comunidad política.

Nada de esto queda lejos de los énfasis del gobierno. Paz y orden para vivir las ciudades; certeza de que podremos caminar tranquilos por sus calles; que las plazas tendrán un mínimo de seguridad; que no serán tierrales abandonados, como están desde el asalto de octubre de 2019. Se requiere de un Estado activo, recuperando lo público para que la ciudadanía lo haga propio.

Aunque el proceso de recuperar la seguridad para nuestras comunidades no será una caminata por el parque: el gobierno –partiendo por el presidente– deberá optar por enemistarse con parte de sus huestes. Retomar el control estatal de ciertos territorios abandonados y asegurarlos –lo que incluye a “Dignidad”–, pero sobre todo debiera enfocarse en las periferias existenciales de nuestras ciudades, requerirá un uso de la fuerza que de seguro incomoda a Apruebo Dignidad. Es parte del pacto con el Diablo que implica gobernar: a veces se deberá usar la coerción para asegurar ciertos fines sociales. No nos gusta, nos repele, preferiríamos no usar la fuerza. Así lo decía el viejo Max Weber, uno a quien deberíamos volver a leer en estos tiempos de nihilismo y desafección.

Para Boric, esto significa un cambio y una traición. El cambio se refiere a desplegar una agenda mucho más que comunicacional: si la manoseada frase de “ponerse los pantalones” tiene algún sentido, hoy es el momento de usarla. Ya no basta con declarar. Y, sobre todo, implica una traición: dejar de lado las pulsiones octubristas de parte de sus adherentes, para reedificar la presencia estatal en aquellos lugares en donde debiera estar. Se acabó el tiempo de mirar con condescendencia las asonadas de cada viernes en el centro de Santiago, los funerales narco, las tomas y bloqueos de ruta en la zona sur, el descontrol que viven muchas ciudades en el norte.

La pureza es una mala consejera de los gobernantes. Por el contrario, hoy la eficacia del gobierno se juega en su capacidad de cruzar fronteras para asegurar ciertos bienes mínimos. Incluso, cuando ello implica hacerse cargo de un tema así de peliagudo; incluso cuando implica utilizar la fuerza para restaurar la paz. Como decía el propio Weber, quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.

*Rodrigo Pérez de Arce es subdirector del Instituto de Estudios Sociales (IES).

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