Hace unas semanas hablábamos del Tren de Aragua, de los secuestros, los homicidios. Hoy, de Héctor Llaitul, de su detención y de cómo fue que terminó saliendo la ministra de Desarrollo Social. Estamos mareados en un panorama de seguridad que últimamente suma y suma hechos a su descripción. Pero, no podemos caer en la confusión. ¿Cuántas cosas no estamos viendo por concentrarnos en los venezolanos o en el líder de la CAM?

El sistema penitenciario en distintos países de América Latina ha sido la cuna para nuevas bandas criminales. Desde dentro de sus cárceles se llevan a cabo operaciones delictuales transnacionales y el traspaso de conocimiento ha permitido a algunos perfeccionar las técnicas. No podemos seguir creyendo que esta es una realidad lejana. Desde el año pasado que Gendarmería advertía de bandas dentro de las cárceles chilenas. La llegada de criminales extranjeros a esos recintos sólo viene a incorporar elementos nuevos a un panorama que se desarrolla desde hace un tiempo en nuestros centros penitenciarios. 

De eso es lo que tenemos que estar hablando en materia de seguridad, de todo lo que no vemos y de dónde podrían nacer los nuevos poderes del crimen en Chile. Para eso debemos empezar por asumir que la conversación sobre violencia urbana debe darse al margen de las ideologías políticas. Es un diálogo que no puede caer en la confusión de la contingencia, pues sólo las instituciones permanentes son las llamadas a combatir la nueva criminalidad que llegó a Chile. Sólo así se podrá avanzar en modernizar un sistema que urge actualizar, especialmente en el contexto criminal de hoy. 

Quedan ocho días para el plebiscito. Debemos votar por el marco general que definirá nuestro camino, un camino que sin seguridad no podremos andar y que sin duda no es iluminado por el texto propuesto. Sin concepto de orden público, autorizando a fiscales a emitir instrucciones directas a policías, pero definiendo al presidente como conductor de la política de seguridad e indicando que las comunas autónomas podrán decidir sobre la seguridad ciudadana, el documento sólo suma más confusión al panorama general. Confusión que sólo le sirve al crimen, pues verá en ella la oportunidad de instalarse en un país abierto al mundo, con una amplia infraestructura portuaria y donde lo político a mareado la verdadera conversación sobre seguridad. 

No es que no tengamos que hablar de modernización, hay que hacerlo, sobre todo con el nuevo escenario. Pero hablemos en serio, hablemos de lo que nos falta, hablemos, por ejemplo, de la importancia de la inteligencia policial y la estandarización de bases de datos para la investigación del delito, del rol del poder legislativo en el desarrollo de leyes que faciliten la persecución y dificulten el accionar del crimen, y de una Justicia que, como decía Aristóteles, entregue a cada quien lo suyo y le diga fuerte y claro a todos aquellos criminales que puedan estar viendo en Chile una oportunidad que acá la cosa no es tan sencilla. 

Tengamos por fin la conversación que necesitamos. ¡Si no es ahora, después va a ser muy tarde!

*Pilar Lizana, Athena Lab. Experta en seguridad, narcotráfico y defensa.

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