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Publicado el 21 de septiembre, 2017

Sobre la intolerancia y los in-tolerados

Los que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo suelen afirmar que quienes no suscriben sus propuestas no respetarían los derechos de las minorías sexuales. Así, sutilmente, se identificarían los verbos respetar y aceptar.
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El 28 de agosto recién pasado Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley sobre el llamado “matrimonio igualitario”, que incluye la posibilidad de adoptar niños. Así, la misma argumentación –aquella que emerge cada vez que un tema de la agenda homosexual se instala en la opinión pública– volverá a usarse, con algún cambio en las circunstancias, pero al fin y al cabo será la misma trama.

En resumen, se indica que: i) las minorías sexuales, desde siempre, se han visto en una situación de menoscabo, toda vez que sus derechos no han sido reconocidos, situándose, por tanto, en una categoría de víctimas; ii) que esta es una oportunidad histórica para la reivindicación de las garantías y libertades de las personas LGBTI; y iii) que todo aquel que se opone a la aprobación de proyectos de esta naturaleza sería un intolerante y no respetaría la intrínseca dignidad de las personas. La Presidenta Bachelet ha añadido dramáticamente que “no puede ser que los prejuicios antiguos sean más fuertes que el amor”.

Son muchas las cuestiones que se podrían debatir, y rebatir al argumento descrito anteriormente. Sin embargo, quisiera detenerme en un punto, a mi juicio crucial para un debate público con altura de miras, sin caer en caricaturización alguna. Es recurrente la afirmación, de parte de los que promueven la agenda del matrimonio entre personas del mismo sexo, de que quienes no suscriben sus propuestas, en definitiva, no respetarían los derechos de las minorías sexuales. Así, sutilmente, se identificarían los verbos respetar y aceptar. Con todo, el respetar pertenece a un campo semántico diverso del aceptar, dado que el primero implica el miramiento que se tiene para con una persona, y el segundo, la aprobación de sus actos.

Al parecer, sin embargo, para los promotores de esta iniciativa el respeto exigiría no sólo un comportamiento deferente, sino que incluiría, por un lado, acciones positivas destinadas a eliminar todos aquellos obstáculos que les impedirían gozar de los derechos que esperan les sean reconocidos, y por otro, el descrédito de quienes emitan opiniones contrarias a sus intereses. Así, si alguien públicamente manifestase su oposición a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el primer paso en esta lógica sería acusarlo de “faltar el respeto” a los derechos de las minorías, dado que, por esta secuencia argumental, los homosexuales se habrían visto menoscabados en sus derechos. Acto seguido, se le acusaría también de ser intolerante respecto de las “víctimas” que padecerían estos prejuicios.

Mediante estos mecanismos se busca desprestigiar al que piensa distinto, con el propósito de silenciar su voz en el debate público, secuestrándolo, y restringiendo la libertad de opinión de los disidentes.

Respetar y aceptar son verbos cuyos significados difieren considerablemente. Un mañoso intercambio de estos conceptos tiene como resultado una confusión en los significados presentes en el imaginario colectivo, lo que inclina la balanza a favor de las supuestas víctimas, desprestigiando a quienes legítimamente se oponen a proyectos de esta naturaleza, intentando callarlos.

Una sociedad que realmente respete la libertad de expresión —y que pretenda tener un verdadero debate legislativo en estas materias— no se puede permitir tal restricción a dicha libertad. En caso contrario, la aprobación de leyes dependería únicamente de estrategias sofísticas.

 

María Paz Madrid San Martín, abogado ONG Comunidad y Justicia

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

 

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