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Publicado el 06 de junio, 2015

Sensatez para la reforma laboral

Debemos seguir en el camino de racionalizar el derecho a huelga, permitiendo que se ejerza; que haya paro, pero no paralización.
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La casuística parece estar trabajando por el bien de Chile. Lo digo puntualmente por la huelga que por estos días ha afectado a empresas de transporte de valores, Aduanas y Metro. Cuando la reforma laboral parecía avanzar a ritmo de aplanadora, ocurrió algo inesperado. Primero la crisis institucional hizo ver que tener mayoría en el Congreso no significa aprobar lo que venga. Y las paralizaciones prendieron luces rojas respecto de lo que estamos discutiendo.

La huelga de Brinks y Prosegur ha mostrado el tremendo daño –e incomodidad- que provoca una huelga de este tipo de servicio en el bolsillo de los trabajadores, en la empresa y en la población en general. De los tres, el menos afectado es la multinacional. Las molestias para nosotros, los ciudadanos, van desde cajeros sin dinero hasta negocios que no aceptan efectivo por miedo a asaltos ya que no les recaudan el dinero que la gente les paga.

A esto se sumó el paro de Aduanas, que, aunque ya terminó, significó US$30 millones perdidos en salmón, US$ 45 millones en viñas, US$100 millones en mercaderías que no llegaron a destino en tiempo, camioneros parados sin llegar a sus casas, y quizás cuántos otros daños de particulares de los que no nos enteraremos nunca.

Pensemos en una huelga en empresa privada sin reemplazo. En una pyme, cuyos problemas no salen en las noticias (a pesar de pertenecer al grupo que da el 80% del trabajo del país), los trabajadores en huelga no logran publicidad. El dueño de la pyme tiene deudas y compromisos con otros privados y como lo más probable es que esa huelga sin reemplazo no dañe a la población, nadie se entera de la quiebra y, mucho menos, de los puestos de trabajo que desaparecen.

¿Qué solución traerá la huelga sin reemplazo en la pyme común y corriente? Ninguna. Entendamos que una huelga no solo necesita fuerza, y que cuando el empleador no puede o no quiere, no cederá, no habrá encuentro entre posiciones, todos se verán perjudicados.

Pero algo estamos avanzando. El ejemplo de los efectos sobre la ciudadanía de una eventual huelga en el Metro de Santiago, que el economista Bernardo Fontaine puso sobre la mesa, hoy ha servido para replantear esa parte de la propuesta. Gracias a ello, hoy se está considerando la idea de modificar la noción original de servicios mínimos, en el sentido de que en huelga se podrán prestar servicios que sean de utilidad pública y se podrá atender las necesidades básicas de la población, donde entraría el Metro.

Perfecto. Ya no sólo se está pensando en empleados y empleadores. Hoy también estamos incluyendo a la ciudadanía. Un gran paso.

Es así como pasamos de servicios mínimos, que sólo se preocupaban de evitar daños a los bienes de la empresa, a unos que garantizan la continuidad productiva, pero sólo de algunas. ¿Cuáles? Los que tengan calidad de servicios de utilidad pública o servicios que atiendan necesidades básicas de la población.

Lamentablemente, esta idea origina un nuevo problema: todas las empresas alegarán utilidad pública y esa declaración se justificará en mayor medida dependiendo de cuán grande eres. Hay que poner atención a la conflictividad en tribunales que causará esta definición de utilidad pública, pues todos querrán declararse de utilidad pública. Si bien el caso del Metro es claro, otros no; por ejemplo, Entel, actualmente en huelga, si deja sin señal a sus clientes causa graves problemas de comunicación: ¿hay utilidad pública? Empresas de ascensores que no arreglen y dejen a muchos adultos mayores en pisos altos de edificios: ¿hay utilidad pública? Una empresa de pinturas, que quede días sin manejar sus productos químicos: ¿hay utilidad pública? ¿Cuántos ejemplos más encontraremos? Cuántos casos difusos…

El problema que continúa es que si bien la noción de utilidad pública en servicios mínimos evitará un Metro sin funcionar y así se protegerá a la ciudadanía, la reforma sigue sin proteger a las pymes. Las pymes siguen atadas a una eventual huelga sin reemplazo. ¿Cuántas veces deberemos decir que en las pymes las fuerzas entre empleador y sindicato sí son equilibradas, y que el desequilibrio está en las grandes cadenas, que son los sindicatos de grandes empresas los que necesitan más poder y no los de la pyme?

Debemos seguir en el camino de racionalizar el derecho a huelga, permitiendo que se ejerza; que haya paro, pero no paralización. Una fórmula abierta como la de servicios mínimos es sólo un germen de solución, que de quedar así, podría traer conflictividad.

 

Paola Cabezas, Abogada.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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