Chile es una economía pequeña, con poca población y un ingreso per cápita medio, por lo cual si nos vendemos cosas entre nosotros, no es mucho lo que podríamos crecer. Debemos salir a exportar nuestros productos al resto del mundo, tal como lo han hecho países similares a nosotros en las últimas décadas. De esa manera, a lo largo de varios años, Chile ha firmado 31 acuerdos de libre comercio con 65 economías, que representan a cerca del 88% del PIB mundial, con lo cual es probable que este año llegaremos a exportar cerca de US$ 100 mil millones, equivalente a un tercio de nuestra economía, porcentaje que supera largamente al resto de los países latinos.

Dichos resultados corresponden a una estrategia de integración con el mundo, donde se analizaron las ventajas comparativas, los tamaños de los potenciales socios y las perspectivas de creación de nuevo comercio. De esta manera, en los últimos 30 años, nuestros envíos a Asia subieron, en participación, de un 28% a 58%, mientras que las dirigidas a América Latina se han mantenido en un 13% del total.

La propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente señala que: “Las relaciones comerciales de nuestro país con la comunidad internacional responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la Naturaleza, y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado Plurinacional, en segundo lugar, el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana, y en tercer lugar con el resto del mundo”.

Imponer constitucionalmente el orden de prioridad de las relaciones comerciales es un gran error, ya que obligaría a que nuestros esfuerzos estuviesen centrados en la región latinoamericana, dejando en un tercer plano la profundización de acuerdos como el vigente con India, la suscripción del TPP 11 o la activación del plan África. 

De hecho, dicha propuesta constitucional tiene cierta semejanza a los principios que inspiraron al Pacto Andino a fines de los sesenta, donde se intentaron establecer barreras arancelarias comunes y planes de desarrollo industrial. En relación al primer tema, basta señalar que en 1974 Chile presionó para que se adoptara una protección arancelaria máxima del 10%, mientras que Perú pedía una protección mínima del 150%, Colombia una protección media del 70% y Bolivia y Venezuela una protección máxima del 100%.

En los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, que buscaban planificar la distribución de industrias en la región conforme a una equitativa distribución de beneficios y al aprovechamiento de los recursos existentes en cada país, también hubo una discusión sustancial, en donde, por ejemplo, Venezuela deseaba el mayor porcentaje de fabricación de autos, aduciendo su tamaño de mercado. A Chile, por su parte, se le asignó el sector metal mecánico, sin que la palabra fruta o salmón existiera en los manuales de planificación. De esta manera, estas diferencias, así como la generada a partir del rol de la inversión extranjera, desencadenó la salida de Chile del Pacto Andino en 1976.

En conclusión, Chile debe perseverar en la ruta que ha recorrido por varias décadas, sin forzar una integración con América Latina que se sustente sólo en motivaciones ideológicas y que puede desembocar en un proteccionismo comercial que afortunadamente dejamos atrás hace muchos años. 

*Tomás Flores es economista.

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