Hemos visto durante todo el funcionamiento de la Convención Constitucional que la principal inspiración de la gran mayoría de los convencionales ha sido la refundación de todo nuestro sistema institucional. Como si existiera la necesidad de cambiarlo todo, como si todo hubiese estado mal y nada de los 200 años de nuestra República hubiera funcionado bien, desconociendo nuestra historia y los aciertos que han permitido que hayamos alcanzado el grado de desarrollo que actualmente tenemos. Sin embargo, somos producto de una historia, misma historia que algunos buscan borrar y comenzar desde cero, desde una hoja en blanco.

Lo anterior queda de manifiesto al revisar el contenido de los más de 150 artículos ya aprobados en el borrador de la eventual Nueva Constitución: eliminación del Senado, creación de un Estado Regional con autonomías y autogobiernos que parecieran particionar el Estado en numerosos subestados con amplias atribuciones, fraccionamiento de la identidad nacional en diversas identidades nacionales mediante el reconocimiento de la plurinacionalidad, reformas sustanciales al poder judicial y los gobiernos regionales, etc. Es decir, todo estaba malo y por lo tanto todo debe ser reformulado, no reformado ni mejorado, sino que simplemente borrado y vuelto a diseñar.

¿Es razonable la dirección que está tomando el trabajo de la Convención? El sentido común y, lo más importante, la realidad, nos dicen lo contrario, razón por la cual urge que los convencionales escuchen las diversas voces que transversalmente piden enmendar su rumbo. Si somos optimistas podemos pensar que lo ya aprobado puede ser corregido por las normas que aún faltan por admitir, mejorando su sentido y llenando el espíritu de las normas constitucionales con sensatez y mesura.

Para lo anterior, es esencial el control social que la ciudadanía realiza mediante el levantamiento de alertas sobre ciertas materias y, por lo mismo, resulta extraño ver que la Convención Constitucional critique tan ácidamente que la ciudadanía advierta con fuerza los riesgos sobre la discusión de ciertas temáticas, pues justamente ese control social sirve para orientar la discusión en el pleno. Es cierto que muchas de las iniciativas que se aprueban en las comisiones se rechazan en el pleno, pero ¿sería lo mismo si es que la ciudadanía no levantara estas alertas con entusiasmo? 

El trabajo de la Convención no ha generado orgullo ni tampoco esperanza, como esperaban millones de chilenos, sino que, todo lo contrario, ha generado preocupación y decepción. Si las cosas siguen como están, el resultado no será una buena Constitución y nace la disyuntiva democrática de discernir qué será mejor: aprobar una Constitución desastrosa o rechazarla y explorar otra vía institucional para cumplir de buena forma con el mandato del 80% de la ciudadanía conferido en el plebiscito de entrada. Lo cierto es que la gran mayoría de los chilenos queremos una nueva Constitución, pero no cualquier Constitución.

*Iván Cheuquelaf es abogado.

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