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Publicado el 08 de octubre, 2015

Sin perdón ni olvido

Los chilenos no perdonan ni olvidan el tener que subsidiar desde su bolsillo vía impuestos, a una corte de políticos y operadores dotados de suculentos honorarios, que carecen de la preparación, seriedad y compromiso auténtico para impulsar una transformación social de envergadura.
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Esa era la consigna enarbolada por diversas agrupaciones de derechos humanos y políticas (con algunas de aquellas comulgaba Bachelet en los años verde olivo), que clamaban (y aún claman) por justicia en los diversos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en Dictadura. Si bien históricamente han exigido conocer la verdad de las atrocidades y el paradero de sus seres queridos en estado de “secuestro permanente”, en su vocabulario no están los conceptos de “reconciliación nacional” o saneamiento de las heridas vía actos de contrición o reparación. Algo similar sucede hoy con el gobierno y figura de Bachelet. A sabiendas de la desprolijidad y falta de realismo para abordar un plan reformista, la Presidenta decidió utilizar el caupolicanazo para mostrar arrepentimiento e implorar desde una calculada humildad por el perdón y olvido de parte de un grueso ciudadano que rechaza ampliamente su liderazgo y gestión. Sobre todo de aquellos chilenos más vulnerables que a nivel de consignas serían beneficiados por una agenda inclusiva (los mismos que entre mayo y julio de este año, de acuerdo a cifras de Adimark, bajaron su aprobación a la presidenta de un 36 a un 26%).

Pero hoy ese ciudadano es menos paciente, crédulo y no manifiesta mayor disposición hacia un perdón y olvido.

No está dispuesto a perdonar la falta de transparencia y probidad que afectaría al corazón del bacheletismo (llámese familiares de la Presidenta y a algunos de los colaboradores e ideólogos del reformismo panfletario del primer tiempo de este gobierno).

No tolera la simplificación que hace la Presidenta de las variables que definen un entorno cambiante, así como su desconocimiento (si no traición) de las aspiraciones que enmarcan el comportamiento ciudadano. Esto es, ignorar hasta la saciedad un escenario económico adverso con un ciclo de commodities a la baja; dar por hecho la disciplina de una mayoría parlamentaria oficialista circunstancial desestimando su legítimo derecho al disenso y la existencia de agendas personalistas; o asumir que lo gratuito provisto desde un aparato público pero sin mayores garantías de calidad, es más apetecible por las personas que un servicio privado más oneroso pero de mayor calidad (cuando durante 25 años se defendió lo contrario).

El ciudadano de a pie tampoco perdona un creciente reinado de la cultura de la mediocridad que impacta directamente en el diseño y contenido del plan llamado a “emparejar la cancha”. Es decir, una reforma tributaria mal hecha, con un sistema de doble tributación inentendible e inaplicable para una mayoría de pymes y emprendedores y que debe ser corregida por la vía de una segunda reforma. O una subejecución de recursos frescos atraídos por la misma reforma tributaria que impacta mayoritariamente en los más necesitados. O una reforma educacional que inyecta la mayoría de recursos en el nivel terciario y no en las etapas previas donde se incuba la desigualdad. O una política de gratuidad de la educación superior que discrimina semana a semana a sus beneficiarios dependiendo de presiones políticas y cálculos presupuestarios improvisados; que deja fuera a una importante fuerza técnico-profesional; que favorece a un contingente de oferentes públicos carentes de calidad y que en muchos casos hipotecan futuro de estudiantes; o que estandariza a la baja la oferta de carreras y universidades al obviar la complejidad y calidad de proyectos individuales por la vía de una fijación arancelaria poco rigurosa. O una provisión de salud al debe, donde las garantías GES serán incapaces de ser abordadas en el corto y mediano plazo por la infraestructura pública vigente, en parte gracias a disquisiciones ideológicas ficticias amparadas por el primer tiempo de la actual gestión bacheletista.

Los chilenos tampoco perdonan ni olvidan el tener que subsidiar desde su bolsillo vía impuestos, a una corte de políticos y operadores dotados de suculentos honorarios, que carecen de la preparación, seriedad y compromiso auténtico para impulsar una transformación social de envergadura. Y menos parecen dispuestos a avalar un discurso que por la vía de la caricatura y los eufemismos ideológicos, trata de ocultar la falta de estatura e idoneidad de parte significativa de ese equipo para llevar a cabo un proceso de reformas estructurales tan profundo como necesario.

Y tal como los familiares de detenidos desaparecidos, en el vocabulario de esta ciudadanía desencantada (y más allá de termómetros semanales), aparece cada vez más distante la posibilidad de una reconciliación con la Presidenta y esta versión poco prolija de una tan anhelada inclusión social.

 

Juan Cristóbal Portales, Director Magister Comunicación Estratégica UAI.

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO

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