Chile vive una crisis de confianza.
En los últimos años hemos visto cómo la falta de certidumbre afecta cada vez más a la confianza. Y no son solo las expectativas económicas las que explican decisivamente la trayectoria del primer componente para el crecimiento de la economía, esto es, las decisiones de inversión. El conocimiento de sucesivos escándalos asociados a estafas financieras en el último tiempo ha venido a contribuir en forma importante a la falta de confianza de la ciudadanía nada menos que en el sistema financiero, y específicamente en aquel que administra recursos al margen del sistema bancario y financiero regulado.
La combinación de varios factores —entre ellos, la falta de una regulación que fiscalice las operaciones financieras y las transacciones del mismo tipo por funciones y no por entidades— ha provocado una importante asimetría. Por esto, una serie de operadores financieros han abusado del riesgo moral, han captado recursos del público e incluso algunos de ellos han huido del país. De cara a la pasividad de las entidades públicas, que frente a la cuantía de los fraudes cometidos solo se han defendido diciendo que no tienen atribuciones, se han causado severos daños a privados, que en último término proporcionan recursos, sacrificando consumo, para el financiamiento de la inversión del país. A través de lo cual, he sabido, contribuyen decisivamente al crecimiento del PIB, al progreso y al bienestar de toda la sociedad.
Recientemente, un reporte de una comisión especial de la Cámara de Diputados criticó, certera y correctamente, la falta de reacción de las entidades públicas destinadas a preveer este riesgo moral, por el impacto en la fe pública de las llamadas estafas piramidales y la excesiva confianza de aquellas autoridades regulatorias y supervisoras en los mecanismos de fiscalización históricos, muy apegados a entidades en lugar de funciones.
Conozco hace más de 25 años el mercado de capitales y también las reformas que se realizaron a lo largo de dicho período, las que contribuyeron decisivamente para que el sector de servicios en general, y de servicio financieros en particular, produjeran un impacto significativo en el crecimiento del país. Así se transformaron en uno de los componentes de mayor ponderación en el PIB nacional, generando miles de empleos directos e indirectos, bien pagados y especialmente productivos.
Sin embargo, he llegado a la conclusión de que la regulación debe ser modernizada. Se deben construir nuevos mecanismos de control y, asimismo, en forma crucial, se deben endurecer los castigos legales para aquellos que han abusado de la fe pública. Estoy seguro de que esto último no reparará el daño ya causado, pero todavía me impresiona la pena de cadena perpetua que se aplicó a Bernard Madoff en Estados Unidos a raíz de su conducta en la última crisis financiera de ese país.
Todo lo anterior permitirá mejorar nuestro mercado de capitales. Lo hará más eficiente y transparente, y protegerá a los ciudadanos y empresas que buscan aportar al crecimiento de Chile con sus ahorros.
Alejandro Alarcón, economista, ex gerente general ABIF