El proyecto de nueva constitución señala que “se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla” (Artículo 41, inciso 1). De dicha frase se han “colgado” los defensores del proyecto para decir que sería un delirio acusar que la propuesta afecte a la libertad de enseñanza. Lo anterior es una lectura simplificada, pues el texto debe ser analizado en sus distintas subcapas, revisando, como en todas las constituciones y leyes, las potenciales puertas o elementos que podrían condicionar un derecho. A continuación, un análisis detallado del texto. 

PRIMERO: Luego de decretar la libertad de enseñanza, el texto señala: “Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.” (Artículo 41, inciso 2). 

Es decir, la opción preferente de los padres está condicionada, no puede ir contra “el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”. La pregunta de cajón es ¿quién determina el interés superior del niño? Claramente no son los padres -dado que el texto señala que su decisión por el niño está condicionada a dicho interés-, por lo que la respuesta parece ser: el Estado. Es decir, se propone una “opción preferente de los padres” condicionada a no atentar contra lo que el Estado decrete como interés superior del niño.

SEGUNDO: Luego el texto señala: “Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación.” (Artículo 41, inciso 3). Esto (libertad de cátedra) es sumamente obvio en la educación superior, porque los estudiantes son sujetos adultos con criterio formado. Pero ¿es tan obvio en la educación escolar? ¿Qué pasa si un profesor difiere del proyecto educativo del establecimiento y lo hace ver a los estudiantes en sus clases? La constitución estaría apoyando claramente al profesor que difiere y lo expresa. Los padres habrían escogido el establecimiento para su hijo por el proyecto de éste, pero en el aula nada garantizaría que sea dicho proyecto el que se esté llevando a cabo. O sea, la “libertad de proyectos educativos” también estaría condicionada. 

TERCERO: La propuesta señala: “Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local y nacional. La ley especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante.” (Artículo 42). Es decir, los proyectos emprendidos libremente por el sostenedor siempre estarán condicionados a la voluntad de su comunidad, con una “cuatriestamentalidad” (sostenedor, funcionarios, alumnos y apoderados) no voluntaria, sino obligatoria y vinculante. Como se puede observar el “derecho preferente de los padres” y la “libertad de proyectos educativos” son derechos condicionados a otros derechos de mayor rango en la actual propuesta. Por tanto, al entrar en colisión con estos derechos superiores, pasan a ser criterios de segundo orden.

No es mi objetivo hacer un juicio de valor respecto a la priorización, entendiendo que algunos la pueden considerar correcta y otros, incorrecta. Ante un choque de principios, es legítimo privilegiar a uno sobre otro. Pero también es legítimo explicitar la priorización que se está efectuando. Por tanto, no es tan cierta esa consigna que han tratado de instalar ciertos defensores del proyecto de que sería “mentir” el acusar a la propuesta de afectar la libertad de enseñanza. La mentira es decir que está garantizada. La adhesión a la libertad de enseñanza no se define por su mera enunciación, es necesario leer y analizar sus elementos condicionantes. El texto constitucional debe analizarse en su conjunto, más allá de una frase, tanto en este caso, como en todos los de la discusión.

*Andrés Larraín es ingeniero civil. 

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