Nuevamente el sistema asegurador de salud privado se encuentra en jaque. El fallo de la Corte Suprema puede tener consecuencias catastróficas o no, dependiendo de la interpretación del mismo que haga la Superintendencia de Salud. Sin embargo, la autoridad se está tomando su tiempo en entregar su definición. Y si bien formalmente tiene seis meses de plazo, la incertidumbre en el transcurso podría tumbar a la industria.

Es evidente que los primeros perjudicados directos de la quiebra del sistema o de un asegurador de salud privado serán los afiliados a la o las Isapres que desaparezcan, especialmente los más vulnerables, entre ellos, quienes tienen tratamientos en curso o con preexistencias. Estos afiliados estarán obligados a migrar al sector público y no serán recibidos en seguros de salud privados complementarios. En definitiva, la alternativa para estos pacientes serán las listas de espera de Fonasa o el pago particular de sus tratamientos.

Pero los perjudicados directos no son los únicos, los afiliados a Fonasa, especialmente los más vulnerables de ellos, también serán dañados. Fonasa agrupa a sus afiliados en cuatro grupos A, B, C y D según su capacidad socioeconómica, de manera que los más vulnerables están en el grupo A y los menos en el D. Los distintos grupos de Fonasa se diferencian en los copagos y el acceso a prestadores, por ejemplo, la modalidad libre elección sólo está disponible para los afiliados a los grupos B, C y D.

Como reporta Silva y Velasco 2021, los afiliados a los grupos A y B de Fonasa tienen menor acceso a servicios de especialidad, exámenes y hospitalizaciones que el resto de la población, pese a que son grupos que, dadas sus características que revelan un peor estado de salud general, debieran tener una mayor demanda de servicios de salud.

Sabemos que la situación en Fonasa con las listas de espera es dramática, particularmente luego de la pandemia. Como señala el Ministerio de Salud al tercer trimestre de este año, el promedio de días de espera para ser atendido por una patología GES (aquellas que tienen límite de gasto y tiempo para la atención) llegó a 156,2, mientras que para una consulta nueva de especialidad no GES alcanzó a 455 días promedio y para una cirugía no GES fue de 584 días de espera promedio. Es evidente la inconveniencia de que un flujo considerable de actuales afiliados a Isapres llegue a sobrecargar el ya colapsado sector público.

Frente al desolador panorama de las listas de espera, los pacientes que pueden se atienden en la modalidad libre elección de Fonasa que entrega atención con un prestador privado en convenio, sin embargo, esto implica efectuar un importante esfuerzo económico. En esta modalidad está cubierta en promedio sólo el 34% del costo de una intervención quirúrgica y cerca de 5% del costo de un día cama. En consecuencia, no todos pueden acceder ni tienen los medios para asumir este costo. En definitiva, a los más vulnerables no les queda más que esperar. Por esto, abultar las listas de espera termina por perjudicar fundamentalmente a quienes menos tienen.

El 65,5% de las prestaciones GES retrasadas correspondía a usuarios del grupo B de Fonasa y el 12,7% a afiliados al grupo A, mientras que para las intervenciones quirúrgicas no GES 70,2% de las personas en lista de espera corresponden a afiliados de los grupos A y B.

Por esto, las consecuencias más duras de la quiebra del sistema asegurador de salud privado o de alguna de las aseguradoras la pagarán los afiliados, en especial los más vulnerables de las Isapres y de Fonasa que tendrán que enfrentar listas de espera aún más largas para recibir sus tratamientos.

*Soledad Hormazábal es investigadora de Horizontal.

Soledad Hormazábal

Investigadora de Horizontal

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