El lunes 4 de julio se entregó al presidente el texto definitivo de la nueva Constitución. Desde ese día se ha desarrollado un intenso debate sobre el documento. Sistema político, de justicia y pueblos originarios han sido algunos de los aspectos más comentados. Sin embargo, poco se ha escuchado si esa propuesta entrega aportes concretos para responder a uno de los temas prioritarios para los chilenos: la seguridad. A priori, pareciera que confunde en vez de despejar dudas. 

Como país nos encontramos en un momento crítico en esta materia. Tráfico de armas, de personas, atentados en el sur, aumento de homicidios en el norte, narcotráfico y la instalación de brazos operativos de grandes carteles internacionales plantean un escenario donde el aumento de los hechos violentos podría ser indicativo de que Chile se encuentra en un momento de disputa de poder entre bandas locales y extranjeras, evidenciando la penetración que la criminalidad internacional está teniendo en el país. 

El gobierno ha realizado esfuerzos proponiendo un Estado de Emergencia en la macrozona sur, legislación para combatir el crimen organizado y mesas de trabajo con líderes de gobiernos locales. Sin embargo, pareciera que todos estos esfuerzos no tienen mucha cabida en la nueva idea de país propuesta por la Convención Constitucional. 

Si hay una materia que requiere unidad, acuerdo y disposición para usar todas las herramientas de poder es la seguridad. Claridad en la acción es la clave para el éxito. Sin ella, el delito tiene las oportunidades para avanzar. Es en la confusión donde el crimen consolida su poder, sobre todo, cuando las instituciones se perciben como débiles y el poder político, como no alineado. Justamente lo que se observa hoy.

En ese sentido, la idea de plurinacionalidad y territorios autónomos plantea un escenario complejo para la unidad que se requiere en el combate contra el crimen. Tener que consultar previamente a pueblos indígenas sobre medidas administrativas y legislación que los afecte podría tener un impacto importante en las medidas de seguridad adoptadas, pues la acción nacional podría ser vetada. Por ejemplo, ¿qué pasaría en un Estado de Emergencia como el que tenemos hoy? Si bien se menciona la unidad en el texto, pareciera no ser tan evidente, lo que ya se ha observado en el debate público que ha generado la propuesta.

Claridad, otro aspecto fundamental. De acuerdo con la nueva Constitución, al presidente le corresponde la conducción de la seguridad pública, sin embargo, el Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las policías. Entonces ¿quién conduce? La claridad se empieza a hacer borrosa, abriéndose espacios que podrían aprovechar otros. 

La transversalidad tampoco queda clara. En materias de Estado no puede haber sesgos ideológicos que dificulten su desarrollo. En este caso, parecieran ser evidentes. 

Finalmente, en las 170 páginas que tiene el texto, sólo se menciona la seguridad 17 veces, y de ellas solamente 8 corresponden a la seguridad pública o del Estado. Así, un texto que dice ser la casa de todos no le da la importancia a una materia que sí es preocupación de la mayoría. 

*Pilar Lizana, Athena Lab. Experta en seguridad, narcotráfico y defensa.

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