El pleno de la Convención Constitucional aprobó el lunes 11 de abril la norma constitucional que establece que Chile es un Estado social y democrático de Derecho, así como una república solidaria. Al respecto, un grupo de constituyentes de izquierda anunció con júbilo “el fin” del “Estado subsidiario”. Este tema estaba en el corazón de la discordia constitucional, instalado por los detractores de la Constitución de 1980 y la del 2005. Es que el principio de subsidiariedad ha sido objeto de múltiples incomprensiones y ataques que es necesario aclarar, corregir y refutar, por la importancia que reviste para la formación de un orden social justo y libre, basado en la dignidad de la persona humana. 

Algunos constitucionalistas, como Verónica Undurraga, describen el Estado subsidiario como aquel que “solo interviene en la economía o toma la iniciativa económica cuando es estrictamente necesario y sólo en aquellos ámbitos en que el sector privado no lo hace”. Se trata de una definición de la subsidiariedad imprecisa e incorrecta. Lo mismo dio a entender la constituyente Loreto Vallejos, quien sobre la “superación del Estado subsidiario” dijo que “políticamente hace el giro que buscábamos de un Estado que se haga cargo y que se responsabilice, y no el mercado, de generar certezas a la población”. Ante todo son definiciones estrechas y limitadas. La razón de ser de la subsidiariedad, así como su ámbito de aplicación, excede notablemente los asuntos económicos. Por supuesto que la subsidiariedad tiene consecuencias en las formas en que el aparato estatal opera en las relaciones económicas, sin embargo, esa es solo una parte de las conclusiones que se pueden sacar de este principio.

La subsidiariedad no significa la abstención máxima del Estado.

Ante todo, la subsidiariedad es un principio rector del orden social, directamente relacionado con la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la justicia. El principio orienta sobre la recta asignación de tareas en la comunidad política, asignando prioridades que recaen sobre las personas, las familias y los cuerpos intermedios. Como enseña la Doctrina Social de la Iglesia, en la clásica encíclica Quadragesimo Anno (1931) del papa Pio XI:

“Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”.

Esta idea, en síntesis, busca resguardar a las personas y su iniciativa creadora, de modo que sean ellas las primeras responsables de satisfacer las necesidades de su entorno. Ello no es al azar. Las personas son las primeras responsables por su primacía ontológica, por el hecho fundante de su dignidad. Negarle a las agrupaciones libres su capacidad de perseguir sus propios fines o verlas como meros depositarios de la generosidad estatal no solo es un vicio de estatismo, sino también una vulneración grave de la subsidiariedad, y con ello, de la dignidad humana.

Dicho ello, es necesario aclarar algunas incomprensiones extendidas sobre el alcance de este principio. Primero, a nivel conceptual, la subsidiariedad no se agota en asignar las tareas sociales a quienes puedan hacerla mejor. Hay una auténtica presunción en favor de la libre iniciativa de las personas y sus agrupaciones, donde el Estado no debe intervenir pues no es el “dueño” de dichas actividades. Por lo mismo, no es igual la subsidiariedad que la “colaboración público-privada”. Por supuesto que en el marco de este principio, y el de solidaridad, la acción articulada del Estado y los particulares para atender urgencias sociales tiene un gran valor, pero es solo una parte, no la esencia o raíz de la subsidiariedad estatal.

¿Cómo se contradice un Estado subsidiario con un Estado de ideología socialdemócrata? Precisamente por las prioridades.

Al mismo tiempo, en el mismo plano, la subsidiariedad no significa la abstención máxima del Estado. El Estado mínimo de los liberales clásicos dista radicalmente del subsidiario, precisamente porque concede al poder político una responsabilidad supletoria en aquellas actividades necesarias para el bien común no asumidas adecuadamente por la iniciativa libre, aparte de aquellas funciones estatales indelegables como la seguridad del país, legislación, tribunales de justicia, el impulso de políticas focalizadas en los más vulnerables, etc. ¿Cómo se contradice entonces con un Estado de ideología socialdemócrata? Precisamente por las prioridades. La socialdemocracia propugna la primacía del Estado y sus órganos en el desarrollo de las actividades sociales, dejando a las personas y sus agrupaciones como delegados estatales.

Uno de los puntos más criticados al respecto en nuestro país es sobre su aplicación concreta, por una supuesta interpretación “economicista” que puso en el centro al mercado. Sobre ello, la verdad dista de la crítica. Ya sea en su consagración no textual en la Constitución como en su desarrollo jurisprudencial, la subsidiariedad se concibe de forma adecuada, con sus dos fases de abstención y supletoriedad. También es injustificada la crítica a autores como Jaime Guzmán, que sí tenía una acabada noción de la subsidiariedad, expresada en sus escritos y opiniones en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En complemento con esto, en más de una ocasión la legislación avanzó en cambios que devaluaron la subsidiariedad -más aún los más recientes de Bachelet II-, así como en otras ocasiones faltó diligencia de parte de quienes defendían el Estado subsidiario en proponer transformaciones sociales inspiradas en dicho ideal. Y no está de más señalar que muchas veces las personas o grupos intermedios fueron poco activos o dejaron de hacer aquellas tareas que les correspondían, abandonándose a la acción del Estado.

Por supuesto, el Estado subsidiario es un tema debatible y que admite visiones contrapuestas. Por definición el socialismo y el liberalismo pueden ser reticentes sobre el principio de subsidiariedad. Contra el socialismo, el Estado subsidiario realza el valor de la creatividad de la persona y los cuerpos intermedios, limitando la acción del poder estatal. Contra el liberalismo, busca reforzar el tejido social contra la tendencia atomizante del individualismo fundante de dicha ideología. Eso no quita que la aplicación práctica de la subsidiariedad pueda generar aspectos prudenciales, donde incluso quienes sostienen dicho principio tengan diferencias.

Pero en esto debemos ser claros: una sociedad más humana, justa y libre exige la subsidiariedad. No es posible hablar de una república “solidaria” o de un tejido social fuerte sin una robusta protección de la autonomía de los cuerpos intermedios. Mucho menos podemos perseguir la realización espiritual y material de cada chileno con un Estado parásito, o en su defecto, uno inútil, o bien uno que acumule tareas y poder en forma creciente e innecesaria. Por ello debemos reivindicar y promover la subsidiariedad, aun cuando el eventual nuevo texto constitucional la excluya (en su tenor literal y en su espíritu), pues se trata de una de las bases fundamentales para una sociedad justa y libre.

*Tomás Bengolea y Jaime Tagle, ChileSiempre.

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