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Publicado el 01 de junio, 2020

Sergio Muñoz Riveros: Desatar el nudo político

Analista político Sergio Muñoz Riveros

El eventual acuerdo económico-social puede favorecer el despliegue de las energías del país para reactivar la economía y reforzar la protección social. Incluso puede generar una mística de reconstrucción que comprometa a la mayoría. Pero eso requiere encarar el problema de la incertidumbre constitucional y no ceder ante el chantaje de los violentos.

Sergio Muñoz Riveros Analista político
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No cuesta gran cosa hacer política sobre la base de cavar trincheras, hacer ondear la propia bandera y limitarse a dar testimonio de intransigencia ante los seguidores. Lo difícil es disponerse a contrastar puntos de vista con los que piensan distinto, dialogar honestamente y buscar coincidencias que favorezcan el interés colectivo. Si tal disposición es aconsejable en tiempos normales, se convierte en un imperativo ante una crisis como la que enfrentamos. 

Ojalá prospere el diálogo iniciado el 29 de mayo por el gobierno, la coalición oficialista y cinco partidos de oposición (DC, PS, PPD, PR y RD) con vistas a plasmar un acuerdo sobre la línea de acción contra la pandemia, las medidas de protección social y los planes para reactivar la economía. Son demasiados los motivos de inseguridad e incertidumbre, y frente a ello es indispensable el entendimiento y la acción conjunta. Algunos dirigentes opositores han expresado desconfianza respecto de las intenciones del gobierno, temiendo que intente sacar ventajas de un eventual acuerdo, pero eso se evita si todos los participantes se comprometen a actuar de buena fe. Cualquiera que intente actuar con mezquindad quedará en evidencia ante el país. Si el acuerdo se concreta y contiene claros beneficios para la población, el mérito será de todos los que concurrieron a materializarlo. 

El acuerdo debe ser realista. No están los tiempos para imaginar grandes diseños en los que se confundan las prioridades. La cuestión clave es la magnitud y la modalidad del gasto que debe hacer el Estado para cubrir las necesidades de protección social y alentar la recuperación económica. Eso está asociado a la exigencia de definir el Presupuesto de la Nación con gran rigor. Es muy valioso que el país haya sabido ahorrar para los tiempos difíciles. Llegaron esos tiempos, pero el gasto público exige responsabilidad fiscal, puesto que hay que pensar no solo en las necesidades presentes, sino también futuras. Ello implica hacer opciones, por ejemplo, la de cancelar aquellos programas estatales que se mantienen por pura inercia pese a estar mal evaluados, ya que esos recursos se van a necesitar para muchas otras cosas. El retroceso económico de Chile será de tal magnitud que Jorge Marshall, exvicepresidente del Banco Central, estima que le tomará cinco años recuperar el nivel que tenía antes de la crisis. Frente a eso, el realismo fiscal es un asunto vital para que el país pueda caminar sobre terreno firme y sin atolondramientos.

Nada será igual en los tiempos que vienen, pero hay que asegurar que el país no pierda el rumbo que lo hizo progresar como nunca antes, lo cual podría ocurrir si se extiende la idea de que el Estado debe copar el escenario e inhibir la iniciativa privada. La bancada de diputados del PC ha propuesto aplicar un impuesto al patrimonio, fórmula muy antigua y de dudoso rendimiento, que pierde de vista que las grandes fortunas pueden desplazarse sin problemas de un país a otro: sobran los paraísos fiscales. Una recaída en el estatismo, o en la hostilidad hacia la empresa privada, que es más o menos lo mismo, sería profundamente perniciosa en un momento en el que se requiere potenciar las políticas promercado y prosolidaridad que llevaron a Chile a dar un gran salto en las últimas décadas. El Estado debe tirar el carro, pero en alianza con la empresa privada. Ello debe traducirse, por ejemplo, en un ambicioso plan de inversiones públicas, que constituya un fuerte estímulo a la actividad privada y, consiguientemente, a la creación de puestos de trabajo.

Con todo, no es posible propiciar acuerdos económicos y sociales y, al mismo tiempo, esquivar el problema de la definición constitucional, que forzosamente lo condiciona todo. El país no podrá enfrentar la colosal tarea que tiene por delante en un ambiente de inestabilidad institucional, polarización política y, peor aún, rebrote de la violencia. En consecuencia, no tiene por qué avanzar hacia el plebiscito de octubre como si estuviera obligado a entrar en un túnel. Ello no corresponde a ninguna verdadera necesidad en el actual cuadro de crisis. Según la encuesta CADEM, el 50% de los consultados es partidario de postergarlo nuevamente, y el 12% prefiere cancelarlo definitivamente. En realidad, es casi inimaginable que el país realice el próximo año elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, diputados, senadores y Presidente de la República -obviamente, de acuerdo a las normas de la actual Constitución-, y que, al mismo tiempo, elija convencionales para una especie de segundo parlamento, que debería redactar una nueva Constitución… ¡en plena campaña electoral! Se trata de un camino que puede llevar al país a un atolladero político/institucional, que es lo que menos necesitamos.

Es revelador que en los debates de estos días los líderes partidarios ni siquiera mencionen el plebiscito. Es como si prefirieran no hablar de algo que se volvió incómodo, o por lo menos disfuncional para el esfuerzo que los partidos deberán realizar ante las numerosas elecciones del 2021. El problema es que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Ninguno de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre quiere ser acusado de faltar al compromiso adquirido (a muchos les da terror que La Calle les pida cuentas). El gobierno tampoco quiere cargar con el muerto. En suma, todos se dan cuenta de lo que puede pasar, pero a muchos les tiemblan las piernas ante el posible juicio del “tribunal de la Inquisición de octubre”. Se necesita coraje para romper esa trampa malsana, hecha de miedos y cálculos, para dar una salida que tenga en cuenta el interés nacional. 

El eventual acuerdo económico-social puede favorecer el despliegue de las energías del país para reactivar la economía y reforzar la protección social. Incluso puede generar una mística de reconstrucción que comprometa a la mayoría. Pero eso requiere encarar el problema de la incertidumbre constitucional y no ceder ante el chantaje de los violentos. Desatar ese nudo es una condición del fortalecimiento del régimen democrático y de la perspectiva de progreso de Chile.

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