Durante agosto ha recrudecido la violencia en el sur de Chile. Hace unos días fueron quemados cerca de 20 camiones en la Región de La Araucanía y al inicio de esta semana otros 29 en la Región de los Ríos. Es tan grave lo que está ocurriendo en nuestro país, que debe ser considerado desde distintas perspectivas.
En primer lugar, es evidente que nos encontramos frente a actos terroristas, cuya finalidad es provocar temor en la población y, a la vez, incidir en la acción del poder político, en procesos judiciales pendientes y en la libertad de las personas para vivir y trabajar donde lo deseen.
Frente a esto, es lamentable la actitud errática del Gobierno que, arbitrariamente, califica algunos actos como de carácter terrorista y otros no. Da la impresión de que quemar un camión —o dos docenas— fuera de las fronteras de La Araucanía resulta ser más grave que hacerlo dentro de ellas. Penosa discriminación del Ejecutivo.
Ni qué decir de los candidatos presidenciales de izquierda, que se han negado sistemáticamente a condenar el terrorismo en el sur de Chile. Al punto de que el propio Alejandro Guillier, ignorando las nociones más básicas de nuestras leyes y la legislación internacional, sostuvo que el terrorismo solo puede ser perpetrado por parte de agentes del Estado. De ser cierto esto, actos como los ocurridos hace pocos días en Barcelona no deberían ser calificados como terroristas. Suponemos que esto debe excusarse en la ignorancia del candidato, para no pensar siquiera que avale o minusvalore estas situaciones.
En segundo lugar, es posible constatar las grietas que afectan actualmente al Estado de derecho en Chile. En ciertas zonas la violencia ha superado las posibilidades de mantener el orden por parte de la autoridad. En ese sentido, son lamentables las declaraciones de Jorge Abbott, Fiscal Nacional y máxima autoridad pública en la persecución de los delitos en nuestro país, que declaró que son los empresarios quienes deben asumir los riesgos de su actividad. ¿En qué país normal, donde se respete el Estado de derecho, se debe considerar como riesgo propio de una actividad comercial la destrucción de los instrumentos de trabajo a causa de atentados y ataques incendiarios? De ser correcta la apreciación del Fiscal Nacional, se pondría en los particulares la carga de mantener la seguridad y el orden público, función que compete exclusivamente al Estado.
Por último, estamos en presencia de un problema político que debe ser solucionado con una respuesta política, que haga frente a la violencia con todos los medios que la ley y el orden democrático disponen. Para eso, se requiere una legislación adecuada -y las reformas que sean necesarias- pero también la valentía para usarla.
De no restaurar la armonía, la paz y la seguridad en la zona, los más afectados seguirán siendo aquellas familias vulnerables que se han visto condenados a vivir en la inseguridad, en una región que lleva años con los mayores índices de pobreza y escaso crecimiento económico, y en el más triste abandono por parte de sus autoridades.
Julio Isamit, coordinador político Republicanos
FOTO: MIGUEL ANGEL BUSTOS/AGENCIAUNO