El proyecto de ley de retiro acotado del 10% presentado por el Gobierno pretende cerrar una puerta adictiva para nuestros parlamentarios: el uso de los retiros como alivio para las “angustias de las familias”, en palabras del propio Presidente Boric. Incluso si este proyecto ve la luz, todo hace pensar que esa puerta no se cerrará, dañando aún más al pilar contributivo del sistema de pensiones y al sistema financiero chileno. 

La semana pasada tuvimos el privilegio de tener como invitado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello al consejero del Banco Central, Alberto Naudon, presentando el Informe de Política Monetaria de marzo de 2022. En dicha exposición, el consejero Naudon nos advirtió sobre las perspectivas de alcanzar un 10% de inflación anual a mediados de 2022, lo cual responde al excesivo incremento del gasto de los últimos trimestres y las presiones de costos asociadas a la pandemia y la guerra en Ucrania.

Motivado por la creciente preocupación por la inflación y la necesidad de frenar un nuevo proyecto de retiro de los parlamentarios, el Gobierno presentó un proyecto de ley de retiro acotado del 10% de los fondos previsionales. Este proyecto pretende evitar los impactos macroeconómicos de un quinto retiro masivo, focalizando los giros permitidos para quienes adeuden pensiones alimenticias, quieran aumentar los ahorros para una primera vivienda, o usen los fondos para pagar deudas de diversa índole.

Tres comentarios al respecto. El primero de ellos, uno sutil, pero no por eso menos importante. Es positivo que el Gobierno de los derechos universales practique el realismo económico y desempolve la palabra prohibida: focalización, en sus versiones “acotado” o “de alcance limitado”, pero focalización al fin y al cabo. Las buenas políticas sociales deben combinar derechos universales garantizados con la focalización hacia grupos prioritarios.

El segundo comentario se refiere al supuesto efecto acotado de este proyecto en la inflación y otras variables macroeconómicas, como el tipo de cambio y la tasa de interés. El Gobierno argumenta que estos retiros no se usarán en consumo, por lo que no habrá mayor presión sobre la demanda o la tasa de interés. Esto es cuestionable, ya que los recursos son fungibles, por lo que la disminución de la deuda de las familias abre un espacio para un mayor consumo mediante nuevo endeudamiento. Además, hay un riesgo evidente de que se perciba que esta medida puede ser permanente, permitiendo retiros en el futuro para pagar nuevas deudas contraídas, lo que incentiva un mayor consumo presente. En realidad, el efecto acotado de este proyecto en la economía se debe a que su magnitud es un décimo en comparación con un quinto retiro masivo e incondicional -cifras entregadas por el ministro Marcel en el día de ayer. 

Lo anterior nos lleva al último comentario sobre este proyecto: su supuesta capacidad para frenar nuevos intentos de retiros alentados por parlamentarios irresponsables. La jugada del Gobierno muestra muñeca política para salir del paso de manera temporal, logrando por primera vez que la Comisión de Constitución vote en contra de un retiro. Sin embargo, nuestros parlamentarios tienen “secuestrada” la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para lograr popularidad artificial a costa de las personas más vulnerables. En otras palabras, “ya la saben hacer”. Lamentablemente, esto no cambiará de la noche a la mañana. Incluso hemos sido notificados que se viene un sexto proyecto de retiro. 

En realidad, para evitar estos descalabros futuros se requiere construir instituciones económicas y políticas que incentiven a las autoridades a ser consistentes en el tiempo, escuchando a la evidencia y las buenas prácticas siempre, y no solo cuando les conviene o les toca gobernar. 

*Julio Guzmán C. es PhD in Economics The University of Chicago, académico y director del MBA y del Tech MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

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