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Publicado el 04 de diciembre, 2016

Sindicatos del terror y la violencia

Los paros del sector público son ilegales, están prohibidos por ley, y su aceptación muestra una gran debilidad del Estado.
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Cuando los dirigentes sindicales llaman a hacer paros, se apropian del espacio y las instituciones públicas porque creen que les pertenecen y utilizan a los ciudadanos como rehenes para defender los privilegios de que gozan. Buscan con la fuerza, con insultos desde graderías, que se les otorgue el reajuste que quieren, cueste lo que cueste y al precio de dejar a los ciudadanos sin los servicios públicos que el Estado debe proveer. Así son los sindicatos: reaccionarios y con gran capacidad de hacer daño a los chilenos y al país.

Los paros del sector público son ilegales, están prohibidos por ley, y su aceptación muestra una gran debilidad del Estado. Que la ley se haya dejado de cumplir por parte del Gobierno es muy grave, porque deja en total desprotección a los ciudadanos y sin que autoridad alguna se haga responsable por esta gran falta.

El problema de esta situación de paros del sector público radica en que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores y les confieren una seguridad laboral dañina, incluso con contratos vitalicios, es decir, trabajo de por vida. Por ello la prepotencia de los líderes sindicales quienes amenazan al Gobierno y a la ciudadanía que, de llegar a descontarles los días no trabajados, “vamos a volver a la calle”.

El país aún no termina de asimilar las graves consecuencias de los últimos paros —en especial para la salud de la población, ya que miles de personas se vieron obligadas a postergar cirugías, tratamientos y horas de atención médica—, que se suman a los trastornos provocados por el Registro Civil y la crisis sanitaria por el no retiro de basuras. Todo esto está expresamente prohibido por la Constitución y por el estatuto administrativo, sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet optó por no utilizar sus facultades y permitió que las movilizaciones siguieran.

Ahora bien, los ministerios de Interior y Hacienda dieron instrucciones para la aplicación de descuentos por los días no trabajados, a pesar de ser una medida insuficiente por el daño causado a la ciudadanía, pero existen dudas sobre si finalmente se hace cumplir la ley. Un buen ejemplo de estas aprensiones fue el caso del paro del Registro Civil en 2015: hasta la fecha no se tiene claridad si se aplicaron de manera efectiva dichos descuentos por la totalidad de los días no trabajados.

Desde una perspectiva más amplia, los sindicatos chilenos se han quedado atrás, siguen en la lucha egoísta por la defensa de los privilegios de la minoría de trabajadores a la que representan. Los líderes sindicales están anclados en el pasado. Tratan de aterrorizar a la ciudadanía arrogándose el derecho de privar a la gente de ejercer plenamente su derecho a la educación, a la salud, etc.

La clave del futuro para el desarrollo del país pasa por generar un nuevo clima de relaciones laborales para promover una visión centrada en el bienestar de todos los ciudadanos y no en los privilegios de unos pocos.

 

Mónica Mullor

@mmullor2016

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