De cara al segundo proceso constituyente, uno de los temas que más debate ha generado tiene que ver con la idea de un “Estado Social de Derecho” y su eventual (in) compatibilidad con el principio de subsidiariedad. Distintos actores políticos, líderes de opinión y centros de estudio han escrito para intentar llenar de contenido un concepto que, aunque parece generar profundas disputas, fue zanjado como una de las “bases” del nuevo proceso constitucional por los partidos políticos que concurrieron al acuerdo de diciembre de 2022.
El debate sobre el rol que le compete a las personas, los cuerpos intermedios y al Estado en la vida social es quizás de las discusiones más profundas y relevantes en materia constitucional y política. Por eso, debe ser abordado con claridad, transparencia en las posiciones políticas de cada uno y convicción en las propias ideas.
Esto implica, a su vez, abandonar el temor al disenso o a la diferencia: uno de los temas en que tradicionalmente la derecha y la izquierda tienen visiones profundamente distintas es precisamente en el grado de participación del Estado en la sociedad. Y probablemente esta aproximación distinta al tema sea uno de los principales ejes para trazar la línea que distingue a las izquierdas y derechas en la actualidad.
Lamentablemente, esta discusión ha dejado entrever en la derecha un fenómeno que es un tanto más complejo y que tiene que ver con la falta de convicción política, la debilidad o confusión intelectual que parecen mostrar ciertos grupos o personas y la facilidad con que se asumen conceptos, ideas y banderas del adversario político sin demasiada reflexión o detención. La idea del “Estado Social de Derecho” es un claro ejemplo de ello.
Podemos dedicar muchas páginas a la discusión sobre la compatibilidad o no de la subsidiariedad con el Estado social de derecho. Y por supuesto que en el plano intelectual y conceptual hay una serie de cuestiones que merecen reflexión. Pero hay algo que está más o menos claro: la idea de Estado Social de Derecho no es una idea originada en la derecha, y en nuestro caso particular, no ha sido defendida ni promovida por ella en las últimas décadas en Chile.
En el plano político y semántico, el Estado Social de Derecho responde a un símbolo de la izquierda, ajeno a nuestra derecha nacional y a sus partidos que, por el contrario, sostienen la subsidiariedad en su declaración de principios y su recorrido comienza en la intelectualidad católica de los 50 -y estaba implícita en actores relevantes del siglo XIX como Abdón Cifuentes.
Las izquierdas chilenas llevan décadas hablando del Estado Social de Derecho y presentándolo a la opinión pública como opuesto al Estado Subsidiario y, por tanto, una alternativa para su superación, buscando instalar la idea de que la noción de subsidiariedad presente en la Constitución actual habría imposibilitado que el Estado asumiera labores sociales importantes, cuestión que obviamente ha sido repudiada por distintos autores y por la realidad.
No hay que olvidar que el mismo día que la Convención fracasada aprobó la norma que establecía el Estado Social de Derecho, la izquierda con entusiasmo proclamó el fin del Estado Subsidiario. Y en este momento, en que la centroderecha postula la “evidente” compatibilidad de ambas formas de Estado, la izquierda acusa un intento desesperado por salvar la subsidiariedad, que desde su perspectiva y convenientemente, ya habría sido excluida del texto en virtud de las bases acordadas.
Fuera del resultado definitivo de la disputa dogmática y constitucional sobre el contenido mismo del principio de subsidiariedad, es claro que parte importante de la centroderecha ha maquillado su defensa de tal principio rector -con nobles y sorprendentes excepciones.
Y es muestra de un mal endémico en la centroderecha: la falta de carácter. Ciertos grupos parecen pensar que la única manera de convencer a los chilenos es adornando nuestros principios, redefinirlos, tomar conceptos prestados o renunciar abiertamente a su promoción. Otros grupos han exaltado la idea de “grandes acuerdos” o “grandes consensos” como positiva en sí misma, sin importar el contenido del acuerdo; lo valioso sería llegar a acuerdo aunque se renuncien ideas propias fundamentales o se acepten ideas ajenas fundamentalmente contrarias a la noción de persona y sociedad.
Quienes creemos en la subsidiariedad como un principio central para la construcción de un orden social justo, anclado en la dignidad de la persona humana y que siente las condiciones para el desarrollo espiritual y material los chilenos, debemos promover este principio por su nombre, con convicción, formación y disposición a convencer a los chilenos de su importancia. De eso se trata la política.
La izquierda esto lo sabe bien, y no trepida en hablar y promover la plurinacionalidad, por curioso, elaborado o radical que parezca el concepto. Lo promueven con su nombre y el 38% de los chilenos lo respaldó. Existen varios ejemplos valiosos que permiten hablar y promover la subsidiariedad, pero lo que es urgente es que el acento se ponga no tanto en la eficiencia de este principio al interior de la sociedad, sino como un imperativo moral de las personas para alcanzar la máxima realización posible.
El resultado final del nuevo proceso constituyente no depende de la opción intelectual por afirmar la compatibilidad del Estado social con la subsidiariedad, sino de la defensa irrestricta del principio y su continuidad en los fundamentos del orden político.
Para eso la centroderecha y la derecha necesitan revisar su forma de posicionarse ante las cuestiones políticas. Para ganar hay que salir a convencer, y para convencer a los chilenos hay que estar convencido de los propios principios, no usar las banderas del adversario, algo que para Jaime Guzmán «revela un grave reblandecimiento moral en los defensores de una sociedad libre» (Escritos Personales).
Por supuesto es un tema que admite matices y discusiones incluso dentro de las mismas derechas, pero el llamado es simple: si usted cree en la subsidiariedad, promueva la subsidiariedad, no la esconda.