Hace justo un año, en el Congreso partía la discusión de la reforma tributaria, la primera promesa emblemática de la Presidenta Bachelet.
Para atajar las dudas que desde el primer día comenzaron a sembrarse sobre los efectos de un alza de impuestos de magnitud, el gobierno repetía sus mantras disciplinada y persistentemente: el alza de impuestos lo pagaría el 1% más rico y no la clase media; no afectaría el crecimiento económico, como amenazaban “los poderosos de siempre”; y permitiría financiar la reforma educacional, para que la educación fuera “un derecho y no un bien de consumo”.
Por esos días La Moneda estrenaba, además, la versión audiovisual de la retroexcavadora, un video que, a punta de juicios de valor y en un lenguaje tan sectario que lograba amedrentar hasta al más optimista, defendía el alza de impuestos. Cuando uno lo mira, un año después, cuesta entender cómo aún sigue online en la página oficial del Gobierno de Chile y cómo el equipo político pudo andar tan perdido.
Al mismo tiempo comenzaban a tramitarse los primeros proyectos de la reforma educacional: uno para intervenir colegios o universidades con riesgo de supervivencia, otro para prohibir el lucro, el copago y la selección y un tercero que creaba la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Cuando se les preguntaba a los ministros de Hacienda y Educación en qué se gastaría exactamente lo que iba a recaudar la reforma tributaria y cuánto costaba la reforma educacional que venía prometiéndose a los chilenos desde la campaña presidencial, las reacciones variaban. O la irritación, porque se ponía en duda la facultad todopoderosa que exige fe ciega en el Estado, que es el que sabe cómo, cuándo y en qué gastar la plata que exige vía impuestos a los ciudadanos; o la confusión, como cuando el ministro Eyzaguirre dijo en una comisión del Senado que el informe de financiamiento que se adjuntaba al proyecto que prohíbe el lucro –y que estimaba un costo de cinco mil millones de dólares- era “una fantasía” y que por “responsabilidad” el cálculo que se hacía era para “el peor escenario”.
Finalmente se aprobaron ambas reformas, el gobierno celebró con bombos y platillos y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, en una escena que se ha hecho ya una tradición para ellos, se abrazaron en medio de consignas y jubilosos saltos.
Lo que nadie sospechó es que, a poco más de seis meses de haberse promulgado y a tres años de que esté totalmente en régimen (2018), la plata de la reforma tributaria parece haberse acabado. Sí, la misma reforma que según el famoso video de La Moneda permitiría “una educación pública de calidad y gratuidad y también tener una mejor salud pública, más y mejores hospitales, más especialistas, más ambulancias y mayor acceso a medicamentos” y “más acceso a la cultura, al deporte, a un medio ambiente limpio y también a mejores pensiones”.
El primer campanazo de alerta ya sonó la semana pasada: los mayores recursos que el Estado recaudará por el alza de impuestos ya están comprometidos, no dan para la gratuidad universitaria e incluso tampoco podrán dar para pagar el resto de la reforma educacional.
Como no es tan fácil para un gobierno llegar y explicarle a la ciudadanía que no cumplirá con la promesa presidencial estrella –menos aún para el actual, que se arroga la capacidad de interpretar los sueños más sentidos de los chilenos-, el Ministerio de Educación está en modo “creatividad” y evalúa, entre otras fórmulas, un impuesto a los profesionales “con más altas remuneraciones”.
Si las telenovelas se quedan cortas con la vida real, las proyecciones de los “opinólogos” son siempre más conservadoras que la política de verdad. Así que no se extrañe usted que, finalmente, se anuncie una nueva reforma tributaria, como ya insinuaron algunos parlamentarios oficialistas el fin de semana pasado.
Extraña que pasados ya varios días de esa primera campanada de alerta, la Presidenta Bachelet aún no le explique a los chilenos, en particular a sus electores, por qué razón prometió una reforma educacional que iba a pagarse con una reforma tributaria, sin antes hacer un cálculo tan obvio: cuánto costaba la promesa y cómo iba a financiarse.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO