La convocatoria del ministro del Interior a los jefes de los dos organismos policiales a fin de mejorar la coordinación y la movilización de efectivos para el combate al delito, es una señal bienvenida de la disposición del gobierno de continuar atendiendo un problema que, en las últimas semanas, ha adquirido mayor dramatismo por el aumento de los asaltos violentos y el crecimiento, en paralelo, del temor de la población.
La alarma pública es, a la vez, una realidad en la calle y un tema forzado por los medios. Es difícil, desde hace meses, sintonizar un canal de televisión que no comience su programa de noticias con alguna acción criminal violenta. Movilizaciones sociales, debates importantes, actividades públicas, incluso los temas de corrupción que tanto irritan a la sociedad, deben ceder el primer lugar al último crimen, asalto, robo o acto de violencia irracional.
Sólo los éxitos deportivos compiten por el rating con el último delito. Y con los recientes asaltos sufridos por algunas estrellas del deporte se grafica bien algo que la mayor parte de los chilenos piensa: nadie está hoy a salvo de la acción de criminales violentos que atacan de manera inesperada en cualquier casa, cualquier calle o cualquier lugar público.
El ministro Jorge Burgos, quien se ha caracterizado desde el primer día por la sinceridad y la franqueza de sus declaraciones, agregó esta vez dos detalles que es importante recalcar: en primer lugar, no convocó a ningún cónclave o conferencia de gran notoriedad; simplemente usó una reunión habitual de coordinación policial para convocar a los Jefes de las Policías, a fin de exigirles, en ese contexto, que se coordinen mejor entre ellos y movilicen todas sus fuerzas a esta tarea, que la ciudadanía está imponiendo como una primera prioridad de la autoridad pública. Y en segundo lugar, rechazó de antemano los clásicos estereotipos a que nos tienen acostumbrados los que asisten a estos eventos con el ojo puesto en las encuestas: aquí no se trata ni de «mano dura», ni de vuelcos dramáticos en la situación, ni de condenar al bulto «puertas giratorias».
«No hay bala de plata» dijo Burgos, porque sabe muy bien que detrás de la delincuencia hay muchas historias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y exclusión social. Pero también sabe que a la autoridad a cargo de la seguridad pública no le corresponde comprender el delito, sino evitarlo y reprimirlo. No hay que hacer agujeros en el aire con el dedo, decir discursos y prometer penas del infierno; ni llorar por el triste destino del criminal. Hay que, simplemente, tomar nota de la gravedad de la situación objetiva y subjetiva y tomar decisiones prácticas.
Lo principal es que, con todos los recursos que se han invertido en años recientes, es necesario exigir que los encargados den cuenta de sus resultados. Y para eso, es preciso exigir también que las dos policías se coordinen adecuadamente, que hablen el mismo lenguaje, que no corran ambas en la misma dirección y compitan luego por la investigación y la escena del crimen.
Todos sabemos que, aunque las leyes fijan con claridad las atribuciones y funciones de cada autoridad, en el terreno se producen choques y competencias desafortunadas, que sólo pueden resolverse si los mandos tienen la voluntad de hacerlo. También sabemos que a veces las órdenes amplias de investigar dirigidas a ambas policías no ayudan a una mejor coordinación. Sin hablar de «puertas giratorias», es un hecho que un delincuente flagrante que se fue con arresto domiciliario es deprimente para quien efectuó la captura; la reincidencia nace a veces de la mala decisión de enviar a un primerizo o a un acusado al mismo lugar que los reos más peligrosos. Todo ello, incluso las explicaciones que los jueces de garantía deberían dar de sus decisiones, es materia de coordinación y buena voluntad de autoridades que no están en competencia, sino en cooperación.
En materia de resultados, ayer se dijo, a raíz de un operativo exitoso, que Carabineros ha desmantelado en los últimos meses 27 pandillas criminales. Resultados significa no solamente verificar que ello es cierto: no me cabe duda de que sí lo es. Pero la pregunta es cuántos de esos éxitos fueron seguidos por un apropiado seguimiento de las fiscalías respectivas; qué curso tuvieron las detenciones en los Tribunales de Justicia; si los ayudistas primerizos fueron a parar a la misma cárcel que los reos reincidentes; y cuántos de los policías están hoy efectivamente en la calle para lograr más resultados. En suma, perseguir resultados de cada instancia: los que detienen, los que procesan, los que condenan y los que custodian y rehabilitan (si en verdad existen).
Se requiere, es cierto, un vuelco. Pero no es en el número de policías, ni en los proyectos para aumentar penas, ni en las promesas de mano dura. Lo venimos diciendo hace años: la certeza del castigo es más importante que la dureza del castigo. Atrapar criminales es mucho más eficiente que aumentarles las penas; separar jóvenes que se inician en el delito y darles una mejor oportunidad en otros ambientes es mejor que disminuir la edad para imputarlos. Y la coordinación, el uso adecuado de los medios que tenemos y el respaldo a las policías, fiscales, jueces y gendarmes, con la contrapartida de evaluarlos por sus resultados y de entregar de manera transparente esos resultados a la opinión pública, parece ser la mejor receta de realismo con la que se puede enfrentar este problema, que la voz popular convierte en una crisis.
Jorge Burgos está a la altura de la tarea y su disposición de exigir coordinación y resultados debe ser apoyada plenamente.
José Miguel Insulza, Foro Líbero.
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