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Publicado el 29 octubre, 2020

Sergio Muñoz: Tenemos una oportunidad como país

Analista político Sergio Muñoz Riveros

La redefinición del pacto social debe ser ante todo la revalidación del pacto de civilización que se sintetiza en los principios de la democracia representativa. Ello obliga a discutir las formas en que el régimen democrático demanda lealtad a quienes ocupan cargos de representación.

 

Sergio Muñoz Riveros Analista político
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La Academia nos invitó en enero a responder si las instituciones estaban enfermas en nuestro país. En rigor, en aquellos días, Chile entero se veía enfermo, incluso con paso vacilante y dificultades de orientación. Eran los efectos de las convulsiones que partieron el 18 de octubre de 2019 y trastornaron nuestra convivencia de un modo inimaginable unos días antes. Los chilenos vivimos, literalmente, la experiencia de asomarnos al lugar sin límites.

Nos demoraremos en tener una idea cabal de todo lo ocurrido, y seguirá habiendo interpretaciones sociológicas, económicas, socioculturales, filosóficas incluso, que enfaticen uno u otro factor. El relato predominante ha empleado palabras nobles como igualdad, dignidad y justicia, pero están por contarse los capítulos más turbios de esta historia. Es innegable que nuestro país quedó con llagas físicas y morales que aún no curamos, y se generó una situación de inestabilidad que no conocíamos desde la recuperación de la democracia. Algunas personas bienintencionadas han sostenido que lo ocurrido nos despertó y nos hizo bien, pero es probable que las víctimas directas de la violencia piensen distinto.

La destrucción y el pillaje tuvieron instigadores. Su propósito visible fue causar el mayor daño que fuera posible, atemorizar a la población, crear un cuadro de caos y desgobierno y, en lo posible, provocar un quiebre institucional. Casi lo consiguieron todo. El reciente aniversario del 18/O aportó más elementos para la comprensión de lo ocurrido. La quema de iglesias, manifestación extrema de los fanatismos a través de la historia, dejó en claro la naturaleza antisocial y antidemocrática del ataque sufrido por Chile, e hizo más nítido el carácter de la amenaza que se cierne sobre nosotros.

En las filas de la oposición parlamentaria ha hecho escuela una técnica que choca con los usos republicanos y que se sintetiza así: si gobiernan los adversarios, todo está permitido para hacerlos fracasar.

La crisis hizo visibles las carencias y el atraso de nuestras instituciones. Sus enfermedades, puede decirse. Particularmente perniciosa ha sido la que ha afectado al Congreso Nacional, donde han arraigado las prácticas demagógicas que buscan sintonizar con los humores de la calle y revelan acentuada deslealtad hacia el régimen democrático. No otra cosa ha sido la aceptación expresa o tácita de la violencia como método político, con la antigua excusa de la superioridad moral de los fines. En las filas de la oposición parlamentaria ha hecho escuela una técnica que choca con los usos republicanos y que se sintetiza así: si gobiernan los adversarios, todo está permitido para hacerlos fracasar.

No busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia –dice Raymond Aron-, sino en la realidad: la esencia de la democracia es la aceptación de la competencia pacífica. Digo que solo hay democracia cuando los individuos, grupos y clases sociales aceptan las reglas de la competición, así como su desarrollo pacífico. Cuando un grupo quiere llegar al poder a través de la violencia para hacer cambios que no pueden ser aceptados pacíficamente por otros grupos, salimos de la democracia para entrar en la guerra civil o en la revolución” (Introducción a la filosofía política, PAIDÓS, 1999).

La violencia ha sido interpretada por no poca gente como un instrumento válido para cambiar las cosas. Hace apenas una semana, la encuesta CADEM presentó esta frase a los consultados: “La violencia en las calles es legítima y justificable porque ha permitido avanzar en cambios políticos y sociales”. El 33% de las personas entre 18 y 34 años respondió afirmativamente. Tenemos sin duda un problema mayor como sociedad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuáles son las responsabilidades que quedaron sin cumplir? ¿En qué momento el sistema educacional dejó de sembrar civismo, o ya es impotente frente a las corrientes que estimulan el furor, el pensamiento simple y el desprecio por la comunidad? Lo que causa estremecimiento es que, una vez más, hay intelectuales que alientan en los hechos la ruptura del orden democrático con “razones progresistas”. Como si la historia no enseñara nada.

Nos ayudaría observar serenamente el camino recorrido por Chile en los últimos 50 años con el fin de revisar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal como nación

Si no somos capaces de erradicar la violencia, la convivencia en libertad enfrentará grandes obstáculos. No puede haber ambivalencia en este terreno. La redefinición del pacto social debe ser ante todo la revalidación del pacto de civilización que se sintetiza en los principios de la democracia representativa. Ello obliga a discutir las formas en que el régimen democrático demanda lealtad a quienes ocupan cargos de representación.

Nuestros males tienen rasgos comunes con los de otras naciones en una época en la que dominan la incertidumbre y la perplejidad frente a los desajustes económicos, políticos, sociales y culturales que la globalización hace evidentes. Aparecen nuevos integrismos, identitarios por aquí, autoritarios por allá, reemergen antiguas visiones redentoristas con lenguaje de este tiempo. En fin, vemos cada día cómo las tormentas digitales potencian la crispación, la anomia y los malestares que reclaman culpables. Como sea, tenemos que dar soluciones nacionales a nuestros problemas, que tengan en cuenta la experiencia de los demás, pero que asimilen principalmente las lecciones de nuestro pasado.

Nos ayudaría observar serenamente el camino recorrido por Chile en los últimos 50 años con el fin de revisar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal como nación, los períodos de encuentro y diálogo y los períodos de confrontación y división. Hay que hacer las sumas y las restas. No hay duda de que los inmensos logros de los últimos 30 años se debieron en gran medida a que prevaleció entre las fuerzas políticas el deseo de favorecer el interés colectivo por encima de los partidismos.

La transición democrática pudo hacerse sin nuevos desgarramientos gracias a que buena parte de las fuerzas políticas asimilaron las duras enseñanzas del derrumbe institucional de 1973 y lo que vino. La política se hizo fecunda porque alentó los acuerdos para vivir en libertad, reducir la pobreza, fomentar el dinamismo de la economía, impulsar políticas públicas de inclusión social, crear condiciones para el surgimiento de miles de emprendedores, potenciar el acceso a la educación superior de muchos jóvenes que eran los primeros de su familia en hacerlo, etc. Han surgido nuevas necesidades, pero la metodología del gradualismo y las reformas de ancha base se demostraron fructíferas, y hay que mantenerlas.

La tarea de mejorar la democracia no se reduce ciertamente a la redacción de un texto constitucional, aunque este puede contribuir a ello.

Ha pasado el plebiscito en el que fue ampliamente mayoritaria la opción de elaborar una nueva Constitución. Corresponde valorar que haya sido una jornada tranquila, con alta participación, pese a la situación sanitaria. Será positivo si contribuye a hacer retroceder la violencia y permite que la política recupere altura en un contexto en el que se requerirán amplios acuerdos. Es evidente que la votación del 25 de octubre tuvo un alto valor simbólico pues reflejó una clara opción por los procedimientos institucionales y la paz. En este momento, recorre el país un sentimiento de buena voluntad. Esperemos que dure y que nos ayude.

¿Qué viene ahora respecto del proceso constituyente? No mucho en términos prácticos, y está pendiente el asunto medular: cuáles serán los contenidos de la nueva Constitución y en qué forma funcionará la convención que se elegirá en abril. Se trata de un proceso largo, cuyos resultados no se conocerán durante el actual gobierno.

Se creará un escenario inédito. La convención constitucional empezará a funcionar probablemente en mayo del próximo año, y sus deliberaciones sobre las bases del Estado de Derecho tendrán como observador al Congreso Nacional. Es cierto que el diseño del proceso estuvo en manos de los parlamentarios, y que los partidos a los que ellos pertenecen serán, al fin y al cabo, los que llevarán la convención hacia uno u otro lado, pero lo concreto es que las resoluciones de la convención pasarán por el lado del Congreso.

La campaña para elegir diputados, senadores y presidente de la República en el marco de la actual Constitución se desplegará en el mismo momento en que la convención estará discutiendo el cambio de las reglas. Es más, el plebiscito de salida sobre la Constitución de reemplazo se realizará cuando esté iniciando su gestión un nuevo Mandatario, a quien, si el plebiscito de salida refrenda el nuevo texto, solo le quedaría poner su firma y promulgarlo. Hay un conflicto en potencia frente al cual los líderes políticos no pueden hacerse los desentendidos. El artículo 138 de la Constitución, relativo a las normas transitorias que dieron la partida al proceso constituyente, dice lo siguiente: “La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones”.

Son muchos los interrogantes sobre el futuro. Pero una cosa es clara: el país no podrá progresar en condiciones democráticas si quienes gobiernan o quienes se ubican en la oposición optan por cavar trincheras y pierden de vista el interés colectivo. Somos una nación y seguiremos siéndolo. Tenemos que vivir juntos y respetar las reglas pactadas. Para avanzar hacia sociedad más justa, con menos desigualdad, con mayor cohesión, no sirven los atajos voluntaristas. Solo podremos construir un orden más humano si favorecemos el encuentro, el diálogo y los acuerdos en el marco del régimen democrático.

En los próximos meses, será necesario un enorme esfuerzo de racionalidad y generosidad voluntad de todos los sectores con vistas a contrarrestar las dificultades actuales y establecer bases de cooperación para reanimar la economía, alentar la inversión, crear puestos de trabajo, reforzar el sistema sanitario, amortiguar el daño causado por la paralización de la actividad educacional en miles de niños y jóvenes, en fin, levantar el país para que vuelva a progresar.

La condición para sanar las instituciones enfermas es el mejoramiento del régimen democrático que les da sustento. Eso obliga a pensar en la modernización del Estado, con vistas a que sirva mejor a las necesidades de hoy. Es una tarea que enfrenta no pocas dificultades, incluidas las que se derivan de los intereses creados en el aparato público.

La tarea de mejorar la democracia no se reduce ciertamente a la redacción de un texto constitucional, aunque este puede contribuir a ello. Ningún texto obra milagros. Lo esencial es el empeño en favor de la regeneración de los principios de la vida en libertad, de la cultura que hace posible el pluralismo y la tolerancia, de la responsabilidad cívica, que necesita apoyarse en el principio de que los derechos deben ir de la mano de los deberes.

Se requiere que todas las fuerzas políticas ayuden a sostener el edificio institucional, lo cual implica poner límites a la competencia por el poder, de manera de no desatar una dinámica destructiva. La democracia no se defiende sola, y puede debilitarse hasta un punto crítico, y sucumbir incluso, si no hay suficientes demócratas dispuestos a defender las normas, los procedimientos y los límites que la hacen posible.

Es indispensable articular los cambios y la continuidad. Ello supone explicar a las nuevas generaciones que el país es el resultado del esfuerzo de muchas generaciones, y que el reto es mejorar lo que tenemos. Sí, hay muchas cosas que necesitamos cambiar, pero también muchas que es indispensable conservar.

Tenemos una oportunidad como país, pero la base de todo es reforzar el régimen democrático. La experiencia vivida este año confirma que la involución político-institucional puede estar a la vuelta de la esquina. Esperemos que el proceso constituyente pueda llegar a buen puerto. Es esencial que todos los sectores, todas las entidades de la sociedad civil levanten la voz y den su opinión sobre el futuro. También la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, que puede contribuir a reivindicar los valores que debemos sostener sin vacilaciones para que la vida en libertad sea posible. Hay que erradicar la violencia y derrotar el miedo. Chile puede salir adelante, pero nos necesita a todos.

* El texto pertenece a la exposición de Sergio Muñoz Riveros ante la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el 26 de octubre de 2020.

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